Pelea de dos pesos pesados
El concejal Gustavo Pedrocca fue el oficialista que embretó a Passerini y lo obligó a Ricardo Moreno a renunciar. Frente a una escalada que casi fractura al bloque intervino un mensajero directo de El Panal que fue bastante convincente con el cuestionado abogado penalista.
Sin embargo, la familia de Pedrocca comenzó a advertir movimientos extraños. Un auto se estacionó largas horas frente a la casa del novio de una de las hijas del titular de Suvico. Cuando los vecinos le preguntaron qué hacía, les dijo que era un Uber y se marchó sin pasajeros. También en las redes de la familia advirtió movimientos extraños que terminaron con una amenaza por Instagram.
Pedrocca maneja el gremio de los vigiladores privados y está en el rubro seguridad. «Si tiene miedo él, ¿qué queda para los demás compañeros?», se preguntaba un militante del PJ que reclamaba una actitud más vehemente del gobernador.
Pasaron 48 horas para que le designen un fiscal a su denuncia, a pesar de estar asesorado por José D’Antona, que es un abogado de alto perfil. Tuvo que poner custodios privados a sus hijos hasta que la policía le asignó dos comisarios para esa tarea. Incluso, elevó el perfil del caso saliendo en vivo en los canales de Buenos Aires. «O Martín se toma en serio la crisis, o no la detiene más. Tiene que mostrar quién conduce o lo van a manejar a él», dijo el mismo militante.
Daños colaterales
Las esquirlas del caso Barrellier exceden las derivaciones judiciales y hasta llegaron a reconfigurar al bloque oficialista del Concejo Deliberante. La renuncia de Moreno costó un secretario del gabinete de Passerini, una denuncia pública del edil Gustavo Pedrocca y un revuelo de seguridad por supuestas amenazas del abogado penalista Ricardo Moreno.
El intendente tuvo que pedir varias renuncias también en el área de movilidad y ya desvinculó a cuatro funcionarios que revistaban en la Escuela de Tránsito. La pregunta de muchos dentro del municipio fue por qué entre los renunciados estaban los que alertaron sobre el becario Barrellier y sus injustificadas inasistencias el año pasado cuando estuvo preso por privación ilegítima de la libertad. “Hubo un subdirector que hizo referencia a la irregularidad en un grupo de WhatsApp, pero no en el sitio oficial Siged, de donde se pueden enviar notas y dejar constancias oficiales con trazabilidad”, aseguró un funcionario. Lo que parece un detalle menor, no lo es para un funcionario público que tiene obligaciones derivadas de su cargo. «Yo creo que se quisieron preservar porque sabían que el becario tenía una banca muy fuerte de un político pesado, y por eso se quedaron a la mitad de camino», comentó el mismo funcionario de alto rango dentro de la municipalidad.
Una reunión y el pedido de cerrar el caso
El domingo posterior al hallazgo del cuerpo de Agostina el gobernador recibió en el Panal a la familia. Por un lado, a los abuelos maternos de la víctima junto al abogado Carlos Nayi. Por el otro, al papá de la niña asesinada junto a sus querellantes.
La reconstrucción de la escena habla bastante de la dimensión que Martín Llaryora le dio al caso que conmocionó al país.
Junto al mandatario solo estaban los ministros Juan Pablo Quinteros de Seguridad y Julián López de Justicia. Antes de ingresar al despacho, los visitantes debieron dejar sus teléfonos móviles sobre el escritorio de la secretaria.
Con matices entre ambas reuniones, el gobernador les dio el pésame por la terrible noticia que afrontaron y empezó a enumerar todos los recursos que el Estado puso a disposición para buscar a la adolescente (efectivos, helicóptero, equipos especiales, camionetas y drones), remarcándoles varias veces que el caso ya estaba resuelto. Incluso comenzó a hablar de otros chicos desaparecidos y del rumbo de aquellas investigaciones. «Por momentos se lo notaba confundido, se le mezclaban los datos y los lugares, tal vez estaba cansado por el alcance del caso y demasiado urgido de dar por cerrado el tema, algo que repitió varias veces» dijo un testigo del encuentro.
