En un concurrido plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, representantes de organismos civiles y de Derechos Humanos cuestionaron duramente hoy el proyecto de “Defensa de la Soberanía Nacional” impulsado por el Gobierno, que incluye sanciones penales y económicas a empresas extranjeras que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas, pero también contiene reformas profundas en el sistema de seguridad y defensa nacional.
La expectativa oficial
El oficialismo empieza a calentar motores para dictaminar la semana que viene, con la expectativa de llevar el proyecto al recinto el 21 de octubre.
La iniciativa del Gobierno, de 133 artículos, endurece sanciones económicas y penales a la explotación económica en Malvinas sin autorización argentina pero también rediseña las áreas de defensa, inteligencia y seguridad en Argentina y supone una amenaza a la opinión libre.
La oposición denuncia que la norma es un “caballo de Troya” para subordinar la política de seguridad y defensa al plan de “contrainsurgencia” de Estados Unidos para América Latina.
La estrategia de Unión por la Patria, el principal bloque de la oposición, es lograr que el oficialismo acepte reducir el proyecto a los artículos que contienen sanciones penales y económicas, y dejar afuera todo lo demás.
Las críticas de los organismos
Por el Centro Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), Jerónimo Guerrero Iraola comparó al Gobierno de Javier Milei con el de Mauricio Macri y aseguró que “ha regalado la iniciativa al Reino Unido en el Atlántico Sur”.
“Mientras vende humo, favorece el servilismo al Imperio británico”, disparó el referente, que consideró que el proyecto del Gobierno como “un punto más en el plan sistemático de entrega de la soberanía”.
A su turno, Paula Litvachky del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que la iniciativa “reconfigura áreas centrales del Estado para dar lugar al Estado antiterrorista”.
“El proyecto intenta una reconfiguración profunda de áreas centrales del Estado, para dar lugar al Estado antiterrorista, que reorganiza el aparato de defensa, seguridad e inteligencia bajo el paraguas de la doctrina seguridad nacional”, señaló la especialista, quien explicó que “esta idea de seguridad nacional opera como marco político para justificar una fuerte concentración de poder en el Ejecutivo, el despliegue de medidas de excepción en forma normalizada”.
La representante del organismo de derechos humanos alertó que el proyecto “amplía la persecución del terrorismo” con la consecuente una “restricción de libertades civiles”, y lo hace a través de una “definición muy laxa” sobre lo que significa el “terrorismo” y la “amenaza externa”.
“Porque esto deja abierta la puerta a la discrecionalidad y la arbitrariedad estatal. Y, por lo que se ve en otros países de la región, el resultado es la securitización (es decir, la criminalización) de conflictos o de fenómenos sociales”, agregó y advirtió que “no se pueden hacer consideraciones vagas sobre lo que significa una amenaza”, al tiempo que cuestionó que le de rango legal al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) .
Finalmente, advirtió que “el proyecto otorga facultades administrativas y sancionatorias al Consejo de Seguridad Nacional por fuera de las reglas institucionales” y “propone una reforma penal importante para introducir figuras penales laxas que pueden derivar en un estado de sospecha muy peligroso”.
“Es evidente lo difuso, ambiguo y peligroso de esta capacidad de etiquetar como enemigo de la seguridad nacional a actividades personas u organizaciones sin tener que dar muchas explicaciones”, destacó, puesto que “implica una concentración de poder inédita que puede ser aplicada sobre riesgos o amenazas cuya definición es tan vaga que prácticamente cualquier problema podría ser catalogado de esa manera”.
“Pero además el proyecto también establece que las sanciones amplias que pueden imponerse, pueden ser aplicadas como medidas urgentes, es decir, sanciones anticipadas, incluso sin tener un procedimiento iniciado. Es decir, es como usar las herramientas del Estado de sitio, pero sin los controles previstos”, expresó Litvachky, quien advirtió que “este proyecto justifica medidas que pueden ser utilizadas contra el propio pueblo”.
“La defensa de la soberanía implica no regalar nuestras tierras, no impulsar la extranjerización y defender nuestros recursos naturales”, advirtió y subrayó que “el proyecto incorpora peligrosamente delitos vinculados a lo que denomina actividades terroristas”, de manera tal que “amplía la persecución por terrorismo con límites difusos que deriva en prácticas arbitrarias y en la restricción de libertades civiles y políticas sin que haya mucha posibilidad para reclamar al Estado”.
La posición de Filmus
El ex secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Antártida y Atlántico Sur Daniel Filmus (2014-2015 y 2019-2021) ponderó la política permamente de defensa de la soberanía de las islas Malvinas durante los gobiernos a los que perteneció y aseguró que “este proyecto avanza en la dirección contraria”.
Entre otros puntos inquietantes, el también ex diputado nacional alertó que la iniciativa “establece protocolos de derribo, contempla el hundimiento de buques y prepara a las Fuerzas Armadas para operaciones no convencionales”.
“Estas disposiciones ofrecen al Reino Unido elementos para fortalecer su narrativa de amenaza ante sus aliados de la OTAN”, estimó al finalizar.
Los puntos clave del proyecto
La iniciativa prevé la inhabilitación y penas de prisión de hasta 20 años de prisión para directores o accionistas de empresas que exploten recursos renovables o no renovables en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes, sin autorización argentina.
Para ello, reemplaza la actual Ley 26.659 y se amplían las prohibiciones, que ya no alcanzarán solamente a los hidrocarburos sino a cualquier aprovechamiento no autorizado por la Argentina de recursos naturales renovables y no renovables. Dispone un registro público de infractores y el Estado y los particulares tendrán prohibido contratar a los allí inscriptos.
Se incorpora además el juicio en ausencia para los delitos previstos en la nueva ley y el bloqueo de bienes y fondos.
Por otra parte, la iniciativa crea un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, titular de la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.
Esta unidad concentraría poderes excepcionales, ya que tendrá a su cargo la coordinación estratégica de las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de dictar la intervención de las Fuerzas Armadas “en la protección de infraestructuras críticas”.
El Consejo podrá disponer medidas urgentes “ante una amenaza grave e inminente”, entre ellas restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, restringir importaciones y exportaciones y elevar temporalmente derechos aduaneros.
Entre las prerrogativas, se autoriza el derribo de aeronaves y hundimiento de buques considerados hostiles.
Por otro lado, la maga norma prohíbe aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas políticas.
También incorpora delitos por revelar secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, colaborar materialmente con operaciones clandestinas de inteligencia y realizar, por cuenta o con financiamiento extranjero, “acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública” mediante “campañas coordinadas de desinformación masiva”, con penas de prisión de entre 5 y 12 años, así como promover o financiar actos de violencia o sabotaje.
El detalle es que el órgano encargado de juzgar y definir tales acciones –definidas de manera muy ambigua en el proyecto- es el propio Consejo de Seguridad Nacional.
Por ello, entidades como FOPEA señalan que la norma otorga discrecionalidad al Ejecutivo, “fomentando la autocensura y la persecución de la crítica legítima”.
Desde el Gobierno defienden la iniciativa al sostener que lo que se busca es frenar la guerra informática de potencias extranjeras y no la labor periodística individual.
El proyecto también redefine las funciones de la Defensa Nacional autorizando su intervención en seguridad interna “ante amenazas externas estatales y no estatales”.
Con la incorporación por ley del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) se habilita la inmovilización de bienes y la prohibición de operaciones económicas o financieras con personas y entidades inscriptas por su vinculación con el terrorismo o a su financiamiento.
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