El ex ministro de Hacienda del Gobierno de Cambiemos Nicolás Dujovne fue procesado ayer, sin prisión preventiva, por la supuesta comisión de los delitos de «abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público», en la causa que investiga la renegociación de la concesión de peajes en los accesos Norte y Oeste entre 2016 y 2018.
El procesamiento fue dispuesto por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien además le trabó un embargo sobre los bienes de 100 millones de pesos, según consta en el fallo de 133 páginas.
Se trata del cuarto ex funcionario de Cambiemos procesado en este expediente, en el que se investiga si desde el Gobierno de Mauricio Macri se favoreció a empresas concesionarias de peajes, como Autopistas del Sol S.A (AUSOL), que habían estado vinculadas comercialmente con empresas de la familia del ex presidente.
Los otros ex funcionarios procesados fueron el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich; el ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel, y el ex Procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, aunque a ellos se les endilgó el delito de administración fraudulenta en contra de las arcas del Estado.
Para Canicoba Corral, Dujovne es responsable de omitir «intencionalmente intervenir, conforme el cargo que desempeñaba, en el trámite de renegociación contractual, el cual debería haber suscripto y en todo caso, haber confeccionado los informe técnicos, económicos y dictámenes jurídicos propios de esa cartera con incumbencia en la materia».
«Ha quedado demostrado, con el grado de certeza exigido en esta etapa procesal que el nombrado intencionalmente no ejecutó la normativa cuyo cumplimiento le incumbía, conforme el cargo que desempeñaba», enfatizó el magistrado en el fallo, en el que señaló que el ex ministro buscó deliberadamente evitar estampar su firma en las renegociaciones ahora investigadas como irregulares.
En este expediente se investigan maniobras a través de las cuales las empresas AUSOL y Grupo Concesionario Oeste S.A. lograron prolongar la concesión de los peajes de los accesos Norte y Oeste respectivamente hasta 2030, sin pasar por un previo proceso licitatorio, y se garantizaron así que el Estado les reconociera deudas de 499 millones de dólares y 247 millones de dólares, según el caso.
Para el magistrado, la actitud del ex ministro de Hacienda «permitió que con fecha 26 de junio de 2018 se celebraran en favor de Autopistas del Sol S.A. y Grupo Concesionario Oeste, los Acuerdos de Renegociación Contractual de contratos de Concesión del Acceso Norte y Acceso Oeste, respectivamente, sin realizar objeciones el nombrado en cuanto a que sus cláusulas podían resultar contrarios a la ley vigente o perjudiciales para las arcas del Estado».
La pesquisa gira en torno a la extensión irregular de los contratos y al reconocimiento de multimillonarias cifras a las empresas por inversiones supuestamente realizadas, «pese a no contarse con un informe técnico integral y exhaustivo con respaldo documental que valide o justifique el millonario monto de inversión reconocida».
En resoluciones anteriores el magistrado recordó que para llevar a cabo las maniobras se argumentó una «supuesta presión de un trámite arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)» en base a una demanda contra la Argentina «que, según pudo determinarse en esta investigación, resultaba de casi imposible acogida favorable».
La demanda ante el tribunal internacional, formulada por una empresa que había estado vinculada al Grupo Macri y presentada pocos días antes de que Mauricio Macri asumiera la Presidencia, sirvió -según surge de la investigación- para intentar simular un contexto internacional que justificara que el Estado argentino reconociera a las concesionarias lo que reclamaban.
Pese a ello, el 26 de junio de 2018 «se celebraron en favor de Autopistas del Sol S.A. y Grupo Concesionario Oeste, los Acuerdos de Renegociación Contractual de contratos de Concesión del Acceso Norte y Acceso Oeste», remarcó el juez.
El Estado «terminó abonando sumas millonarias, que ni a través de un informe técnico especializado, como tampoco de la parte resolutiva o fundamentos del Acuerdo surgen justificadas», concluyó el magistrado que mañana cumplirá 75 años, en lo que será su último día en el ejercicio de la magistratura.
