La secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, expuso este miércoles en la Cámara de Diputados para defender el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley Malvinas.
La funcionaria ratificó que el Poder Ejecutivo no aceptará dividir la iniciativa como exige la oposición para aprobarla en el plenario de comisiones.
Ante los cuestionamientos por la concentración de facultades administrativas y de defensa que promueve en el Ejecutivo, La Libertad Avanza (LLA) propuso la creación de una comisión bicameral de seguimiento dentro del Congreso. La negociación busca destrabar el tratamiento del articulado que abarca sanciones económicas, seguridad exterior y modificaciones a las normas de seguridad interna y del Código penal.
El desembarco del Ejecutivo
El Poder Ejecutivo nacional desembarcó en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados para frenar los intentos de la oposición de fraccionar el proyecto. La propuesta del kirchnerismo y de bloques dialoguistas apuntaba a aprobar por separado los primeros 40 artículos, los cuales endurecen los castigos por la explotación no autorizada de recursos naturales en la Plataforma Continental Argentina.
La secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, rechazó esa posibilidad de manera tajante durante su exposición ante los legisladores. La funcionaria sostuvo que el primer tramo del texto resulta inseparable de las atribuciones ejecutivas que otorga el proyecto al flamante Consejo de Seguridad Nacional -que crea la norma y sería encabezado por el Presidente- para aplicar la diplomacia y la custodia territorial.
La representante del Gabinete nacional expresó: «Entendemos que el título primero no se puede tratar por separado del resto. Para poder defender las Islas Malvinas y el resto del territorio necesitamos no solo regímenes sancionatorios fuertes, sino también que el Estado y nosotros como argentinos tengamos las competencias y facultades necesarias para que nuestras relaciones diplomáticas no sean solo de palabra».
Los organismos advierten por los alcances del proyecto de “Defensa de la Soberanía Nacional”
Propuesta de control parlamentario
Durante su intervención, la funcionaria intentó atenuar las críticas opositoras vinculadas a la delegación de facultades al Poder Ejecutivo y a la creación del Consejo de Seguridad Nacional. Para responder a los reparos sobre la falta de control parlamentario, la enviada del oficialismo anunció la intención de sumar un órgano de supervisión legislativa.
Ibarzabal Murphy señaló que se evalúa incorporar una comisión bicameral de seguimiento del Consejo de Seguridad, con la obligación expresa del Ejecutivo de mantener una comunicación permanente.
No obstante, legisladores opositores objetaron la efectividad de ese mecanismo de fiscalización y remarcaron que el texto original mantiene un marco de excesiva centralización.
Por su parte, el diputado Eduardo Falcone advirtió sobre las atribuciones militares que otorga la norma al Consejo de Seguridad sin la intervención del Poder Legislativo. El legislador reclamó que el Congreso debe autorizar el accionar de las Fuerzas Armadas en situaciones eventuales de conflicto bélico o derribo de naves extranjeras, respetando lo establecido por la Constitución Nacional.
Reclamos de la oposición y puntos críticos del texto
Las objeciones de los bloques opositores abarcaron diversos puntos de la iniciativa gubernamental, desde el aspecto militar hasta la regulación del debate público. El diputado Maximiliano Ferraro rechazó el formato del debate y solicitó la citación formal del canciller Quirno y del ministro de Defensa, general Carlos Presti, junto a referentes de organizaciones civiles.
Ferraro alertó sobre una «tentación de unanimidad, de militarización y de concentración del poder grave» dentro del articulado. Asimismo, desde la oposición cuestionaron la posibilidad de otorgar una amnistía implícita a firmas que operaron sin permisos en aguas argentinas, además de las dudas que genera la prohibición del financiamiento extranjero en campañas políticas.
El exministro y diputado Agustín Rossi cuestionó la coherencia de las políticas oficiales en materia de soberanía. El dirigente opositor contrapuso las restricciones del proyecto con las iniciativas económicas del Poder Ejecutivo destinadas a incentivar el ingreso de inversiones y capitales del exterior.
Modificaciones en análisis sobre libertad de expresión
Otro punto debatido fue el artículo 111, que fija penas de 5 a 12 años de prisión para quienes «ejecuten campañas de desinformación» o sabotaje «bajo el financiamiento de organizaciones o Estados extranjeros». Dirigentes parlamentarios y entidades de prensa expresaron temor por posibles limitaciones al ejercicio del periodismo y la libertad de expresión.
Ante las observaciones vertidas en la comisión, Ibarzabal Murphy se mostró predispuesta a modificar la redacción técnica del apartado para evitar interpretaciones restrictivas.
La funcionaria aclaró que la norma «no criminaliza el error periodístico ni la difusión falsa» y aseguró la voluntad de realizar correcciones a la redacción del texto en el dictamen final.
El texto en discusión deroga la Ley 26.659 y contempla sanciones pecuniarias, administrativas y penales para actividades hidrocarburíferas y pesqueras no autorizadas. Además, prevé un período de regularización para empresas en infracción y asigna al Presidente de la Nación la conducción directa de los organismos de inteligencia y defensa nacional.
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