La masiva movilización de la semana pasada en apoyo a los jubilados, que terminó en fuertes enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, derivó ahora en un complejo enfrentamiento judicial debido a las múltiples denuncias cruzadas presentadas entre las partes, donde el Gobierno nacional no tiene necesariamente las de ganar.
Ya el viernes a la mañana, el Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich realizó una presentación contra los “grupos organizados de barras bravas” que participaron de la movilización por los delitos de “sedición, atentado al orden público y asociación ilícita”. En el escrito también se apunta contra dos intendentes del PJ, Fernando Espinoza y Federico Otermin, y contra Leandro Capriotti, un dirigente peronista de San Martín ligado a la vida política del club de fútbol Chacarita.
Sin embargo, el fiscal Franco Picardi le pidió a la cartera de Bullrich que aporte los elementos de prueba que dijo tener en la denuncia para “evaluar la plataforma fáctica” sobre la que se erigen las acusaciones: hasta ayer, no había recibido ninguno de los materiales solicitados, lo que tiende un manto de dudas sobre las acusaciones. “Sin aportar ni una sola prueba y con vagas referencias a medios de comunicación, la ministra de Seguridad de Milei trata de ocultar la terrible represión que el Gobierno ordenó”, respondió Espinoza; mientras Otermín reclamó que «todo esto es absolutamente falso (…) la verdad es que a los jubilados les cuesta sobrevivir y que reprimen con ferocidad para atemorizar».
Ya la jueza contravencional y de faltas porteña Karina Andrade, que liberó a 114 detenidos por los incidentes en el Congreso, había señalado la falta de información básica sobre los apresados y las circunstancias de su detención, incluso criticó a la fiscalía porque no entregó pruebas ni pidió medidas en la causa. «Nadie me trajo información de que había barrabravas», dijo luego Andrade, quien explicó que no tenía «ninguna información de que se estaba llevando adelante alguna acción de una organización delictiva» y enfatizó que «hubo detenciones que no fueron informadas y que no cumplieron con los requisitos mínimos». «Las investigaciones no están cerradas, el Ministerio Público Fiscal las tiene en pleno trámite», aclaró empero.
La respuesta del Ejecutivo fue acusar a la juez de ser “kirchnerista”: el Mineisterio de Seguridad anunció que hoy presentará una denuncia en su contra por los delitos de incumplimientos en los deberes de funcionario público y prevaricato, por liberar a los detenidos.
Acusaciones contra Bullrich
A la vez, hubo una ola de presentaciones sobre Bullrich y su cartera por el accionar de las fuerzas de seguridad en la protesta. Beatriz Blanco, la jubilada que acabó en el Hospital Argerich con un traumatismo encéfalo craneano luego de caer de espaldas al piso empujada por un policía, denunció a la ministra, al responsable del operativo, y a los dos agentes involucrados en la acción por lesiones leves, agravadas por “abuso de autoridad”.
El abogado Gregorio Dalbón incluyó también el caso entre una larga lista de incidentes de la policía -como las detenciones de dos chicos de 12 y 14 años- en su propia denuncia contra la ministra por los delitos de “abuso de autoridad, violación de en los deberes de funcionario y lesiones graves agravadas por alevosía”.
“Si el que las hace las paga, Patricia Bullrich será indagada procesada y condenada por la salvaje represión y la violación a los derechos humanos de los ancianos y periodistas”, aseguró luego Dalbón.
También presentaron denuncias el exsecretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, y, en conjunto, Dora Barrancos, Adolfo Pérez Esquivel y Roberto García Cipriano, miembros de la Comisión Provincial por la Memoria, un organismo que promueve políticas públicas sobre derechos humanos.
A su vez, Alberto Gentili, el fiscal de la Procuvin, una procuraduría contra la violencia institucional, actuó de oficio la misma noche de los incidentes y abrió dos causas, una por la agresión contra la jubilada Blanco y otra por la que sufrió el fotógrafo Pablo Grillo, que recibió el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno disparada de forma horizontal y continúa en estado muy delicado en el hospital Garraham (ver…). Hasta un hincha de Chacarita denunció a Bullrich luego de perder un ojo por la represión en el Congreso.
Fuerte respaldo del jefe de Estado
El presidente Javier Milei salió a darle el viernes un firme respaldo a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras los incidentes de la semana pasada al considerar que “los buenos son los de azul y los hijos de puta que andan con trapos en la cara y queman autos tienen que ir presos”.
Al presentarse en Expoagro con Bullrich, el jefe de Estado reivindicó la política de seguridad de su ministra y dijo que seguirá “acelerando en la curva”.
“No casualmente mi eslogan en términos de seguridad coincidía con alguien que compitió conmigo, y que su grandeza permitió que se sumara a este Gobierno: ‘el que las hace las paga’”, dijo sobre su ministra.
Lo cierto es que, para la marcha del próximo miércoles, el Gobierno ya anticipa que volverá a desplegar todo el uso de la fuerza: “No van a dar ni un paso atrás porque sino esto se lleva puesto al Gobierno”, afirmaron fuentes de la Casa Rosada.
La ONU pidió investigar la represión
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) realizó dos presentaciones en el ámbito internacional: una ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otra ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que respondió inmediatamente, reclamando a las autoridades “investigar con diligencia” la represión. “Según información recibida por la Oficina Acnudh, participantes de la manifestación se vieron expuestos a un uso indiscriminado de la fuerza por parte de la autoridad.
Muchas manifestantes eran personas de edad avanzada que exigían pacíficamente derechos sociales en materias de jubilación y salud”, advirtieron desde la ONU y expresaron su “preocupación” por el estado de salud de Pablo Grillo.
Desmienten la versión oficial sobre Grillo
Un informe de la organización Mapa de la Policía -una iniciativa de la sociedad civil- desarmó rápidamente los argumentos de Patricia Bullrich sobre el incidente que ocasionó las heridas de Pablo Grillo, el fotógrafo que recibió el disparo de un gas lacrimógeno en su cabeza.
El informe fue realizado por el perito físico Rodolfo Pregliasco, quien desmintió que el disparo haya respetado el protocolo oficial que indica apuntar a 45 grados y hacia arriba. «La trayectoria del disparo va directo a la cabeza de él (por Grillo)», explicó Pregliasco, quien indicó que «hubo una trayectoria rectilínea de arriba hacia abajo, que si la proyectás hasta el cordón policial te da la altura de una persona» y aclaró que «ese cartucho no rebotó en ningún lado» antes de impactar en el fotógrafo.
Bullrich había asegurado que el disparo policial respetó el protocolo oficial y que por un rebote en la “estructura metálica” que estaba enfrente de grillo se desvío su trayectoria para pegar en Grillo, versión que se contradice con las propias imágenes que circularon apenas unas horas después del incidente.
Alertan sobre el riesgo de la deriva autoritaria
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez describió ayer al Gobierno actual de Argentina como “un modelo autocrático con tendencias neofascistas”, a pesar de haber llegado al poder democráticamente. “Ignora la Constitución, la ley, la división de poderes y la tolerancia democrática”, alertó Gil Domínguez, quien remarcó que, a diferencia de un estado de excepción, que busca preservar el orden constitucional y los derechos, “este modelo va en contra de los derechos constitucionales y los tratados de derechos humanos. El Gobierno actual pone en riesgo la democracia representativa, republicana y federal, con niveles de violencia que recuerdan a la dictadura”, aseguró el especialista. “El Gobierno no avanza sobre el poder judicial en general, sino sobre aquellos jueces que limitan su accionar aplicando la Constitución”, advirtió Gil Domínguez, quien cuestionó que el Gobierno gobierne por decreto, autorizando la toma de créditos con el FMI, “lo cual podría ser desconocido en el futuro”.
Por último, el abogado se refirió a los incidentes que se produjeron en la marcha de jubilados el pasado miércoles en el Congreso. “El Gobierno argumenta un intento de golpe de estado para justificar una mayor violencia y represión, pero no hubo tal intento”, expresó y alertó que “se espera que este modelo se vuelva más violento”.
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