La Comisión Especial de Análisis y Adecuación del Código de Convivencia Municipal, presidida por Nicolás Piloni (bloque Hacemos Unidos por Córdoba), recibió este miércoles aportes de universidades, catedráticos y especialistas en derecho, para avanzar en la redacción de la nueva normativa.
Por el Instituto de Estudios sobre Derecho, Justicia y Sociedad (IDEJUS) -Unidad Ejecutora del CONICET y la UNC-, asistieron Esteban Llamosas, director; María Angélica Peñas Defago, vicedirectora; Hugo Omar Seleme, Hernán Galo Bouvier y Marisa Fassi, investigadores. También compartió sus opiniones Mónica Cingolani, decana de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba (UCC).
Al respecto, Cingolani señaló que la UCC puede aportar “espacios de participación activa y debate, con pluralismo y rigor intelectual; la mirada técnica de docentes, alumnos e investigadores de las diferentes carreras; y la posibilidad de hacer estudios y relevamientos como insumos para el diagnóstico”.
Mencionó como antecedente que la UCC se involucró y participó activamente, en 2008, en la comisión de expertos que propuso y redactó la reforma política y electoral provincial que luego aprobó la Legislatura Unicameral.
Por su parte, Llamosas indicó: “Ninguna convivencia puede fortalecerse sin conocimiento científico. Queremos aportar insumos para que los aprovechen. Por eso trajimos investigadores en áreas como el derecho a la ciudad, ética pública, perspectiva de género, derecho ambiental, discapacidad y derechos, y también gente que sabe cómo evitar estereotipos”.
En ese marco, Defago y Fassi, especialistas en género y derechos, propusieron reflexionar respecto de cómo el derecho en las últimas décadas se expandió para regular la conflictividad local, bajo un concepto individualista y con mínima participación del Estado.
“Lejos de intentar evitar y prevenir conflictos de manera oportuna, lo que se ha hecho es sancionar a grupos de riesgo por sus condiciones de clase, género, edad, migrantes o con problemas de salud mental. Estas políticas de seguridad urbana lesionan el derecho a una vida libre de violencia, criminalizan a personas por sus características y no por su conducta, y persiguen a las personas de mayor vulnerabilidad”, cuestionaron.
En consecuencia, pidieron “normas respetuosas del principio de igualdad y la no discriminación, la no agresividad y el trato digno. Hay que cambiar de paradigma y enfocarnos en los derechos, además de comprender las complejidades de la convivencia”.
Ambas investigadoras sugirieron recurrir a mecanismos restaurativos, a la mediación y al trabajo comunitario, como alternativas a la sanción; que el Código sea transparente y abierto; que no haya lenguaje críptico, sino simple; que se considere a la persona y sus circunstancias”, explicaron.
A su turno, Galo Bouvier propuso revisar la concepción del espacio público, considerado sólo como lugar de ocio, circulación y encuentro, y fomentarlo también como ámbito de reunión y visibilización de problemáticas. Dicho de otro modo: compatibilizar los derechos a circular y los de manifestar, que a veces derivan en ocupación del espacio público.
También marcó la necesidad de “bajar el margen de discrecionalidad administrativa” en la aplicación del Código, porque eso “abre la puerta a todo tipo de estereotipos”. Ejemplificó con la tendencia a considerar que una falta se agrava y no que se atempera si el infractor es una persona con consumos problemáticos.
Por último, Seleme dijo que el nuevo Código “tiene que explicitar su carácter preventivo y de gestión del conflicto como un servicio público. Hay que quitarle el tono punitivo, para que la imposición de sanciones sea la última alternativa”. También promovió que haya mecanismos de participación ciudadana, a través de consejos barriales, centros vecinales y juntas de participación. “Puede recurrirse además a la figura de jurados populares, como lo hizo Rosario”, agregó.
