En el poema “Buenos Aires”, Borges decía de su ciudad que “No nos une el amor sino el espanto” y una vez más podría decirse lo mismo y remanidamente, esta vez, sobre la reunión de gobernadores de todos los signos políticos para reclamarle a Nación por más recursos. Es que las arcas comienzan a crujir y la alarmante caída de la recaudación de impuestos coparticipables -del 23 por ciento en mayo- encendió todas las alarmas.
Al imponerse el contexto de crisis los gobernadores elevaron la temperatura del reclamo uniéndose en una foto en la que sólo faltó Gustavo Valdez, de Corrientes. Pidieron que se restituyan los fondos nacionales que les corresponden por el impuesto a los combustibles líquidos y que debe destinarse al mantenimiento de rutas que el gobierno nacional cortó hace un año y medio. También que se repartan los fondos destinados a ATN (aunque Córdoba es una de las seis provincias que no recibió un peso en ese concepto).
La reunión se repitió ayer a escasas siete cuadras de la Casa Rosada, donde los gobernadores escucharon una propuesta que les llevó el vicejefe del Gabinete de Ministros, Lisandro Catalán. Allí les explicó que los números de mayo no representan un cambio estructural en la recaudación y les ofreció una contrapropuesta que deberán responder en los próximos días.
Pero tal vez la respuesta de tinte político más clara la pronunció este lunes Guillermo Francos en el almuerzo de la Fundación Mediterránea en Salsipuedes: “no hay ninguna posibilidad de que el presidente Milei y el ministro Caputo cedan en el superávit fiscal. Ninguna”, repitió para ser enfático. El gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo fue el encargado de mandar el mensaje político más claro de los mandatarios provinciales. “No van a poder gobernar sin los gobernadores”, lanzó. No fue Kicillof, sino el más fiel aliado de la gestión nacional y que integra el grupo de los dialoguistas.
Se acerca el debate por jubilaciones y discapacidad, se enfría el de los fondos universitarios
Esta semana será clave para el gobierno lo que suceda en el Senado donde la mirada estará puesta en ver que hará Alejandra Vigo y el cordobesismo ante los proyectos que tienen media sanción en Diputados y que estipulan un aumento en las jubilaciones y la restauración de la moratoria previsional. También resultará clave el voto de Luis Juez ante el proyecto de reponer las ayudas por discapacidad ya que se enfrenta a la doble condición de aliado incondicional de Milei y padre de una hija con discapacidad.
También en la Cámara Baja se esperan novedades para los próximos días en relación al financiamiento universitario que los rectores quieren que se trate antes de las elecciones de medio término. Por eso las autoridades de las universidades públicas con sede en Córdoba invitaron a los legisladores nacionales a participar de una reunión donde además estuvieron los gremios docentes y no docentes. De los 21 representantes sólo concurrieron seis: Pablo Carro y Gabriela Estévez de Unión por la Patria, el cordobesista Carlos Gutiérrez, Natalia de la Sota y las radicales Soledad Carrizo y Gabriela Brower de Koning.
No sorprendió la ausencia de Luis Picat (vital para el veto presidencial del año pasado) pero sí la de Rodrigo de Loredo (aunque dijo que tenía una reunión con gobernadores de la UCR en Buenos Aires) y el faltazo de Luis Juez, que dijo que nunca recibió la invitación. Si los rectores quieren impulsar una ley comprometiendo a los legisladores de cada provincia podría decirse que en Córdoba la cosecha de voluntades se anticipa que será pobre.
Entre condenas y absoluciones, la sentencia del Neonatal deja heridas abiertas
El juicio por la muerte de cinco bebés y ataques a otros ocho en el Hospital Materno Neonatal dejó un saldo que los protagonistas consideran dispar. Las familias creen que el ex ministro de salud Diego Cardozo debió ser condenado y que la responsabilidad política del caso no recayera sólo en el viceministro de aquel entonces Pablo Carvajal.
En la sentencia se reconoció la existencia de violencia institucional y por eso se hizo lugar a la demanda civil entablada por las familias, aunque en montos muy inferiores a los que fueron solicitados en los alegatos. De los 3.300 millones de pesos, el veredicto sólo hizo mención a 507 millones y excluyó como responsables civiles a los ex funcionarios.
La condena a Brenda Agüero como la autora material de los crímenes fue por mayoría y según trascendió, el voto de los jurados populares habría sido un empate que se resolvió con el voto condenatorio de los jueces técnicos José Cesano y Laura Hubermann. Pero se deberán esperar los fundamentos de la Cámara Séptima para ver cómo se conformaron las mayorías efectivamente y si las consideraciones de los magistrados dejan lugar a las apelaciones que las partes han anticipado.
Sin embargo, una de las síntesis críticas del fallo la hizo Soledad Laciar, la mamá de Blas Correas, quien acompañó a las madres de los bebés: “Raro… Violencia Institucional pero el ministro absuelto. Me recuerda a algo…” escribió en su cuenta de la red social X en una comparación con el caso de su hijo, asesinado por balazos policiales y que tampoco tuvo al ministro de seguridad de aquel entonces responsabilizado por los hechos.
