Mientras la situación económica de muchos sectores empeora día a día, el gobierno mantiene un disminuido pero apreciable apoyo popular. Los diagnósticos cualitativos señalan que a los militantes con creencias de identidad o pertenencia se suman los que rechazan el gobierno anterior con creencias basadas en la propia experiencia directa, la reflexión o la interpretación personal de los eventos, y los que aún abrigan esperanzas de que la situación mejore.
Respecto a éstos últimos, que constituirían un 10% o 15% de los votantes, se destacan varios sectores, cuya realidad personal o sectorial se contradice con esa creencia. Las creencias son un estado mental y una actitud subjetiva en la que una persona considera que algo es verdadero, real o probable. Por lo que esta nota pretende revelar hechos incontrastables que podrían modificarla y/o confirmarla.
En el sector agropecuario, la creencia parece estar asociada a las experiencias previas, que desde 2008 con la resolución 125 los confrontaron con los gobiernos peronistas, a pesar que en el período posterior obtuvieron un importante desarrollo pero sosteniendo un esquema de retenciones y cupos de exportación que limitaron su rentabilidad.
Por otra parte, en el actual gobierno, a pesar de las promesas de eliminar las retenciones, éstas se mantienen mientras aumentaron sustancialmente sus insumos en dólares –semillas, agroquímicos, fertilizantes y combustibles-, por la sobrevaloración del peso que aumenta sus costos.
Coninagro (Confederación Intercooperativa Agropecuaria) en su semáforo de 19 economías regionales de agosto 2026 pone a 9 de ellas en situación crítica como vitivinicultura, yerba mate, arroz, algodón, lechería y hortalizas; 5 en alerta o estable y 5 en crecimiento o buena situación, entre las que se destacan bovinos, ovinos, granos, miel y papa, no obstante lo cual por las importaciones están en crisis las industrias de equipamiento y procesadoras de granos (aceites vegetales, biocombustibles) por la exportación de materias primas sin procesar.
Las preguntas que caben entonces son dos: 1) ¿Pueden los opositores diseñar una política capaz de desarrollar la cadena de valor –equipamiento, insumos, producción, industrialización y comercialización- del sector?
2) ¿Es posible creer las promesas del gobierno de eliminar retenciones o disminuir los costos si se otorgan enormes beneficios fiscales, cambiarios y de comercio exterior a las actividades productoras de combustibles, agroquímicos y fertilizantes a través del RIGI, mientras se necesita recaudar tributos y obtener dólares para el pago de las deudas soberanas asumidas?
En la construcción, la eliminación de la inversión pública nacional que se compensa parcialmente con obras de las provincias centrales y el aumento de los costos de construcción privada que se compensa parcialmente con obras civiles en los sectores de gas, petróleo y minería muestran que su empleo formal se ha reducido de 464.738 en marzo del 2023 a los 340 mil actuales, o sea unos 124 mil y 34% menos.
A eso se agregan todas las obras privadas pequeñas que trabajan con empleo informal cuya actividad se encuentra casi totalmente detenida, lo que se convalida con las cifras de envíos al mercado de cemento y hierro de construcción.
Las preguntas que caben son similares al sector agropecuario: 1) ¿Puede la oposición recuperar la construcción pública mientras deben pagar costos financieros por sus deudas soberanas, y la construcción privada grande o pequeña?
2) ¿Puede el gobierno hacer inversión pública –viales, infraestructura de servicios, de puertos, logísticas, etc.- mientras se centra en disminuir los gastos para obtener superávits primarios y mientras aumenta sus costos financieros (según el FMI, no contabilizados) y retiene el impuesto a los combustibles que debiera asignarse a ese fin específico?
3) ¿Puede el gobierno promover la construcción privada grande y pequeña, con costos financieros y de insumos altísimos, para una población con ingresos disponibles cada vez más pequeños, alto endeudamiento y mora, que compite con las necesidades de financiamiento del Estado?
En el comercio, un 39,8% del producto bruto geográfico (PBG) y una reducción de 152.000 puestos de trabajo registrados en el país entre nov/23 y Jul/26, que obviamente no computa la destrucción de empleo familiar o informal.
El cierre de comercios, la evidencia de locales vacíos, con una disminución de la facturación parcialmente compensada por ventas no registradas, venta digital por Marketplace, importaciones vía Courier o de plataformas internacionales que obviamente importan trabajo extranjero, muestran la situación actual.
La pregunta que cabe es: ¿Pueden el gobierno y la oposición aumentar su actividad, sin aumentar el ingreso disponible de la población, que no incluye los gastos fijos como alquileres, expensas, tarifas de servicios públicos, prepagas de salud y educación privada cuyas tarifas se han liberado por el DNU 70/23, mientras aumentan las deudas y mora de las familias y empresas?
Todo en un marco de libre importación, altos costos en dólares y una permanente formación de activos externos (fuga de divisas) por la que el BCRA informa que sus reservas netas –restando de las existencias totales, las deudas en divisas o depósitos en dólares- son negativas en unos 6.000 millones, mientras se acercan vencimientos que no podrán renovar por el aumento del riesgo país.
La respuesta a las preguntas formuladas solo pueden ser positivas si el gobierno cambia rotundamente lo que afirma el presidente respecto de su plan de gobierno, revelado en el presupuesto 2027 y la oposición nos anticipara cómo piensa modificar el actual estado de cosas, que obviamente no será fácil ni rápido.
Como se ha dicho al inicio, creer o no creer es muy subjetivo, no obstante no implica desconocer la realidad sectorial, empresaria, de las familias e individuos, por lo que los datos suministrados debieran iluminar a quienes tienen la dicha de aún dudar.
