Mientras en Diputados el oficialismo intenta avanzar con un proyecto “superador” de la prórroga de la emergencia en discapacidad, el Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo propone eliminar puntos centrales de la normativa vigente, entre ellos el mecanismo de actualización de los pagos a los prestadores.
El cambio generó rechazo en la oposición, incluida la política cordobesa a través de sus redes sociales. Una de las reacciones fue la de la diputada de Provincias Unidas Carolina Basualdo advirtiendo que la iniciativa implica “menos protección y mayor incertidumbre” sobre las pensiones y la cobertura de prestaciones.
CON LA DISCAPACIDAD NO.
Después del emplazamiento del pleno de la Cámara de Diputados para el tratamiento urgente de la prórroga de la emergencia nacional en Discapacidad, el Gobierno nacional, a través de sus diputados, pretende derogar en el Presupuesto 2027 los artículos 5,…
— Carolina Basualdo (@caritobasualdo) September 16, 2026
El posteo fue citado por la secretaria de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de Córdoba, Liliana Montero, quien también advirtió por el impacto que podrían tener las modificaciones sobre las personas con discapacidad, las familias y las instituciones.
El Gobierno de @JMilei, otra vez, avanza sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Ahora, a través del Presupuesto 2027, pretenden derogar artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad mientras el Congreso se encuentra tratando el tema en comisiones. Y avanzan… https://t.co/QOfu2Jc7Nt
— Liliana Montero (@monteroliliana) September 16, 2026
En ese marco, Montero y Basualdo ampliaron sus declaraciones en diálogo con Hoy Día Córdoba y agregaron que los cambios sobre la Ley 24.901, que establece el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad, podrían afectar los principios de equidad y universalidad que actualmente rigen el esquema, así como también generar una mayor fragmentación de las prestaciones y trasladar parte de los costos a las familias y a las provincias.
“Lo único que vemos claramente es que la modificación de la Ley 24.901, que establece equidad y universalidad para que todos, independientemente de los recursos económicos, puedan acceder a las prestaciones que necesitan, pone en jaque la naturaleza misma del sistema”, señaló Basualdo.
En la misma línea, uno de los puntos que marcó Montero es la eliminación del arancel único, que actualmente funciona como un valor de referencia común para prestaciones como terapias, centros de día, transporte y residencias. “Se rompe la homogeneidad del sistema y se habilitan diferentes valores para una misma prestación”, sostuvo.
Para Basualdo, la modificación también pone en riesgo la posibilidad de que las personas con discapacidad accedan a las mismas prestaciones independientemente de su lugar de residencia o situación económica. “En caso de que avancen esta modificación vamos a tener argentinos de primera, argentinos de segunda, argentinos de tercera línea, claramente de acuerdo al poder adquisitivo en el que se encuentren”, afirmó.
“Van a sufrir absolutamente aquellas personas que vivan alejadas de los grandes centros urbanos, que no tengan la posibilidad, que sus familias tengan menos recursos”, agregó la Diputada.
Cambios en los aranceles y las pensiones
Otro de los aspectos señalados por Montero es la eliminación del mecanismo automático de actualización de los aranceles. El proyecto plantea reemplazar el esquema vigente por una determinación trimestral de los valores por parte del Estado Nacional. “Si el costo de atender a su hijo aumenta y el arancel no aumenta al mismo ritmo, el prestador empieza a perder plata y por lo tanto es probable que volvamos a la situación en que deja de darle esa cobertura”, advirtió.
La funcionaria también cuestionó el cambio previsto para las pensiones, al considerar que la propuesta vuelve a vincular el acceso al beneficio con la incapacidad laboral: “Se cambia el eje. En lugar de hablar de una persona con discapacidad que necesita una protección social, se vuelve a un viejo esquema de la incapacidad laboral”.
A su vez, puso el foco en la incompatibilidad entre la pensión y el trabajo formal. “A muchas personas con discapacidad les cuesta conseguir el empleo formal”, afirmó. En ese sentido, señaló que perder automáticamente la pensión al ingresar a un empleo puede desalentar la incorporación al mercado laboral. “Para ingresar a un empleo formal, perdería esta pensión automáticamente cuando en realidad no sabe cuánto tiempo va a permanecer en ese empleo en blanco”, explicó.
Otro aspecto cuestionado es la eliminación de garantías específicas de salud y otros mecanismos de protección incorporados por la Ley de Emergencia en Discapacidad. “La ley incorporó mecanismos específicos, entre ellos la cobertura de salud para quienes reciben la pensión, la conversión de las pensiones existentes. El proyecto deroga esos artículos”, sostuvo Montero. Según la funcionaria, esto supone “sacar algunas de las garantías que hoy protegían a las personas y a las familias”.
Quién absorbe los costos
El financiamiento es otro de los ejes de la discusión. Montero planteó que, si los valores fijados por Nación no alcanzan para cubrir el costo real de las prestaciones, la diferencia deberá ser asumida por algún actor del sistema.
“Me parece que es muy importante qué significa, quién absorbe el costo. El Estado Nacional puede fijar un valor para la prestación, pero si ese valor no alcanza para cubrir el costo real, alguien tiene que cubrir la diferencia. ¿El prestador, la obra social, la prepaga, la familia, el Estado provincial?”, cuestionó.
Y agregó: “Cuando Nación paga menos, la necesidad de la persona no desaparece. Las terapias siguen siendo necesarias, el transporte sigue siendo necesario, el centro de día sigue siendo necesario”.
En esa línea, advirtió que una reducción del aporte nacional podría incrementar la presión sobre las administraciones provinciales. “Las provincias vamos a tener que destinar más y más recursos para garantizar que una persona no se quede sin atención”, sostuvo.
El costo para Córdoba
Montero respaldó su planteo con datos sobre el gasto provincial en discapacidad. Según detalló, durante el año pasado Córdoba destinó casi $130.000 millones en los distintos ámbitos vinculados al sistema, mientras que para este año estimó una inversión cercana a los $228.000 millones. “Eso implica un aumento de arriba del 75%”, afirmó.
La funcionaria contrastó ese incremento con la pauta inflacionaria del 10,1% utilizada por el Gobierno nacional para la elaboración del Presupuesto 2026. Además del fondo específico para discapacidad, señaló que la Provincia destina recursos a salud, educación, deporte adaptado y cultura.
Según detalló, el fondo específico alcanzó este año los $4.500 millones, mientras que el gobernador Martín Llaryora dispuso otros $2.000 millones para atender la emergencia de las instituciones del sector.
Basualdo también utilizó el esquema provincial como referencia para plantear que el equilibrio fiscal puede convivir con políticas de inclusión. “Nosotros pudimos demostrar en Córdoba que, con equilibrio fiscal, puede y tiene una inversión altísima en políticas de inclusión social”, afirmó. En ese sentido, señaló que durante 2024 y 2025 el Fondo Provincial de Inclusión para Personas con Discapacidad alcanzó a más de 345 organizaciones y gobiernos locales y a más de 22.000 personas.
Para Basualdo, la discusión debe centrarse en la continuidad del sistema y en la previsibilidad para quienes forman parte de él. “Esperamos que realmente se genere, como se planteó en la comisión, la posibilidad de generar un nuevo proyecto que sea superador, que deje de lado claramente todos estos intentos de recorte y de financiamiento del sistema que trae la ley de presupuesto”, sostuvo.
La diputada planteó, además, la necesidad de avanzar en una normativa de fondo que contemple a las personas con discapacidad, sus familias y a los distintos actores que intervienen en la atención. “Que podamos discutir una ley de fondo profunda que genere un sistema sostenible y de previsibilidad para las familias con discapacidad, para las personas con discapacidad y para los prestadores, para las redes, para los transportistas, para todo el ecosistema que hace que podamos permitir garantizar los derechos a las personas con discapacidad”, afirmó.
La discusión continuará en el Congreso, donde el oficialismo busca alcanzar consensos para una nueva iniciativa mientras la oposición cuestiona los cambios incluidos en el proyecto presupuestario.
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