Al calor del verano, en los últimos días se suscitó una controversia por un posteo del presidente del bloque de la UCR en la Unicameral, Matías Gvozdenovich, quien cuestionó a la administración de Martín Llaryora por el reparto de la coparticipación correspondiente al período diciembre 2024, entre otros planteos realizado por el manejo de los fondos a los municipios del interior. La Provincia defendió su accionar y aclaró que “no entiende” la crítica del dirigente de la oposición.
Sobre el cierre del año pasado, ocurrió que tanto desde el Foro de Intendentes de la UCR como desde el Comupro se le solicitó al Gobierno la posibilidad de abonar antes del 30 de diciembre lo correspondiente a la coparticipación de la segunda quincena de ese mes, que debió ser acreditada los primeros días de enero. El pedido de adelanto de los fondos estuvo fundamentado en la “difícil situación financiera” por la que atraviesan los municipios.
El adelanto de coparticipación terminó efectivizándose, pero Gvozdenovich planteó que hubo diferencias en perjuicio de algunos gobiernos locales. En la Provincia aseguran que la liquidación de la segunda quincena se hará efectivo este viernes.
“No hubo nada raro en la forma en la que se liquidó la coparticipación, todo lo contrario. La Provincia dio respuestas a los pedidos de los intendentes de todos los partidos políticos de adelantar la coparticipación de diciembre”, dijeron al diario La Voz del Interior fuente del Ministerio de Gobierno que conduce Manuel Calvo.
El impacto del último censo
La liquidación del adelanto de la coparticipación de diciembre no es el único punto cuestionado por el radicalismo. Hay otro tema que promete generar controversia, ya que podría darse un cortocircuito en torno a la modificación de los porcentajes de coparticipación en virtud de los datos que con retraso arrojó el Censo Nacional realizado en mayo de 2022, pero cuyos resultados se conocieron recién el año pasado.
Ocurre que desde este mes de enero, el Ministerio de Economía y Gestión Pública modificará el porcentual coparticipable según la variación de habitantes que tuvieron las 427 jurisdicciones provinciales, entre municipios, pueblos y comunas; y aunque aún no se conocen los datos oficiales, algunos intendentes y legisladores opositores tienen sus reservas.
Por ejemplo, Gvozdenovich sostiene que “las modificaciones deberían haber quedado plasmadas en el Presupuesto que aprobamos en diciembre, y no haberse dado de forma automática”. “En la Comisión de Presupuesto preguntamos desde hace meses para cuándo iban a estar los datos del Censo que modificarían la Coparticipación, y nos patearon más de una vez. Pero ahora, sin avisarnos, la piensan liquidar automáticamente desde enero”, sostuvo el legislador.
Fuentes oficiales confirmaron que “todavía no se liquidó bajo esos nuevos valores porque los cambios impactarán desde la coparticipación de enero, que aún no está cerrada”. Y dejaron en claro que “no es necesario” que los nuevos porcentajes de coparticipación sean aprobados por la Legislatura.
Lo que “sí debe ser informado a la Legislatura”, entienden desde el oficialismo, es “el cambio de estatus en caso de que una comuna pase a pueblo o de pueblo a ciudad. Sólo eso”, aseguran. La Ley Orgánica Municipal establece que al haber cambios en la cantidad de habitantes de las localidades, esas modificaciones se deben plasmar en el primer mes del año siguiente.
No conformes con esa respuesta, para Gvozdenovich “en caso de producirse una modificación tan importante cada diez años, lo mínimo que pueden hacer es que esa información pase por la Legislatura, donde hay una mesa específica de control y seguimiento de la coparticipación. Si no lo hacen, no nos quedará otra que ir a la Justicia por este tema”, dijo el exintendente de Arias.
Presentación en la Unicameral
El descontento sería extensible a otras ciudades del interior como Adelia María, Camilo Aldao o Huinca Renancó, por citar algunas, que podrían sufrir una variación de hasta un 10% entre lo que recibían y lo que recibirán por coparticipación luego de que se tome como nueva base los datos del Censo realizado por el Indec.
Es por esto que el 3 de enero pasado se presentó en la Legislatura un pedido de informes para que el Gobierno “transparente” cómo quedarán los porcentajes a futuro. El planteo también solicita que explique qué ocurrió con “las diferencias suscitadas” en los adelantos de coparticipación ocurridos a fines de 2024.
