El legislador de Unión por Córdoba (UPC), Isaac López, descartó ayer que las provincias estén obligadas a hacerse cargo de la totalidad del subsidio al transporte que la Nación dejó de transferirle a las jurisdicciones locales a partir de la firma de la adenda al Consenso Fiscal. De esta manera, López salió a responderle a su par de la Unión Cívica Radical (UCR), Javier Bee Sellares, quien el fin de semana pasado había asegurado que la Provincia “está obligada, por pactos preexistentes, a darle a los municipios los subsidios correspondientes para que no se sigan incrementando los boletos que tienen en sus respectivas ciudades”.
En un comunicado, el parlamentario peronista recordó que el gobierno nacional, con el objetivo de reducir el déficit fiscal, recortó gastos y transferencias a las provincias. “Una de esas medidas fue la descentralización en los gobiernos provinciales de determinadas responsabilidades de gasto en subsidios económicos, en particular, los relacionados al funcionamiento del transporte urbano y el subsidio a la tarifa de energía eléctrica”, explicó López.
No obstante, a partir del agravamiento de la crisis económica nacional, el año pasado se firmó con la Nación una adenda al Consenso Fiscal de 2017 que preveía, entre otras cosas, la posibilidad de que cada provincia adecuara las compensaciones tarifarias y/o subsidios al transporte de pasajeros ante la eliminación de los aportes nacionales. “Vale decir que la decisión de qué porcentaje de ese menor subsidio se hacen cargo las provincias y cuánto va a la tarifa, sería una definición particular de cada jurisdicción, según las posibilidades”, resumió el además presidente de la Comisión de Economía de la Unicameral.
López también respondió que la modificación de los tres artículos de la Ley de Responsabilidad Fiscal que aprobó la Legislatura cordobesa el miércoles de la semana pasada y que, según Bee Sellares, permitiría a la Provincia “tener mayores gastos corrientes, incluidos los que tienen que ver con subsidios al transporte”, simplemente “relaja” el cumplimiento de ciertas metas de gasto. En concreto, los cambios permiten que las provincias pueden tener, bajo cumplimiento de ciertas condiciones, la “posibilidad de aumentar el gasto en un porcentaje algo mayor al límite impuesto por dicho régimen”. Pero “en ningún momento refieren a que se debe aumentar el gasto en ciertas partidas en particular”, recalcó López.
