El pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema será el tema central de las sesiones extraordinarias que el Congreso iniciará el lunes próximo. Ante las amenazas de Juntos por el Cambio (JxC) de paralizar las sesiones si el oficialismo avanza en el proceso, algunos dirigentes como el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, salieron a alentar la posibilidad de aprobar los proyectos (entre los que están la ampliación del máximo tribunal y la reforma del Consejo de la Magistratura) mediante Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU); lo que generó fuertes críticas en la oposición.
Desde Casa Rosada, sin embargo, ayer salieron a calmar las aguas al asegurar que “no estamos pensando en nada de eso”. Fuentes cercanas al presidente Alberto Fernández aseveraron que buscar un cambio en la Corte Suprema mediante un DNU “chocaría con una declaración de inconstitucionalidad por parte de la Justicia”. Un argumento similar esgrimieron para cualquier modificación del Concejo de la Magistratura por la misma vía, que incluso había sido alentada por el ministro de Justicia, Martín Soria, quien había admitido que “hay posibilidades: el artículo 99 (de la Constitución), que habla de los DNU, en ningún momento impide que se pueda llevar adelante un DNU, sobre todo cuando la propia Corte en el fallo insólito del 16 de diciembre de 2021 revivió una ley derogada por el Congreso para meterse a manejar la Magistratura”.
Sin embardo, desde Balcarce 50 explicaron que tampoco evalúan esa posibilidad, porque avanzar en cualquier modificación de la Magistratura vía DNU “sería de un costo político enorme y terminaría siendo frustrante”. “Buscar cambios por vía de decretos chocaría con una declaración de inconstitucionalidad por parte de la Justicia y con recursos de amparo que llevarían todo para atrás”, explicaron las fuentes de Fernández. Por último, añadieron que “hay que tener alguna garantía para poder avanzar porque si no terminan siendo derrotas épicas que no tienen ningún sentido”.
Respecto al tratamiento del juicio político en el Congreso, el oficialismo pretende acelerar los tiempos para convocar a la comisión respectiva la semana que viene en la Cámara baja, aunque tiene que sortear el bloqueo de JxC. La presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, señaló ayer que “es necesario que todos los diputados y diputadas sesionemos para tratar temas que están en la agenda de la gente como el Plan de Pago de Deuda Previsional, un problema que hoy afecta a más de 800.000 personas que no están cobrando la jubilación que les corresponde”. “Creo que va a primar la racionalidad. La primera medida es que haya quórum para tratar los paquetes de leyes pendientes que hay sobre temas judiciales, económicos y sociales. Lo que propongo es distinguir cada tema, discutir y votar”, señaló a su vez el diputado Daniel Arroyo (Frente de Todos).
Versiones sobre un vocero norteamericano
El presidente del bloque de diputados del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, rechazó ayer las versiones que circularon en las últimas horas sobre un supuesto cuestionamiento de Estados Unidos al Gobierno de Alberto Fernández por impulsar junto a un grupo de gobernadores el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
“En 2022 se presentaron 20 proyectos de juicio político contra el Presidente, la Vicepresidenta y ministros… ¿alguien del Departamento de Estado dijo algo?”, aseveró respecto a las versiones que circularon en la prensa porteña, que afirman que un supuesto vocero del organismo norteamericano, cuya identidad no se identifica, llamó a “respetar las instituciones democráticas” y la “separación de poderes” en la Argentina.
“¿Y los pedidos de juicio político a miembros de la Corte presentados por opositores?”, preguntó Martínez, quien insistió en que no hubo ninguna comunicación oficial ni extraoficial del Departamento de Estado y preguntó “¿Quién es el supuesto vocero?”
