Tras el fallecimiento del cabo Nicolás Yozía, ocurrido el 19 de octubre en barrio Remedios de Escalada de la ciudad de Córdoba mientras cumplía tareas de custodia ferroviaria, el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, exigió una revisión urgente de las condiciones en las que los efectivos realizan estos operativos.
Por instrucciones del funcionario, la Policía de Córdoba requirió formalmente a Belgrano Cargas y Logística S.A. que evalúe los riesgos y adopte medidas preventivas. La nota fue dirigida al presidente de la empresa, con copia a la Secretaría de Transporte de la Nación.
En diálogo con Hoy Día Córdoba, Quinteros se refirió a los peligros que enfrentan los policías en estos sectores, y sostuvo que “los riesgos de esos sectores eran conocidos”. En ese sentido, explicó: “La empresa contrata adicionales policiales porque hay vandalismo y ataques contra las formaciones”.
El ministro remarcó también que la seguridad de los efectivos debe ser una prioridad. “Ahora, hay algo que tenemos que plantear con absoluta claridad, nuestros policías van a proteger, pero también tienen que tener condiciones de seguridad para cumplir su trabajo”, expresó, y advirtió que “donde hay viviendas prácticamente pegadas a las vías, el peligro alcanza a los efectivos y a las familias que viven ahí”, por lo que consideró que “esa situación exige una respuesta de las autoridades ferroviarias”.
La presentación policial identifica como sectores críticos a Remedios de Escalada, El Nylon y Los Galpones, donde hay viviendas a escasa distancia de las vías, circulación permanente de personas y antecedentes de descarrilamientos y obstrucciones intencionales de la traza.
El pedido contempla un relevamiento conjunto para verificar el estado de la infraestructura, la cercanía de las viviendas y los lugares de paso, los espacios de resguardo para los efectivos, los accesos y las vías de evacuación. También se busca determinar las medidas correctivas necesarias, los responsables de ejecutarlas y los plazos de cumplimiento.
La investigación por la muerte del cabo Yozía
Respecto a la muerte del policía y el esquema de seguridad, Quinteros evitó adelantar conclusiones mientras continúa la investigación judicial. “No voy a anticipar una conclusión que deben establecer las pericias y la Justicia. Sería irresponsable y una falta de respeto a su familia”, afirmó.
Sin embargo, aclaró que la investigación no impedirá que se reclamen cambios urgentes: “No voy a esperar para exigir que se revisen las condiciones en las que trabajan nuestros policías. Tenemos la obligación de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar otra tragedia. La vida de un policía no puede quedar librada a que nada pase”.
La Policía solicitó revisar la modalidad de custodia, la cantidad y especialidad del personal asignado, los medios de comunicación y la coordinación con los responsables de la circulación ferroviaria. El objetivo es establecer procedimientos claros de aviso previo al paso de los trenes, posiciones seguras y pautas de actuación ante posibles contingencias.
La institución también requirió que, dentro de las 48 horas de recibida la notificación, Belgrano Cargas designe un responsable con capacidad de decisión y acuerde una mesa de trabajo urgente, junto con el inicio del relevamiento. Hasta que esa evaluación se complete, deberán acordarse medidas preventivas y condiciones operativas antes de cada servicio. La Policía anticipó que no destinará efectivos a posiciones o modalidades de custodia en las que no se hayan verificado condiciones adecuadas de seguridad.
Revisión de la custodia y posibles suspensiones
Al explicar qué cambios se impulsarán para proteger a los policías y a los vecinos, Quinteros indicó: “Hemos requerido a Belgrano Cargas y a la Secretaría de Transporte de la Nación que se revisen las condiciones de seguridad de esos sectores y se definan medidas concretas”.
El ministro agregó que “desde la Provincia vamos a revisar el esquema de custodia y exigir una coordinación que permita proteger a los efectivos y a los vecinos”. También remarcó la responsabilidad de cada organismo y aseguró: “La Policía cumple su responsabilidad frente al delito, y las autoridades ferroviarias tienen que cumplir la suya sobre las vías y la circulación de los trenes”. Finalmente, agregó: “Voy a seguir defendiendo a nuestros policías y reclamando las condiciones que necesitan para trabajar seguros”.
El requerimiento advierte que, si la empresa no responde dentro del plazo establecido o no se alcanzan acuerdos que garanticen condiciones adecuadas, la Policía dispondrá la suspensión de los servicios de Policía Adicional contratados en los sectores o modalidades comprometidos. La medida se limitará a esas prestaciones y no afectará las funciones generales de prevención y respuesta policial.
La presentación también remarca que el proceso de privatización y concesión de la infraestructura ferroviaria no modifica las obligaciones de la empresa en materia de seguridad ni puede utilizarse para postergar las medidas requeridas.
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