Desde diciembre de 2023 hasta hoy, el presupuesto otorgado por el Gobierno Nacional a las universidades públicas cayó un 30% y, en consecuencia, los salarios reales docentes un 23%.
Estos datos, publicados por Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), se venían anticipando con la serie de medidas que llevó adelante el presidente Javier Milei, sumado al veto sobre la Ley de Financiamiento Universitario.
Durante todo el 2024, el ámbito estudiantil superior rechazó estas iniciativas por parte del oficialismo y se manifestó en las calles acompañados, no sólo por estudiantes y docentes de instituciones públicas y privadas, sino también por varios sindicatos que se plegaron a la jornada de lucha.
De acuerdo a las organizaciones que formaron parte, y en referencia a movilizaciones anteriores, se calculó que en la primera marcha realizada el 23 de abril, estuvieron presentes más de 800 mil personas y según un relevamiento nacional realizado por el Equipo Mide, «el 51% de los encuestados apoyó la Marcha Federal Universitaria, mientras que sólo un 22% se opuso».
A pesar de la impactante presencia del movimiento universitario, desde el Gobierno Nacional aseguraron que fue «un reclamo genuino, pero construido sobre una mentira» e, incluso, en palabras del propio Milei, las agrupaciones políticas y sociales que participaron «demostraron el miedo que le tienen» a la figura presidencial.
«En el fondo, muestran el miedo que me tienen, lo grande que soy respecto a ellos y lo poca cosa que son respecto a mí. Quiere decir que ninguno de esos está a la altura de tener una discusión ínfimamente razonable», expresó.
Otra de las problemáticas que instaló el Ejecutivo Nacional fueron las auditorías a las que, supuestamente, las universidades públicas no querían someterse; desde la Universidad de Buenos Aires (UBA), y desde muchos rectorados de otras universidades públicas, sostuvieron que eso no era cierto, debido a que las realiza la Auditoría General de la Nación (AGN) desde 1994, año en que se reformó la Constitución Nacional y se estableció la autonomía universitaria.
Asimismo, el secretario de hacienda de la UBA, Matías Ruiz, indicó que siempre informan «todas las auditorías» y que, además, están en la página web «porque son públicas». «No es nuestra palabra, sino que es algo que pueden ver todos y que tiene el Poder Ejecutivo Nacional», añadió.
Aunque la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) no tenía competencias para poder auditar las universidades, el Gobierno Nacional decidió que interviniera y así fue como el titular del organismo, Miguel Blanco, comunicó las investigaciones que realizaron para confeccionar informes presupuestarios.
«Revisamos el destino, la aplicación, la documentación sustentadora, si están de acuerdo los objetivos, y si se han subcontratado a terceros. Generamos un informe que se discute con las autoridades, y luego se eleva a Presidencia de la Nación, Jefatura de Gabinete y Secretaría General de la Presidencia. También al rector. Si hay un actor de la sociedad que debe dar el ejemplo de transparencia son las universidades», señaló Blanco.
Pasadas las semanas, y si bien no se dio a conocer ninguna irregularidad en ningún aspecto, desde Nación comenzaron a instalar la idea de que las universidades albergaban estudiantes «inventados» para recibir mayor presupuesto, situación que rectores de distintas instituciones públicas desmintieron, debido a que la inscripción es online y si esos estudiantes no están inscriptos, no pueden rendir exámenes.
Oscar Arellano, rector de la Universidad de Catamarca (UNCA), fue uno de los que apuntó contra el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, y lo acusó de tener «absoluto desconocimiento» sobre cómo funciona el sistema universitario.
«La universidad pública argentina tiene el ‘SIU’, que es el Sistema de Información Universitario del país y maneja todo lo relacionado a los alumnos, desde la inscripción hasta que se recibe. Un estudiante tiene que inscribirse todos los años en ese sistema porque, de lo contrario, deja de pertenecer a la institución. Como la inscripción se renueva anualmente por la propia voluntad del estudiante, es imposible que las universidades inventen estudiantes«, explicó Arellano.
El día anterior a la segunda Marcha Federal Universitaria, realizada el 2 de octubre, Torrendel expresó que esa movilización se trataba de una protesta «antigobierno» y que «varias de sus consignas» estaban vinculadas «solamente al problema de los salarios», cuando el mayor porcentaje del presupuesto está destinado a los sueldos docentes.
«Los datos de funcionamiento, que se pautaron a través de las universidades, no solo incluyen la inflación de este año, sino también la del año previo. Los salarios se están recomponiendo y el Gobierno está dispuesto a revisar la partida presupuestaria que mandó para el 2025, en términos de educación», declaró a Noticias Argentinas.
Sin embargo, esta segunda movilización también fue multitudinaria: se calculó que asistió más de un millón de personas en las inmediaciones del Congreso, mientras otras 400.000 marcharon en el interior del país.
En esta oportunidad, se rechazó de antemano el veto del Poder Ejecutivo a la Ley de Financiamiento Universitario, además de reclamar un mejor salario docente.
«Los estudiantes de toda la Argentina le pedimos, en un grito de auxilio para salvar al sistema: ¡promulgue la Ley de Financiamiento Universitario!», le exigió la presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernández de Piccoli, quien leyó un documento en el cierre de la Marcha Federal.
A pesar de los reclamos, finalmente sucedió lo que ya se rumoreaba: durante la sesión solicitada por la Unión Cívica Radical, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Movimiento Popular Neuquino, Por Santa Cruz y Unión por la Patria, la Cámara de Diputados no alcanzó los dos tercios de los votos para rechazar el veto a la ley.
Por el momento, el Consejo Superior de la UBA solicitó la semana pasada, una nueva Ley de Financiamiento para el próximo año, debido a que considera que las necesidades presupuestarias del sistema universitario ascienden a 7,2 billones de pesos para el 2025 y el proyecto presentado por el Gobierno Nacional contempla una asignación sólo de 3,95 billones.
