Con motivo de la entrada en vigencia del cobro de copagos dentro del sistema de salud privado luego de la decisión de prestadores y profesionales de establecer un valor mínimo en la consulta o servicio que parte desde los 6.000 pesos, la Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Córdoba manifestó ayer su «rechazo a los cobros extorsivos» que clínicas, sanatorios y hospitales privados aplican bajo la «excusa de supuestas demoras en los pagos por parte de las obras sociales».
En este sentido, la central obrera se pronunció en «defensa de las obras sociales sindicales» ante la actitud de profesionales de clínicas y sanatorios de «cargar sobre las y los trabajadores el costo de lo que denominan ‘crisis del sector´, sin atender razones más que las de sus propios intereses».
El máximo órgano sindical cordobés expresó a través de un comunicado su «rechazo a los cobros extorsivos de adicionales» y se pronunció en contra de que las obras sociales sean equiparadas con las empresas prepagas de salud. Sobre este punto, el documento gremial recordó que «las obras sociales sindicales pertenecen al sistema solidario de la atención de salud y no son empresas que obtienen rentabilidad del servicio que brindan».
La CGT cordobesa destacó además que las empresas de salud privada están «ignorando» que los recursos extras que exigen para las prestaciones «salen de los bolsillos de las y los trabajadores», quienes «también viven en la misma realidad y sociedad, donde tienen que sostenerse con único ingreso que es su salario y que también sufren los ajustes y la situación económica».
En agosto pasado, las clínicas y sanatorios de Córdoba habían comenzado a aplicar progresivamente coseguros extras que promediaban los $ 3.000, denominados «copagos». A principios de septiembre, la implementación de ese «bono» fue oficializada por la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la Provincia de Córdoba (Aclisa), a los efectos de «compensar» la devaluación y lo que señalan como «demoras» en los pagos de las obras sociales. Y desde la víspera ese costo aumentó a $ 6.000.
Como respuesta, la CGT Córdoba calificó esa imposición como un «cobro compulsivo y arbitrario» y denunció que «en la gran mayoría de los casos los profesionales no emiten recibos ni facturas que respalde lo abonado, transformándose también en evasores».
En su escrito, la filial Córdoba de esa central sindical exigió la «intervención del Estado, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y del Ministerio de Salud para poner un marco de razonabilidad a todo lo que está ocurriendo en la atención de la salud».
«Muchas obras sociales sindicales están abonando a 30/45 días las facturaciones y se hacen infundadas acusaciones de ser responsables de la crisis, demostrando una absoluta falta de responsabilidad social», concluyó el documento.
