La Cámara de Apelaciones de General Roca difundió ayer una resolución que pone en duda el relato sostenido desde el Ministerio de Seguridad de la Nación en torno al asesinato de Rafael Nahuel, ocurrido el 25 de noviembre de 2017. La cartera que preside Patricia Bullrich aseguró, en ese entonces, que la muerte del joven se produjo en el marco de un enfrentamiento entre mapuches y una patrulla de Albatros de Prefectura Naval Argentina, en la parte alta de un predio en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche. Y según la versión oficialista, los manifestantes los habían atacado con piedras, palos y disparos.
Sin embargo, la Justicia puso en duda esa versión y además criticó con dureza el accionar de los funcionarios nacionales. Los jueces Mariano Lozano, Fernando Gallego y Ricardo Barreiro plantearon que el Ministerio de Seguridad asumió, en la actual gestión, un “rol activo en la defensa irrestricta de los funcionarios de las fuerzas de seguridad involucrados en episodios bajo investigación judicial” y que esa tarea no se realizó “con la mesura, la distancia y el respeto por el Poder Judicial de la Nación y la división de poderes que exige la República”. Por el contrario, la realizó “con intervenciones que no toman en cuenta el trámite de las causas judiciales, sus tiempos, ni las decisiones de los magistrados”.
Además, la Cámara cuestionó a Bullrich porque “antes de que las pesquisas avancen lo suficiente como para echar mínima luz sobre los sucesos”, se publicaron declaraciones cuestionando “a la judicatura, o las medidas probatorias dispuestas o, lisa y llanamente, sentenciando -mediáticamente- que el o los funcionarios implicados no han cometido delito y que son inocentes”.
Finalmente, la Cámara descartó los procesamientos contra cuatro integrantes del grupo Albatros bajo la figura de “homicidio en exceso de legítima defensa”. En cambio, procesó por “homicidio agravado” al cabo primero Francisco Javier Pintos, de cuya arma salió el disparo mortal. A su vez, le dictó prisión preventiva. De esta manera, quedó descartado el fallo del juez federal de Bariloche, Leónidas Moldes, quien sostuvo la teoría del enfrentamiento y la acusación de “legítima defensa” para los implicados.
