Lejos de bajar la tensión, el gobierno nacional redobló la apuesta en el conflicto que mantiene con los grupos de jubilados que todos los miércoles protestan por una serie de reclamos -que incluye la recomposición de sus haberes y el sostenimiento de la moratoria previsional- y que la semana pasada terminó en fuertísimos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en Caba, con participación de hinchas de fútbol, partidos políticos y distintos gremios.
En vísperas de una nueva movilización, que sigue creciendo en envergadura a nivel nacional, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió a defender el operativo represivo al presentar la flamante “Ley Antibarras”, con la que intenta desalentar la participación de hinchas en la manifestación de los miércoles. La norma «tipifica el delito en un tipo de asociación ilícita especial, como una organización criminal», afirmó la funcionaria, que indicó que la nueva figura «se amplía a todos los negociados que rodean a la actividad de estas barras bravas».
Vestida con ropa militar, Bullrich prometió en conferencia de prensa que a través del proyecto de ley «los que generan hechos de violencia no van a poder ingresar a los estadios» de fútbol. A la vez, la funcionaria defendió la represión policial de la semana pasada e incluso el accionar del gendarme responsable de dispararle al fotógrafo Pablo Grillo, que sigue en estado crítico tras recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza.
“Los análisis que hacen no son rigurosos. Las reconstrucciones que están haciendo no cumplen con los protocolos que tienen las fuerzas de seguridad”, aseveró respecto a las pericias que indican que el gendarme violó los protocolos de actuación y le disparó directamente a Grillo. “El disparo no fue directo a la cabeza. El disparo fue hecho de acuerdo al protocolo que tiene la Gendarmería”, enfatizó la ministra pese a que los videos muestran exactamente lo contrario. “El reglamento señala que el efectivo debe tirar de forma oblicua hacia el suelo. Ese disparo no va a la cabeza, eso no es verdad. Rebota. No sabemos si una o dos veces”, insistió contra toda evidencia.
Ocurre que el gendarme en cuestión ya fue identificado: se trata del cabo primero Guerrero, cuya identidad fue confirmada por la plataforma Mapa de la Policía. “El gendarme cumplió con el reglamento”, insistió ayer Bullrich, quien sentenció: “Que ahora queramos apuntar al gendarme y no a los miles que fueron a querer voltear al gobierno no es correcto”.
Pero además, en paralelo a su defensa de la Gendarmería, Bullrich presentó una denuncia penal contra la jueza porteña Karina Andrade, quien liberó a más de 100 detenidos tras la represión por falta de información y pruebas sobre las causas y circunstancias de sus aprensiones. “No fue un error, fue complicidad”, escribió Bullrich en sus redes sociales, donde informó que denunció a la magistrada por “prevaricato, abuso de autoridad y encubrimiento agravado”.
DENUNCIAMOS A LA JUEZA ANDRADE
Los violentos de siempre, los barras bravas y los militantes kirchneristas y de izquierda atacaron con palos, cuchillos y fuego, dejando policías heridos y patrulleros incendiados. Pero la jueza Andrade los dejó libres sin siquiera revisar sus… pic.twitter.com/HiPLP7atrM
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 17, 2025
En la presentación judicial, la cartera de Seguridad denuncia que Andrade “basó su resolución en pura ideología” y que entre los detenidos había personas con antecedentes por robo, drogas y portación de armas. “La llamada marcha fue un intento no de defender derechos, sino de alterar y destruir el orden público ganado en la Argentina en todo el 2024”, sentenció luego Bullrich, que de cara a la movilización convocada para mañana fue contundente: “Vamos a garantizar el orden. Si hay violencia, habrá consecuencias”, afirmó.
Identificaron al autor del disparo contra Grillo
Los peritos que analizaron el material audiovisual de la protesta determinaron que el disparo que hirió al fotógrafo Pablo Grillo -que aún está internado y pelea por su vida- no rebotó en el suelo, como sugirió el Gobierno, sino que fue realizado en línea recta hacia él, una práctica prohibida por la ley. La organización Mapa de la Policía identificó además la identidad del gendarme que realizó el disparo: se trata de un cabo primero de apellido Guerrero. Los peritos especializados Willy Pregliasco y Martín Onetto determinaron la posición del tirador y el lugar exacto desde donde se hizo el disparo, así como también su dirección y trayectoria, horizontal y descendente. A pesar de esto, el Gobierno descartó cualquier tipo de sanción para el gendarme y defendió su accionar.
¿Quién le disparó a Pablo Grillo?
Desde el Mapa de la Policía, realizamos una segunda reconstrucción en donde identificamos al tirador que hirió gravemente a Pablo.
Esto fue posible gracias a la participación colectiva de quienes aportaron nuevas evidencias sobre el hecho.
— Mapa de la Policía (@mapadelapolicia) March 17, 2025
Juez advierte que vigilará la nueva protesta
El juez en lo contencioso administrativo federal Martín Cormick rechazó una medida cautelar para anular el “protocolo antipiquetes” que pone en práctica el Gobierno para contener las manifestaciones, pero advirtió que vigilará la marcha de mañana para “evitar abusos de la policía”.
El pedido para anular el protocolo había sido presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y un grupo de organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional. Los demandantes dijeron que el protocolo es inconstitucional porque “vulnera derechos constitucionales como la libertad de expresión, de reunión y otros garantizados por la Constitución Nacional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
El juez entendió que no debía pronunciarse porque “implicaría inmiscuirse en otro poder del Estado” y consideró que no podía aprobar la declaración de nulidad del protocolo porque “adoptar tal decisión conduce a abordar la cuestión de fondo y -por lo tanto- no corresponde a título cautelar expedirse acerca de ello en resguardo del principio de contradicción que guía a todos los procesos y del derecho de defensa consagrado constitucionalmente”.
Sin embargo, advirtió que “el Tribunal no desconoce ni es impasible a los desgraciados hechos de público conocimiento sucedidos el 12 de marzo pasado que no aparecen adecuados a los principios republicanos que consagra la Constitución Nacional y las normas supranacionales que constituyen la ley suprema de nuestro país”; por lo que anticipó que el cuerpo “observará presencialmente con suma atención todo lo que allí suceda a efectos de incorporar de oficio toda prueba relativa a cualquier conducta, hecho y/o acto que resulte procedente para resolver” el plateo de inconstitucionalidad del protocolo de Patricia Bullrich.
El Gobierno radicó una causa por “sedición” y “atentado al orden público”
Piqueteros, gremios y movimientos se suman a la marcha
El Gobierno enfrentará el miércoles una nueva protesta de jubilados que estarán acompañados de los mismos sectores que el 12 de marzo pasado terminaron enfrentados en graves incidentes con las fuerzas federales y la policía porteña, incidentes que dejaron a 16 personas hospitalizadas. El tema es que cada día se suman nuevos actores a la marcha: desde los piqueteros de izquierda, entre ellos el Polo Obrero; a movimientos sociales como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) o el Movimiento Evita y Barrios de Pie; o centrales sindicales como CTA y ATE Capital.
Este último gremio que conduce Rodolfo Aguiar anunció ayer su participación después de “la salvaje represión” de la semana pasada, como expresó en el comunicado donde anunció que participará “con todas las bases de los sindicatos y organizaciones de diversa índole que ya confirmaron la próxima movilización al Congreso, este miércoles a las 17”. El líder sindical anunció incluso “un cese de tareas para que todos los trabajadores se puedan incorporar a la movilización” que, analizan en la Casa Rosada, se perfila multitudinaria.
Pese a ello, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió que «serán reprimidos por la fuerza del orden si es que utilizan la violencia para expresarse» y aseguró que «el uso de la fuerza está absolutamente establecido y reglamentado». «Si es una marcha como la que han venido haciendo los jubilados durante tiempo, planteando un reclamo que es absolutamente legítimo, no tenemos ningún problema», sostuvo en declaraciones radiales, donde advirtió: «Pero si se agregan agentes violentos que lo que pretenden es desestabilizar serán reprimidos por la fuerza del orden si es que utilizan la violencia para expresarse».
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