El Gobierno sigue escalando el conflicto con las universidades públicas pese al clima de tensión general que se instaló en las casas de estudio de todo el país por el veto presidencial a la ley de financiamiento educativo, que derivó en una multiplicación de las tomas estudiantiles de sus edificios de cara al paro nacional convocado para mañana. Ayer, luego de otra encendida intervención del presidente Javier Milei, el Ejecutivo firmó una resolución que lo habilita a auditar las casas de estudios desde la Sindicatura General de la Nación (Sigen), algo que puede chocar con la autonomía universitaria.
La medida fue tomada por el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, quien autorizó al organismo que depende del Ejecutivo a controlar los fondos que se destinan a las universidades, algo que hasta el momento realizaba la Auditoría General de la Nación (AGN), un cuerpo independiente que responde al Congreso, pero que está sin completar por las dilaciones del propio oficialismo en el Parlamento para nombrar a los miembros que le corresponden.
Más temprano, en una entrevista televisiva, Milei había insistido en la supuesta resistencia de las universidades a ser auditadas: “Todos los que hacen este revuelo (por las protestas) ¿acaso están a favor de que se utilicen las universidades políticamente para robar en beneficio de delincuentes de la política? Como esto está siendo pagado por todos los argentinos, creo que corresponde que esos fondos sean auditados”, argumentó, a la vez que consideró que “la política utiliza las universidades para financiarse” y sugirió que “habría que analizar qué hacen los profesores en las aulas”.
El argumento ya había sido desmentido en varias oportunidades por los rectores de las casas de estudio, que insisten en que las universidades tienen auditorías externas (a cargo de la AGN, organismo encargado del control externo e imparcial de toda la administración pública) e internas y que si no se están llevando a cabo es por la demora del propio oficialismo en completar la formación del organismo de control.
“Si verdaderamente quieren que las auditorías de la AGN tengan mayor frecuencia de la que tienen, que tanto la Presidencia como el Congreso de la Nación la doten del personal que necesitan para poder auditar a cada facultad de cada universidad pública del país todos los años, ya que la AGN depende de ellos. Si no lo hacen es por su propia incapacidad, no le echen la culpa a las universidades de algo que le corresponde al Gobierno nacional, nosotros pasamos por todas las auditorías que hagan falta sin problemas, ya que tenemos triple auditoría: una propia de cada facultad, otra de las universidades y otra externa de la AGN”, insistió el decano de Ciencias Exactas de la UBA, Guillermo Durán, quien dijo que se trata de “un nuevo absurdo, un nuevo ataque, una nueva provocación” de Milei “con el objetivo claro que venimos viendo desde hace 10 meses, que es desfinanciar a la universidad pública, a la educación y al sistema de ciencia y tecnología”.
Por la mañana, Milei había aclarado que “la universidad va a seguir siendo pública y no arancelada, eso no se toca”; aunque por la tarde ratificó que “mi compromiso con el equilibrio fiscal es inclaudicable” y dijo que “si tengo que vetar a los jubilados y a los farsantes que defienden sus curros a través de la figura de las universidades con grandes mentiras, lo voy a hacer”.
La realidad es que la respuesta del Ejecutivo fue ponerse a sí mismo al frente de las auditorías a través de la resolución de Barra, quien habilitó a la Sigen a controlar a las universidades públicas. “Ahora los vamos a poder auditar, los chorros están en peligro”, celebró por la noche Milei. La Sigen es el órgano de control interno del Poder Ejecutivo y lógicamente, de todos los ministerios y organismos que lo integran. A diferencia de la AGN, que es conducida por la oposición, depende en última instancia del Presidente.
Vale aclarar que más del 90% del presupuesto universitario va directo a pagar los sueldos docentes, desde el Ejecutivo Nacional, por lo que los fondos que podrían estar sujetos a los “manejos políticos” denunciados por Milei son entre el 7% y 8%, que encima están destinados a garantizar el funcionamiento de las casas de estudio.
Se multiplican las tomas estudiantiles
El crecimiento de las protestas estudiantiles en universidades públicas de todo el país alcanzó niveles sin precedentes en la historia reciente. Decenas de facultades permanecen tomadas y el mal clima entre los estudiantes parece seguir aumentando, al punto que las facultades de Medicina, Exactas, Fadu, Ingeniería, Sociales, Psicología, Derecho y Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) seguían tomadas en las últimas horas, con diferentes modalidades y actividades de protestas en cada casa de estudio. En medio de este panorama, hubo un grave incidente en la Facultad Nacional de Quilmes (UNQ), donde un grupo de supuestos estudiantes libertarios irrumpió en la asamblea y atacó con gas pimienta a estudiantes y docentes. La propia universidad denunció ayer que se trató de “infiltrados” que no forman parte de la casa de estudios. “En 35 años es la primera vez que tenemos un hecho de esta violencia y coincide con el día en que personas ajenas a la universidad, que luego se identificaron cercanas a la concejala de Quilmes de La Libertad Avanza Estefanía Albasetti, estuvieron en la universidad”, aseveró el rector Alfredo Alfonso.
