El fiscal Carlos Stornelli ordenó una batería de medidas de prueba para determinar la responsabilidad del presidente Mauricio Macri, del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y del ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel por las irregularidades en el proceso de renegociación del contrato de concesión en favor de la empresa Ausol SA.
Los tres funcionarios quedaron imputados por el pago por decreto de casi US$ 500 millones a la empresa concesionaria del Acceso Norte, para que esta desistiera de una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones del Banco Muncial (Ciadi).
Según la denuncia, presentada por los diputados Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau, tres días antes de que Macri asumiera la Presidencia, Ausol simuló una demanda contra el Estado nacional ante el Ciadi por más de US$ 1.100 millones por presuntos retrasos tarifarios. El objetivo habría sido forzar una renegociación del contrato que derivó luego en un arreglo multimillonario, sin la realización de un dictamen, informe o auditoría sobre la operación.
El Grupo Socma fue accionista de Ausol hasta mayo de 2017. Con la asunción de Macri como presidente, la mayoría del directorio de la empresa pasó a Vialidad Nacional.
