La agenda securatista que impulsa el gobierno nacional de cara a las elecciones presidenciales de este año -y que contempla un apartado especial para los inmigrantes- sumó un nuevo capítulo ayer, tras las declaraciones de Jorge Faurie. El canciller argentino aseguró ayer que en “la historia reciente” hubo un “completo descontrol del flujo migratorio” y marcó la necesidad de ordenar la situación.
Con este objetivo, el gobierno nacional trabaja en la creación de un consejo federal para tratar de incidir en la distribución geográfica de los inmigrantes. Así lo indicaron fuentes cercanas a la Casa Rosada. No obstante, Faurie, quien habló ayer con la prensa después de una reunión de Gabinete, no se animó a dar más detalles de la iniciativa oficial.
En cambio, sí se refirió al fenómeno inmigratorio. “Es cierto que la concentración se ha dado sobre lo que se llama el Amba (Área Metropolitana de Buenos Aires), porque tiene que ver con un período en el que el mayor dinamismo de la economía se concentró sobre el Conurbano”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación. “Pero como el presidente (Mauricio Macri) acaba de señalar, en este período tenemos un dinamismo de las economías regionales muy significativo que hace que sea muy importante que poblaciones que migraron puedan reubicarse en el interior”, argumentó.
En este contexto, Faurie señaló como ejemplo la provincia de Neuquén, donde aseguró se radicaron ingenieros venezolanos. No obstante, el canciller revelar de qué se trata la iniciativa en la que trabaja la Casa Rosada, pero consideró que es un tema que compete a todos los argentinos. “A todos nos preocupa”, afirmó. “Sobre todo, la inmigración desde el punto de vista de quien comete delitos”, remarcó.
Las propuestas del Gobierno respecto de los inmigrantes no sólo están vinculadas a su locación, sino también a su deportación. “Quien comete delitos no tiene que estar en la Argentina”, afirmó al respecto Faurie. Cabe recordar que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció días atrás un proyecto para acelerar la deportación de inmigrantes que hayan cometido delitos.
