La iniciativa del Poder Ejecutivo de revisar el traslado de diez jueces, la mayoría de ellos realizados durante el gobierno de Cambiemos, será el eje de un debate en el Consejo de la Magistratura -posiblemente el jueves- donde el oficialismo y la oposición tienen un empate que definiría la diputada de Alternativa Federal Graciela Camaño, titular de la comisión que debe tratar el tema. La discusión se da en medio de la anunciada reforma judicial, luego de que Gerónimo Ustarroz, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo presentara un proyecto para revisar el traslado de magistrados federales por decreto durante el gobierno anterior.
Uno de los representantes del macrismo en la Magistratura, el diputado del PRO Pablo Tonelli, sostuvo que el planteo es uno más de los embates contra la justicia independiente que está llevando adelante el oficialismo” y apuntó directamente a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al denunciar que trata de acciones que se suman a otras anteriores para controlar a la justicia independiente y ser cómplice con los funcionarios k procesados”.
No opina lo mismo el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, quien ayer aclaró que la presentación que hizo Ustarroz es para que se cumplan” los pasos que están previstos para la designación de un juez. El traslado de magistrados no es la manera correcta de designar un juez. Son varios pasos”, dijo el juez aliado del oficialismo en declaraciones radiales. Luego apuntó directamente a las críticas vertidas por Tonelli al sostener que no vio este grado de vehemencia cuando designaron jueces prácticamente a dedo, salieron a pescar en una palangana para buscar aquellos que les resultaba más interesante conforme a su ideología. Pusieron gente en cargos que definen temas muy graves en la Justicia”. En sintonía con Lugones, desde el kirchnerismo están convencidos que la gestión de Mauricio Macri usó esa práctica para conformar tribunales de lawfare” ya que muchos de esos jueces fueron para los tribunales de Comodoro Py, donde se tramitan las causas de corrupción.
Ahora, todas las miradas están puestas en Camaño que en la víspera no le esquivó al tema, criticó las decisiones que tomó el organismo durante la gestión Cambiemos aunque advirtió: Acá no vamos a hacer nada para favorecer a nadie. No soy macrista ni kirchnerista. No están aliados con mi presidencia para meter jueces amigos. Estamos intentando tener reglas claras”. Según explicó la diputada lavagnista, teníamos pedidos de traslados de jueces y no hay una norma clara”, más allá de los dos fallos de la Corte Suprema. En algunos hay excesos que cometió el Consejo (…) Los consejeros le pidieron (a Ustarroz) que como él proviene del Ejecutivo haga un informe de cómo estaban los traspaso. Lo que hizo es presentar el informe y en el Consejo lo vamos a empezar a discutir”, dijo Camaño. Si el Consejo de la Magistratura (compuesto por 13 miembros, entre abogados, jueces, diputados y senadores nacionales) encuentra fallas en esos traslados, tendría dos alternativas: pedirle opinión a la Corte Suprema o elevar un pronunciamiento al Ejecutivo para que eventualmente envíe los nombres al Senado y allí definir si se aprueban.
Están en la mira una decena de magistrados
Para que un juez federal pueda cambiar de tribunal al que fue asignado debe cumplir una serie de requisitos, que ahora está en revisión en el Consejo de la Magistratura. Según adelantó el portal Infobae, el representante del Ejecutivo en el organismo, Gerónimo Ustarroz, confeccionó un listado de todos los magistrados que fueron traslados durante los últimos 20 años y los armó tres categorías: los que cumplieron todos los requisitos; los que no cumplieron algún requisito pero no se violentó la Constitución (no tenían los 4 años de antigüedad en el cargo por ejemplo) y los que no cumplieron los requisitos y violentaron la Constitución.
En esa lista ubicó dos magistrados de la Cámara Federal a los que el kirchnerismo apuntó especialmente: Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que confirmaron procesamientos contra CFK; a Germán Castelli, que integra el tribunal oral que tiene la causa de los cuadernos; y tres jueces que revisan cuestiones electorales, entre otros.