El escándalo por el financiamiento de la campaña electoral de 2015 del presidente de la Nación, Mauricio Macri, sumó un importante capítulo durante el fin de semana, luego de que el fiscal Ramiro González solicitara al juez Ariel Lujo una batería de medidas por presuntas irregularidades. En el dictamen, el funcionario judicial pidió que se revisen las maniobras reveladas a partir de la investigación del periodista Juan Amorín en el sitio web El Destape.
González afirmó que las irregularidades consistirían en el pago a diferentes proveedores de millonarias sumas ‘en negro’ y en el desvío de recursos pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “con el objeto de afectarlos a gastos relativos con las elecciones presidenciales llevadas a cabo durante el año 2015”. Cabe remarcar que la investigación preliminar fue realizada por el fiscal electoral Jorge Di Lello, quien requirió a la jueza electoral María Romilda Servini que se investigara el financiamiento de la campaña de Cambiemos. La magistrada consideró que había material suficiente para que interviniera el fuero federal y mandó a sorteo la causa que finalmente recayó en el juzgado de Lijo.
Tanto Di Lello como González tomaron en cuenta el testimonio de Amorín. En su investigación, denominada “Peña Leaks”, el periodista tomó una serie de mails internos del equipo de Cambiemos. En los correos se hacía referencia a dinero “en negro” y a la utilización de recursos estatales. En concreto, Amorín comparó los mails y el informe de campaña presentado en la Justicia Electoral y descubrió serias inconsistencias, especialmente, en el pago a proveedores para el armado de una serie de actos de campaña. Por este motivo, González pidió informes vinculados al Gobierno y también a las empresas afectadas a la campaña electoral de Macri.
