Héctor Cuevas
En política lo que parece no siempre sucede. Sí termina por imponerse aquello que se teje en penumbras, acuerdos de palabra que no quedan escritos y en el que los nombres terminan por ser meras fichas de intercambio. El miércoles pasado, muchos creyeron que la disputa de poder se había cerrado en los Tribunales Federales de Córdoba. El comunicado oficial indicaba que los seis jueces de la Cámara Federal de Apelaciones se habían puesto de acuerdo y había nueva presidenta para 2020. Pero esto no fue todo: se agregó que, de ahora en más, quien ejerza la presidencia no podrá hacer uso del doble voto en casos de paridad al momento de elegir personal y autoridades.
La pelea de la Cámara de Apelaciones siempre es interna, porque su rol implica tomar decisiones que atañen al funcionamiento diario de los Tribunales Federales. Y a simple vista, el grupo integrado por los jueces Liliana Navarro, Luis Rueda e Ignacio Vélez Funes, pareció imponerse sobre el de Graciela Montesi, Abel Sánchez Torres y Eduardo Ávalos. Los tres primeros venían sosteniendo que la actual presidenta, Montesi, votaba siempre en coincidencia con su pareja, Sánchez Torres, y con Ávalos, y que con la facultad del doble voto ya había tornado abstracta cualquier intención opositora.
Hubo reclamos a la Corte Suprema, desestimados, una presentación del gremio de los judiciales nacionales, amenazas con ir al Consejo de la Magistratura, y hasta una pegatina de afiches en la torre del Parque Sarmiento, denunciando que la relación de pareja Montesi – Sánchez Torres había generado un nuevo poder inexpugnable dentro de la Cámara de Apelaciones.
Montesi no solo negó las acusaciones, sino que tampoco blanqueó una relación sentimental de la que ya nadie es ajeno. Por eso, cuando el miércoles último se conoció la designación de Navarro y el adiós al doble voto en esos casos puntuales, la lectura dio cuenta de un bando ganador y otro en retirada.
La disputa entre los “dos bandos” también tiene como punto en cuestión la derogación del “doble voto” para de la Presidencia del cuerpo en casos de paridad al momento de designar personal y autoridades.
Pero esta lectura ya ha comenzado a ser cuestionada. Fuentes de este diario aseguran que Sánchez Torres ya envió “emisarios” para dialogar con el juez Luis Rueda. La idea es que éste reconsidere su alineación con Navarro y Vélez Funes, armando con los otros una nueva mayoría, lo que dejaría sin margen de acción a la flamante presidenta del cuerpo.
Lo que sucede, coinciden diferentes fuentes, es que en la disputa de este año Navarro y Rueda fueron apenas “aliados circunstanciales”, pero entre ellos aún perduran viejos rencores, aunque ahora se hayan mostrado en buenos términos: en 2015, el juez Rueda quedó en el centro de una agria polémica pública, cuando el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja reabrió una investigación para determinar si Rueda había participado o no en interrogatorios previos a la ejecución de detenidos en la cárcel de barrio San Martín, de la ciudad de Córdoba, en 1976.
En aquel momento, el camarista atribuyó la reapertura de la causa en su contra y la difusión pública de esta situación a una virulenta interna que se ventilaba en la Justicia federal de Córdoba. En declaraciones periodísticas, Rueda embistió contra su hoy aliada Navarro, a quien endilgó haber reactivado la causa en su contra a partir de una rivalidad entre ambos.
Recordó en una entrevista con la prensa que cuando alegaron los fiscales en la “causa de los magistrados”, no lo incluyeron a él en ningún momento. “No me denunciaron jamás, pero de pronto Navarro empezó a ordenar medidas de prueba y buscar causa archivadas”, apuntó.
“Esto se reabre por internas judiciales, por el copamiento que está haciendo esta gente, que no sé a quién responde”, agregó en aquella oportunidad. Y recordó que su desencuentro con Navarro nació en 2011, cuando ella era secretaria penal del Juzgado Federal Número 1. “(Navarro) solicitó que intercediera para que no lo metieran preso a su (hoy ex) marido, que está en Bouwer por genocidio, con prisión perpetua. Me pidió interceder ante (la fiscal Graciela) López de Filoñuk y (el juez Alejandro) Sánchez Freytes. Yo no podía hacer nada. El marido hacía un año que tenía pedido de captura. Ahí empezó todo”, denunció Rueda.
Cuatro años parecen ser suficiente tiempo para que aquella disputa se haya enfriado, pero no tanto como para haber caído en el saco del olvido. Y en la nueva distribución de poder dentro de la justicia federal cordobesa puede provocar nuevos realineamientos.
