Los números son dramáticos y reflejan con total crudeza el drama social que hoy se vive en nuestro país. Se dieron a conocer el viernes pasado, cuando el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) publicó las nuevas cifras de la pobreza en Argentina. Los datos corresponden a los dos primeros meses del gobierno de Javier Milei e indican que la pobreza alcanzó en enero al 57,4% de la población, según la última estimación efectuada por el propio Observatorio, que es el centro de estudios privado especializado en la medición de indicadores sociales más prestigioso del país.
Proyectado a nivel nacional, esto implica que en la actualidad casi 27 millones de personas son pobres, de los cuales siete millones directamente estarían sumergidos en la indigencia. Es decir, que en este acotado lapso de tiempo se sumaron más de tres millones de argentinos a las filas de la pobreza. Estos datos están incluidos en el informe titulado: “Estimación de los efectos del impacto inflacionario post devaluatorio. Escenario a diciembre 2023 y enero 2024”, y son los más altos de la serie iniciada por la UCA en el año 2004.
Del informe se colige la existencia de un deterioro socioeconómico récord. Es evidente que la depreciación del valor de la moneda y la escalada sin frenos de los precios de todos los bienes y servicios, en especial de los alimentos que integran la canasta básica, han afectado severamente la capacidad de compra de los sectores medios, que en apenas dos meses han pasado a engrosar las dramáticas cifras de la pobreza. De este modo, el nivel de pobreza subió del 44,7% registrado en el tercer trimestre de 2023 al 49,5% en diciembre del mismo año, y al 57,4% ahora. Ya era por demás elevado cuando se acercaba al 45% de la población, como lo advertimos oportunamente en estas columnas, y ahora se sumaron casi 13 puntos porcentuales más, lo que equivale a un salto abrupto que no registra antecedentes en nuestra historia.
A su vez, el Observatorio Social estima que la población en situación de indigencia pasó del 9,6% en el tercer trimestre del año pasado al 14,2% en diciembre, y al 15% en enero: un incremento de más de cinco puntos porcentuales, lo que refleja la profundidad de la tragedia en la que se hallan hoy sumergidos millones de argentinos que ni siquiera alcanzan a tener una alimentación diaria mínimamente digna.
Es imposible desvincular este proceso de empobrecimiento general que sufre la población con el crecimiento desenfrenado de la inflación, que tuvo su pico máximo (por ahora) en diciembre, cuando trepó al 25,5% según datos oficiales publicados por el INDEC: la inflación más alta a nivel mundial (superando incluso a países como Venezuela, Turquía y Sudán).
Las proyecciones se realizaron ajustando los ingresos (laborales y no laborales) del tercer trimestre de 2023 en función de las variaciones reales que experimentaron los salarios y las modificaciones en los programas de ayuda y transferencias monetarias. Por otra parte, las canastas de consumo (CBA y CBT) se actualizaron de acuerdo a las variaciones de los valores correspondientes al incremento de las mismas (INDEC).
En efecto, en enero la canasta de pobreza para una persona adulta fue de $ 193.146, en tanto que para una familia tipo ascendió a $ 596.823 (sin considerar el valor del alquiler). En otras palabras, para no caer en la pobreza una familia tipo (dos adultos y dos menores) debe contar al menos con ingresos equivalentes a $ 600.000 mensuales. Esto ha determinado que muchos trabajadores, tanto informales como registrados, se encuentren por debajo del umbral que mide la pobreza. Es decir que, lamentablemente, el trabajo ya no garantiza una vida digna en Argentina.
Para colmo de males, la mayoría de los analistas coincide en destacar que estos indicadores sociales, que se deterioran día a día, tenderán a agravarse en los próximos meses, porque en febrero las jubilaciones y pensiones se mantuvieron sin cambios con relación a diciembre y enero; no hubo hasta el momento actualización del salario mínimo, vital y móvil; los aumentos salariales alcanzan a muy pocos sectores y se ubican todos por debajo de la inflación; y finalmente, se agravó la caída de la actividad económica (que cayó cerca del 30%), lo que terminará impactando en los niveles de empleo y ocupación.
A todo lo anterior deberán agregarse los salvajes aumentos en las tarifas del trasporte de pasajeros (en Córdoba aumentó 105% el colectivo) y demás servicios públicos (entre ellos, energía eléctrica y gas), como consecuencia de la drástica reducción y/o eliminación de los subsidios que dispuso el Gobierno, sin reparar que ello influirá en el índice de inflación a partir de febrero. Nadie espera, en este contexto, que la pobreza vaya a interrumpir su tendencia alcista a la brevedad.
La historia de esta verdadera tragedia social argentina comenzó hace ya varios lustros, pero en los últimos meses ha adquirido una aceleración que es sumamente alarmante. La Argentina no soporta más estos niveles de empobrecimiento: su tejido social está a punto de quebrarse. Esta situación debería interpelar a todos, principiando por las máximas autoridades federales, que por ahora -frente a esta delicada problemática- han decidido mirar hacia otro costado.
