Los integrantes de la mesa nacional de Juntos por el Cambio (JXC) se volvieron a reunir ayer de forma virtual para analizar la reforma judicial que presentó el Gobierno en el Congreso y advirtieron que se trata de un plan de impunidad” que tendrá un costo fiscal de $4.000 millones. La llamada reforma judicial que impulsa el gobierno kirchnerista implica la creación de una desmesurada e injustificada cantidad de cargos, cuyo costo fiscal estimamos en unos 4.000 millones de pesos anuales”, resaltó el espacio opositor tras un encuentro virtual del que participaron sus principales referentes, incluido Mauricio Macri, que se conectó desde Francia. También firmaron el documento final Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich, Maximiliano Ferraro, Mario Negri, Luis Naidenoff, Martín Lousteau, Humberto Schiavonni, Juan Manuel López, Cristian Ritondo, Horacio Rodríguez Larreta y Miguel Ángel Pichetto.
Los dirigentes de JXC consideraron que semejante desconexión respecto de lo que deberían ser las prioridades del gobierno en el actual escenario, no tiene otra explicación que la puesta en marcha de un plan de impunidad para las causas de corrupción que afectan a integrantes del oficialismo”. El proyecto enviado al Senado es contradictorio con la reforma de fondo del sistema de enjuiciamiento penal, concebida por el nuevo Código Procesal Penal Federal. El sistema acusatorio demanda más fiscales y no más jueces”, evaluaron.
En tanto, subrayaron que la cantidad de órganos proyectada es arbitraria y no responde a ningún estudio serio respecto de la carga de trabajo”, sino que se trata de una reedición agravada de las reformas de la década de los noventa, cuándo se amplió la Corte Suprema de cinco a nueve miembros para crear la mayoría automática”. Apareció el per saltum para facilitar privatizaciones irregulares; se duplicaron los cargos del fuero en lo criminal federal de la Capital para designar jueces propios, y se integró la Cámara de Casación con magistrados sin la capacitación y la decencia que demanda el cargo. No se superan los problemas originados por el desempeño degradado de algunos magistrados creando más cargos, sino haciendo responder a los malos jueces por sus actos”, afirmaron.
Las principales figuras del frente opositor señalaron que no se puede desconocer que la reforma se impulsa en un contexto donde funcionarios del gobierno promovieron la libertad de presos comunes y corruptos confesos”. La nueva reunión se llevó a cabo una semana después de otro encuentro centrado entonces en el eventual interés del Gobierno en ampliar el número de jueces de la Corte Suprema.
Críticas al poder concentrado
El ex juez y ex ministro de Justicia León Arslanian dijo que, a su juicio, la reforma de la Justicia Federal propuesta por el Gobierno es excelente” y consideró que, si este poder concentrado se desconcentra, se democratiza”, se va garantizar de la mejor manera el funcionamiento de ese fuero”.
En declaraciones a la prensa, Arslanian recordó que la iniciativa retoma un viejo proyecto” para el cual él mismo había sido consultado en 2003, cuando Gustavo Beliz estaba en el Gobierno, y había trabajado en un proyecto de renovación del fuero federal”. El problema en el fuero federal no se resuelve cambiando personas y poniendo jueces nuevos porque es un problema estructural”, dijo.
Para el ex juez del Juicio a las Juntas Militares, la cantidad de jueces y la magnitud” de los casos hacen que el fuero federal represente una suerte de poder concentrado”. Si este poder concentrado se desconcentra, se democratiza, vamos a estar mejor y vamos a garantizar de la mejor manera el funcionamiento de ese fuero”, opinó.
Además, Arslanian rechazó firmemente las versiones de que la reforma implique cambios en la Corte Suprema, defendió los antecedentes de los expertos convocados y recordó que la tarea del consejo consultivo será elaborar insumos” que luego serán remitidos al presidente Alberto Fernández para la elaboración de una iniciativa que, después, analizará el Congreso.
Casal, al borde del juicio político
El oficialismo busca acelerar la destitución del procurador interino Eduardo Casal, luego que este se negara a responder los pedidos de informes que le hizo la Bicameral de Control del Ministerio Público, amparándose en la cuarentena. Con impulso del Frente de Todos, la comisión votó ayer a favor de enviar los doce pedidos de juicio político contra Casal a la comisión encargada del tema para su curso.
El cuerpo que encabeza el senador por Río Negro Martín Doñate abordó los pedidos de juicio político contra el procurador interino, y por solicitud del diputado del Frente de Todos Nicolás Rodríguez Saa se aprobó remitir toda esa información a la comisión de Juicio Político. Para el kirchnerismo Casal tiene una doble vara” para tratar a los fiscales desde la jefatura de la Procuración, le reprochan la falta de imparcialidad en el doble estándar que aplicó en los casos de los fiscales Carlos Stornelli y Gabriela Boquín.
Lo acusan de hacer todo lo posible para evitar que avance el proceso de destitución del fiscal Carlos Stornelli, sospechado de extorsionar a investigados en el caso de los cuadernos; mientras que sí activó los procedimientos contra la fiscal que investiga las irregularidades de Macri en el caso Correo. El debate continuará mañana con la presencia de Bouquin y exposiciones de organizaciones civiles.
