El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y que pone en marcha el Régimen Procesal de Acción Civil de Extinción de Dominio, despertó ayer múltiples reacciones a favor y en contra, no sólo del arco político, sino también de especialistas jurídicos. Los argumentos son bien claros. El oficialismo considera que la iniciativa se enmarca en la lucha contra la corrupción, y la oposición cuestiona la forma de activarla y su constitucionalidad.
“Los Decretos de Necesidad y Urgencia son instrumentos que tienen vedada serie de materias”, explicó el diputado nacional del Frente para la Victoria, Agustín Rossi. El legislador mencionó luego la materia electoral, impositiva y penal como territorio vedado para los DNU. Este caso es claramente una cuestión de características penales porque, si como dice el decreto, la demanda se va a hacer en el fuero civil surge entonces de una denuncia penal, por lo que claramente es inconstitucional”, añadió el jefe de la bancada opositora.
Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, celebró la firma del decreto la extinción de dominio. “Creemos que era necesario a esta altura de los acontecimientos sacarlo por decreto”, manifestó López.
La batalla también se desató en el frente jurídico. Abogados constitucionalistas expresaron ayer diferencias respecto del DNU de Macri. “Estamos de acuerdo en luchar contra la corrupción pero este no el método, no se puede violar la Constitución”, afirmó el experto Andrés Gil Domínguez. Además, el letrado sostuvo que “no hay una situación de emergencia objetiva para realizar un DNU”.
En tanto, el constitucionalista Daniel Sabsay reconoció que la aplicación del mecanismo por decreto “es el punto más delicado”. Sin embargo, justificó esa decisión por “la renuencia de los senadores de la oposición a sancionar una ley”. Sabsay es uno de los pocos constitucionalistas que le dieron el visto bueno al DNU. La mayoría se manifestó en contra.
Otros abogados fueron aún más críticos con el DNU y lo definieron como una “maniobra para distraer”. La letrada Graciana Peñafort remarcó las escasas posibilidades que tiene el DNU de ser aplicado, ya que se involucra dentro del territorio penal, algo que está prohibido por el artículo 99 de la Constitución Nacional.
Bullrich: “No es contra Cristina Fernández”
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, rechazó ayer que el decreto firmado por Macri apunte contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK). “Esta ley no tiene nombre y apellido, las leyes son para todos los que cometen un ilícito”, dijo la funcionaria nacional al ser consultada sobre la situación de CFK. Además, señaló que “hace mucho tiempo que viene dando vueltas este tema, y nosotros no podemos frenar la lucha contra la corrupción y el narcotráfico”.
Por otro lado, se animó a dar una cifra respecto de cuánto espera poder recaudar el gobierno nacional. “Entre el valor de la droga y los bienes incautados, llegamos a 23.000 millones de pesos”, subrayó la ministra. No obstante, las cifras, que figuran en un informe interno compuesto por datos recabados hasta julio del año pasado, son incluso más altas, puesto que no contemplan los secuestros de los bienes que provienen del poder. En orden descendente, las incautaciones de estupefacientes son las que aparecen en primer lugar en cuanto al dinero recuperado. En segundo lugar, figuran los vehículos.
