El oficialismo inició ayer, en la Cámara de Diputados, el trabajo en la Comisión de Juicio Político que analizará los proyectos para enjuiciar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia por mal desempeño de sus funciones, en un marco de fuerte tensión con la oposición que denunció una “puesta en escena” y un “circo” del Frente de Todos (FdT).
Con 16 de los 31 miembros del cuerpo, el oficialismo tiene la mayoría simple necesaria para abrir el sumario de acusación contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Por tanto, se descuenta el avance en varios de los 14 pedidos de juicio político que estudia la comisión. Sin embargo, está lejos de poder contar con los dos tercios de votos necesarios en ambas cámaras para poder declarar culpables a los acusados y aplicarles las sanciones correspondientes, como destacó la propia oposición, que denunció el objetivo de armar “una puesta en escena” y un “circo” por parte del oficialismo.
Así lo expresó el vicepresidente de la Cámara de Diputados Omar de Marchi (PRO), quien pidió la palabra para denunciar “esta puesta en escena que nos ofrece hoy el presidente (Alberto Fernández), que es el principal impulsor mediático de este circo que montan a diario”. “La agenda del Gobierno tiene que ver con intervenir y manipular” al Poder Judicial que “tuvo la valentía de condenar al poder en la Argentina”, enfatizó de Marchi.
“No nos vamos a someter al juicio político que ustedes promueven pero sí vamos a defender la independencia judicial con nuestro cocimiento”, agregó el presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López.
A su turno, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman afirmó que a los dos bloques mayoritarios “les conviene estar discutiendo este tema y no sobre los grandes problemas económicos” de la Argentina. Sin embargo, la diputada aseguró que “hay grandes motivos para cuestionar” a este tribunal que “es la Corte del 2 por 1”.
Por parte del oficialismo, Leopoldo Moreau consideró que “esta no es la Corte de los argentinos, esta Corte tiene dueños que son los 500 empresarios que han obtenido fallos favorables” y salieron a defenderla, así como también los “medios hegemónicos que quedaron desnudos con la ‘Banda de Lago Escondido”. “Hay que poner fin a este procedimiento mafioso del que forma parte la Corte”, enfatizó Moreau, quien recordó que tanto Rosatti como Rosenkrantz “aceptaron ser designados por decreto” por Mauricio Macri.
En total, son cuatro las acusaciones que pesan sobre los miembros del tribunal: en primer lugar se cuestiona el fallo que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en el conflicto por la coparticipación federal, con el escándalo de los chats entre el vocero de Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Justicia de CABA, Marcelo D’Alessandro, como fondo. También se acusa a la Corte por el fallo con el que favoreció a JxC (en detrimento del FdT) en la composición del Consejo de la Magistratura. Por último, hay pedidos de juicio político que abrevan en el mal manejo de la obra social, y en el fallo del dos por uno que pretendió beneficiar a represores de la última dictadura militar.
Una nueva denuncia involucra a Rosatti
El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, acumuló ayer otra denuncia en su contra antes de que se iniciara el proceso de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Esta vez, quien lo denunció fue el abogado Pablo Llonto por haber desactivado el ente que se encarga dentro del máximo tribunal del país de impulsar los juicios contra los responsables de la última dictadura militar.
“La conducta de Rosatti deshonra las obligaciones internacionales de nuestro país en materia de derechos humanos”, remarcó Llonto, que ejerce como querellante en infinidad de causas por crímenes de la dictadura. Además de las acusaciones por el fallo del 2 por 1, sobre Rosatti pesa otra denuncia de la ex detenida-desaparecida Patricia Isasa por haberle dado cobertura al represor Eduardo Ramos Campagnolo mientras era intendente de Santa Fe.
