El más reciente informe de la consultora Idesa, fundada por Osvaldo Giordano, el ministro de Finanzas de la Provincia que a partir del 10 de diciembre próximo dirigirá la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), dio una serie de indicios acerca de las pautas que podría poner en marcha la nueva gestión de Javier Milei en materia de jubilaciones y pensiones. Al respecto, la entidad hizo hincapié en que «el ordenamiento previsional implica involucrarse en temas mucho más complejos que el tradicional ajuste».
«No se pueden seguir renovando las moratorias, hay que mejorar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), revisar el régimen de pensiones para los convivientes; establecer un mecanismo gradual para que todos los tratamientos especiales converjan a las reglas generales y contemplar la actualización automática y periódica de los parámetros del sistema a la dinámica demográfica», explicó Idesa en su reporte.
La consultora dirigida por Jorge Colina señaló que la «previsión social en la Argentina no constituye un sistema». Asimismo, sostuvo que el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) está concebido como régimen general, pero alberga regímenes especiales con beneficios superiores y diferenciales con menor edad de retiro.
Sobre el particular, precisó que en paralelo al SIPA, y con «escasa articulación», operan 13 cajas provinciales como la de Córdoba, 29 cajas municipales, 82 cajas de profesionales y dos cajas de bancos públicos y cajas complementarias. En general, esas cajas que no pertenecen al SIPA y tienen reglas “más beneficiosas” además de que en su interior también hay regímenes especiales.
En total, en el país hay cerca de 240 regímenes que pagan unas 10 millones de jubilaciones y pensiones. Esa fragmentación genera información «dispersa e insuficiente, tratamientos diferentes para personas en iguales situaciones, arbitrariedades y litigiosidad masiva», precisa el reporte que evidencia que la Argentina es de los «pocos países» que tiene una rama especializada del Derecho y una institucionalidad judicial específica para tratar juicios previsionales.
Una particularidad que subrayó Idesa es que los beneficios jubilatorios son derechos vitalicios cuya actualización está protegida en la Constitución Nacional: “Por lo tanto, las decisiones en materia previsional generan compromisos financieros para el Estado con impacto en el largo plazo”, sostuvo.
Respecto de si el esquema existente es financieramente sustentable, un estudio actuarial desarrollado por la consultora sobre el régimen general del SIPA -sin incluir los especiales y diferenciales- muestra que el gasto previsional del SIPA en 2023 ronda el 7,2% del PBI; en 2035, aumentaría al 7,5% y en 2045 llegaría al 8,5%.
Cambiar la tendencia del gasto
La conclusión de Idesa es que, aun cuando el país recupere el crecimiento económico y alcance un 3% anual acumulativo, con las reglas previsionales actuales el gasto en ese rubro tiende a crecer, aun suponiendo que no se siguen renovando las moratorias. «Esto colisiona con el propósito de tener un Estado solvente para eliminar la inflación y promover el crecimiento económico. Por eso, cambiar la tendencia del gasto previsional es un tema estratégico», subrayó el documento dado a conocer en la víspera por el diario La Nación.
«Ante el crecimiento del gasto, la tradición viene siendo aplicar ajustes. Es decir, manipular la movilidad para que los haberes se actualicen por debajo de la inflación. Más allá de los cuestionamientos sociales y éticos que esto supone, la licuación con inflación no resuelve el déficit previsional -añadió Idesa-. Permite bajar el gasto en el corto plazo a costa de aumentar el gasto futuro, cuando haya que pagar los juicios de esta ilegal licuación de haberes». Apuntó que el actual gobierno, por ejemplo, ajustó el gasto previsional con inflación en un 1% del PBI.
Las soluciones pasan por el ordenamiento previsional: «Respetar los derechos adquiridos de los actuales jubilados y adaptar las normas previsionales para que sean cumplibles en el futuro». Idesa indicó que el estudio actuarial permite estimar que, con cambios de este tipo, el gasto previsional puede estabilizarse en los niveles actuales en la próxima década.
