El ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, negó ayer que la integrante de la Policía de Córdoba, la sargento 1º Claudia Susana Melián Aranibar, haya concretado tareas de inteligencia ilegal durante la manifestación del jueves pasado en nuestra ciudad, en conmemoración de la rebelión del 19 y 20 de diciembre de 2001 y para repudiar el decreto de necesidad y urgencia anunciado por el presidente Javier Milei.
A pesar de que dicha uniformada participó del operativo de la fuerza tomando fotografías de los presentes e identificada con una “pechera de prensa”, el funcionario desmintió que se haya tratado de «una tarea de inteligencia policial hacia militantes y dirigentes sociales y políticos».
En una reunión con la conducción del Círculo Sindical de la Prensa y Comunicación de Córdoba (Cispren) realizada en la víspera en su despacho del Centro Cívico, Quinteros garantizó que se «corregirá esta forma» de control, a la vez que aclaró que «la agente realizaba su trabajo para el área de Comunicación» de la Policía.
En dicho encuentro, la secretaria General del Cispren, María Ana Mandakovic, y los dirigentes Miguel Apontes y Néstor Pérez, expresaron su preocupación por la detención durante el cacerolazo de la semana pasada de cinco manifestantes, entre ellos el periodista Rodrigo Savoretti, del medio autogestivo «Enfant Terrible».
El gremio planteó la necesidad de que las autoridades reconozcan el Registro de Trabajadoras y Trabajadores de Prensa (Retrapren), instrumento que busca reafirmar los derechos laborales específicos y las garantías consagradas en la Constitución Nacional y el Estatuto del Periodista Profesional y prevé la emisión de una credencial a los periodistas para facilitar el libre ejercicio del oficio.
Además, se hizo hincapié en los avances que hubo con las anteriores conducciones de la Policía de la Provincia, cuando se acordó cómo identificar a un trabajador de prensa y el contacto permanente con el sindicato frente a cualquier situación que involucre a periodistas.
Se resaltó la importancia de la acreditación que otorga el Retrapren, y la necesidad de retomar el trabajo con la Policía y el Ministerio de Seguridad, mencionándose la “capacitación” que brindó el Cispren en 2019 a toda la Plana Mayor de la fuerza sobre el “derecho a la información y la libre expresión”.
Durante la audiencia, se coincidió sobre el clima social y político que reina en Córdoba y el país, que adelanta un aumento de la conflictividad. Quinteros reafirmó que en Córdoba no se aplica el “protocolo antipiquetes” del Ministerio de Seguridad de la Nación y que se rige por la resolución de la Justicia provincial, a partir de hábeas corpus presentados contra los cortes de calles. Finalmente, el Cispren adelantó que también solicitará una audiencia con el fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado.
