Un jury con lecturas políticas
– ¡Cómo no los iban a destituir si hasta habían nombrado a fiscales sustitutos!
La caída en desgracia de los ex fiscales del Caso Dalmasso estaba escrita de antemano. Con el correr de las audiencias se hablaba en los pasillos de la Unicameral sobre los movimientos previos que preanunciaban el contundente mensaje que los tres poderes enviaron hacia el seno de la Justicia de Córdoba.
A principios de año se designaron como fiscales coadyuvantes a Luciano Rodriguez y Jael Yanina Arias Schocrón para que sustituyeran a los que tomaban licencias. Hoy ya están a cargo de las fiscalías de Di Santo y Miralles que fueron destituidos con efecto inmediato.
“Habrá que sentarse a esperar unos días y ver de qué manera procesa el sistema judicial semejante terremoto. En 15 años el Jury sólo destituyó a dos magistrados (un juez civil y un defensor público). El caso más mediático y nacional de la Provincia no podía quedar impune porque era una mancha muy difícil de quitar para uno de los poderes con peor imagen ante la sociedad”, dijo un conocedor de los despachos de la Legislatura y los tribunales.
Caso Orihuela
El Ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros se ha subido poco a la impresionante camioneta negra a bordo de la cual recorre las comisarías, acompaña los procedimientos policiales y visita a “la tropa”. En los últimos días está con perfil inusualmente bajo porque algunos rumores señalan responsabilidades evidentes en algunos policías de la Sexta donde murió el joven Tomás Orihuela.
El fiscal Andrés Godoy sigue de cerca la información que los técnicos están extrayendo de los teléfonos de los efectivos que participaron de la detención y de los que tenían la responsabilidad de custodiarlo. Los trascendidos hablan de una “cacería” organizada para hostigar al chico de Bajo Pueyrredón aunque no aportan indicios de que haya habido intervención directa en el desenlace fatal. Todo indica, hasta ahora, que habría sido una autoagresión.
Desde el entorno de Quinteros desmienten que haya evitado a los medios y señalan que está abocado a la organización del operativo de seguridad para el superclásico entre Talleres y Belgrano en el Kempes. “Con una fuerza tan numerosa y con tanto despliegue territorial es inevitable que sucedan situaciones así. Nosotros estamos tranquilos porque no encubrimos a nadie”, dicen. Mientras tanto esperan que el fiscal anuncie alguna medida en el marco de la causa.
Incendio en la torre
Donde hay mucho revuelo y no paran de generar rumores y trascendidos es en la torre de Tribunales Federales del Parque Sarmiento. Desde que el fiscal Maximiliano Hairabedían pidió la imputación del presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Abel Sánchez Torres, su pareja Graciela Montesi y el secretario Mario Olmedo no paran de sucederse testimonios y pedidos en la causa.
La declaración de Francisco Juárez Rouviere ante el juez Alejandro Sánchez Freytes dejó al descubierto una trama de aprietes que llevaron al magistrado a ordenar medidas de protección e informar al Consejo de la Magistratura por presuntas interferencias que provendrían del principal acusado.
“Si te pido una foto de tu hermana en bolas, vos vas y me traes la foto”, así graficó Rouvier la naturaleza de los intercambios que Sánchez Torres habría mantenido con sus subalternos. La denuncia que dio origen a la causa la hizo Celina Laje Anaya quién se habría negado a hacer cambios para favorecer a los imputados en una causa.
“La situación es grave y quedó evidenciado en la declaración de Juárez Rouvier que sería el beneficiario del enroque de cargos con Laje Anaya. Lo hundió a Sánchez Torres y pidió protección porque dijo que lo llamó la noche anterior a prestar testimonio”, aseguró una fuente con acceso a la causa y agregó que “la Cámara está paralizada: dos miembros imputados y los otros dos (Eduardo Ávalos y Liliana Navarro son testigos lo que hace casi imposible avanzar con todo lo que tienen para resolver”.
