“Las instituciones universitarias nacionales son personas jurídicas de derecho público, que sólo pueden crearse por ley de la Nación, con previsión del crédito presupuestario correspondiente y en base a un estudio de factibilidad que avale la iniciativa”. Así de claro es el artículo 48 de la ley 24.521, sancionada en 1995, no sin negociaciones entre el justicialismo y el radicalismo, conducidos por Carlos S. Menem y Raúl R. Alfonsín en esos momentos.
Aquel binomio ya había concretado el “Pacto de Olivos”, base de la ley de declaración de necesidad de reforma constitucional, concretada en 1994. El nuevo artículo 75 de la Ley Fundamental, relativo a las competencias del Congreso, especificó la de legislar leyes educativas de organización y de base que consoliden la unión nacional, asegurando, entre otros altísimos valores, “los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales”, que esta norma venía a cumplimentar.
El radicalismo, en el poder entre 1983 y 1989, dictó la ley 23.068, que derogó el marco de facto (ley 22.207) y estableció la vigencia de los estatutos universitarios y un nuevo marco regulatorio para el sector. La ley 24.521 puso en marcha nuevos procedimientos, la obligatoriedad de la evaluación y la acreditación, logrando mayor dinámica en la creación de nuevos centros universitarios.
Desde entonces, se han dictado numerosas leyes de creación de nuevas universidades. Entre 1995 y 1996 se concretan tres procesos paradigmáticos: Lanús; Tres de Febrero (ambas instaladas en el conurbano bonaerense, que se suman al perfil que ya tenían San Martín, General Sarmiento y Quilmes, de la misma década, o Lomas de Zamora y Luján, ambas de inicios de la década de 1970); y, en nuestra Provincia, Villa María, que reconoce el antecedente de Río Cuarto (1971).
Si uno analiza las bases de aquellas universidades y buena parte de las que llegaron en la década siguiente, se encuentra con justificaciones técnicas con soporte sociopolítico, económico, demográfico, científico-académico, administrativo y presupuestario. La fundación de una universidad nacional en democracia pretendió ser encuadrada dentro de un proceso legal y legítimo en el cual la decisión de política pública -expresada en un acto del Congreso de la Nación- se corresponde no sólo con la detección de expectativas en torno al interés de contar en nueva universidad, sino con la real necesidad de erigirla para resolver demandas concretas.
Luego de la etapa de normalización, debe proveerse a la regularización institucional, el inicio de una vida democrática interna. Todo ello requiere planes, políticas, reglamentos y presupuesto a cargo del Estado. En lo que va del siglo, en especial en los gobiernos de Néstor y Cristina, se crearon una veintena de universidades nacionales, muchas en el Conurbano, también en el interior profundo del país. Como antes pasó con los gobiernos radicales de Yrigoyen, Alfonsín -salvo una excepción, Formosa (1988)- e Illia, en el gobierno de la Alianza tampoco se crearon nuevas Casas de Estudios públicas. Por el contrario, en 2001, el ministro de Economía, Ricardo López Murphy, ejecutó un escandaloso recorte en educación, causando la inmediata renuncia del entonces ministro del área, Hugo Juri. En el gobierno de Macri, el Congreso sólo sancionó un caso, Almirante Brown (2016).
Se pensaba que el 1 de diciembre habría acuerdo en la Cámara de Diputados para sancionar la creación de ocho nuevas universidades públicas, cinco en el GBA, una en la Ciudad de Buenos Aires, una en Paraná y otra en Río Tercero, Córdoba.
En el caso de Río Tercero, tomaron estado parlamentario dos proyectos: uno iniciado el 17 de octubre de 2022, por Gabriela Brouwer de Koning (con 7 cofirmantes radicales). Allí se fundamenta que a través de esta iniciativa “el Estado Nacional podrá finalmente otorgar una Reparación Histórica Integral” a la ciudad de Río Tercero, gravemente damnificada por las explosiones que se sucedieron en la Fábrica Militar, el 3 de noviembre de 1995, provocando siete muertos, más de 300 heridos e incuantificables daños materiales y morales. Al poco tiempo se inició otro proyecto, por los diputados Estévez, Garro y Fernández, bastante similar en articulado y argumentos.
Pero, recordando al artículo 48 de la ley 24.521, y con el mayor de los respetos por la comunidad riotercerense y por los legisladores firmantes: ¿tiene este proyecto suficiente maduración legislativa, con apenas cinco o seis semanas de tratamiento? ¿Puede limitarse el fundamento de factibilidad que exige la ley, a la reparación histórica social tras el trágico suceso de 1995? ¿Un asunto realmente puede vincularse con el otro? ¿Es razonable aportar sólo algunos datos de ubicación y referir datos censales de la década pasada a dicho efecto? ¿Sin conocerse carreras y docentes? ¿Qué puede ofrecer esta nueva universidad, que la región no tenga a pocos kilómetros o a ninguna distancia, aprovechando plataformas on line en vigencia? ¿Qué se analiza en materia de presupuesto, cuando sólo la Universidad de Villa María tendrá unos 4.000 millones para el año 2022, según información periodística?
Y lo peor fue abandonar su defensa: ni siquiera Gabriela Brouwer de Koning bajó al recinto a defenderlo. El grupo que ella integra -entre ellos el precandidato a gobernador radical, Rodrigo de Loredo- priorizó roscas totalmente ajenas al importante proyecto.
¿Podrá volverse a tratar? La sesión fue levantada por falta de quórum. La Cámara de Diputados atraviesa las peores semanas de su historia en democracia. Ni siquiera posee autoridades elegidas en forma. Dijo Brouwer de Koning que era “preferible” no dar quórum por el conflictivo contexto. También afirmó que “algunos diputados del PRO me decían que la única universidad que iban a votar era la nuestra”. Mal comienzo, pretender que la Casa de Estudios es suya. Y lograr apoyo de favor. Se entiende: en el mismo reportaje reconoce que no hay planes académicos concretos para la misma, sujetos a futuras mesas de trabajo.
Leyes educativas que consoliden la unión nacional, dice la Constitución. Pero en esta Argentina desencontrada, ya no importa prácticamente nada.
