El canciller Santiago Cafiero le notificó hoy a su par británico, James Cleverly, el fin del pacto Foradori-Duncan, un documento que entregaba concesiones a los intereses del Reino Unido respecto de la explotación de los recursos naturales en las islas Malvinas, cuya soberanía es reclamada por la Argentina, informaron fuentes del Palacio San Martín.
Durante una reunión de cancilleres de los países que integran el G-20 que se desarrolló en Nueva Delhi, India, Cafiero le comunicó a Cleverly la decisión argentina de cancelar este acuerdo suscrito en 2016 por el Gobierno de Mauricio Macri en la Embajada británica en Buenos Aires, y además propuso que ambos países mantengan una reunión en la sede de la ONU, en Nueva York, para «reiniciar la discusión por la soberanía» de las islas del Atlántico Sur que el Reino Unido usurpa desde 1833.
Este pacto fue «uno de los hechos más lesivos para el histórico reclamo por el ejercicio de soberanía sobre las islas Malvinas», describió Cancillería sobre el acuerdo firmado por el entonces vicecanciller argentino Carlos Foradori y el ministro de Estado para Europa y las Américas del Reino Unido Alan Duncan.
Según informó la Cancillería, la nota entregada por Cafiero a Cleverly señala que la Argentina «ha buscado colaborar en asuntos concretos como vuelos, actividad científica en la Antártida o conservación y preservación de recursos pesqueros, ‘sin que la disposición demostrada haya sido respondida de manera recíproca» por el gobierno británico.
Por el contrario -afirmó el Palacio San Martín- el Reino Unido realizó «continuadamente actos unilaterales, que han sido oportuna y debidamente protestados por la República Argentina» y además el Gobierno británico se negó «sistemáticamente» a reanudar las negociaciones de soberanía, con lo cual tampoco «se dio cumplimiento al mandato impuesto por la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas”.
A través de la nota, el Gobierno argentino también puso de manifiesto «la necesidad de reanudar un proceso formal de negociaciones», retomando «el espíritu de negociación, cooperación y diálogo que primó tras la aprobación de la resolución 2065, y que permitió el abordaje de todos los temas de interés mutuo, entre ellos la cuestión de la soberanía».
La iniciativa que presentó Cafiero detalla una serie de puntos que deberían estar presentes en esas negociaciones y solicita que sean «transparentes y de buena fe, donde se aborden los temas de interés mutuo».
Además del reclamo de soberanía, las cuestiones que propone Cancillería que deben estar presentes en el diálogo son la conectividad aérea y marítima de las Islas con el territorio continental argentino, la adopción de medidas que garanticen los intereses y el modo de vida de los habitantes de las Islas para desarrollar vínculos culturales, económicos, sanitarios y educativos; y la desmilitarización de las áreas bajo disputa de soberanía.
Además propone adoptar medidas que «permitan ajustar el aprovechamiento, la conservación y preservación de los recursos naturales en el área bajo disputa de soberanía a lo establecido por las resoluciones de la Asamblea General y del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas».
Cafiero destacó en su nota la voluntad de continuar con las acciones humanitarias de identificación de los soldados argentinos caídos en el conflicto, que fueron desarrolladas con la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja, a través del Plan Proyecto Humanitario I y II.
En ese sentido, se adelantó que una tercera etapa del proyecto «se encuentra en el proceso final de análisis para lograr un acuerdo».
En cuanto al pacto Foradori-Duncan, por medio de ese acuerdo se le intentó garantizar al Reino Unido «la remoción de todos los obstáculos para el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas, desarmando una estrategia que se había impulsado poner límites a la ocupación ilegal y a la expoliación de los recursos naturales del archipiélago», recordó la cartera que conduce Cafiero.
Y añadió: «Ese documento realizaba concesiones a los intereses británicos en la región y retrocedía notablemente en el justo reclamo por soberanía, incluso se lo hizo trascender como `comunicado conjunto´ para evitar cumplir con la obligación constitucional de someter a la aprobación del Congreso Nacional los acuerdos internacionales que suscribe el Poder Ejecutivo».
Se trata, por lo tanto, de un acto que tiene «características manifiestamente ilegítimas y agraviantes para los intereses nacionales», remarcó.
La declaración adoptaba las dos principales demandas británicas que la entonces primera ministra británica, Theresa May, le había realizado al presidente Macri en una carta que le había enviado breve tiempo atrás: «Remoción de obstáculos para explotación de recursos y vuelos al continente».
En términos de recursos naturales, el comunicado expresaba que se había acordado «remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas».
En cuanto a los vuelos, el comunicado consignaba que las partes habían «acordado que serían establecidas conexiones aéreas adicionales entre las Islas Malvinas y terceros países».
Este era algo que contradecía la postura de la Argentina, que siempre promovió un segundo vuelo desde territorio continental mediante la aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas.
El acuerdo suponía también «el levantamiento de todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales que había tomado la República Argentina para proteger sus recursos naturales frente a la explotación ilegal de la pesca e hidrocarburos».
«Por el contrario, ninguno de los históricos reclamos argentinos estuvo presente en el texto. No hace mención a la disputa de soberanía, a la Resolución 2065 (XX), a la violación de la Resolución 31/49 que prohíbe acciones unilaterales y que el Reino Unido está llevando adelante en el área», se reseñó desde el Palacio San Martín.
«Tampoco menciona la base militar que existe en la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur. En realidad, el único obstáculo para el desarrollo económico de las Malvinas es, justamente, la persistencia de la disputa de soberanía que el Reino Unido se niega a negociar», se puntualizó desde Cancillería.
