El detenido vocero de Revolución Federal, Jonathan Morel, sostuvo ayer ante la Justicia federal que el no tuvo «la culpa» de que «un loco» haya querido matar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y negó las acusaciones en su contra, según aseguraron fuentes de su defensa.
Morel fue el segundo en prestar declaración indagatoria después de que lo hiciera Sabrina Basile, mientras que los otros dos detenidos, Leonardo Sosa y Gastón Guerra, se negaron a declarar, según informaron fuentes judiciales.
Los abogados de los cuatro detenidos reclamaron sus respectivas excarcelaciones ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien de inmediato le corrió vista al fiscal Gerardo Pollicita, por lo que se espera que esos planteos sean resueltos durante el fin de semana.
«No tengo la culpa de que un loco haya querido matar a la vicepresidenta», dijo Morel durante la exposición que hizo en el marco de su indagatoria, en la que se refirió a cómo era la vida interna de Revolución Federal y al tenor de sus manifestaciones públicas, según señalaron las fuentes consultadas. Allí también explicó que después de que Fernando André Sabag Montiel intentara asesinar a Fernández de Kirchner, Revolución Federal decidió parar con sus manifestaciones porque no había «clima» como para seguir.
Asistido por el abogado Tomás Fraga Cepeda, Morel respondió todas las preguntas que le formuló la fiscalía y según, aseguraron las fuentes consultadas, entregó de modo voluntario las contraseñas de su teléfono celular y de otros dispositivos.
«¿Por qué me hacen esto?», preguntó a modo de queja por estar detenido y luego sostuvo que no cometió delitos al participar de las manifestaciones a las que asistió. En ese contexto, aseguró que él no es el líder de la agrupación investigada sino uno al que los medios pusieron en ese lugar, mientras que afirmó que el mote de líder o fundador le correspondería al también detenido Leonardo Sosa, según explicaron desde su defensa.
El abogado Fraga Cepeda aseguró que Morel respondió todas las preguntas que se le hicieron e incluso remarcó que el imputado decidió hacer uso de la palabra a pesar del consejo profesional de no hacerlo hasta que no hubieran podido compulsar todo el expediente.
«Se mostró enteramente dispuesto a colaborar. Contó que Revolución Federal fracasó y que comenzó a disolverse en el último tiempo y respondió todo lo que le preguntó la fiscalía», sostuvo el abogado.
Durante la indagatoria realizada de modo virtual, Morel se refirió también a su carpintería, ofreció detalles del supuesto trabajo que hizo para empresas vinculadas a Caputo Hermanos y sostuvo que los pagos millonarios que recibió fueron por esos trabajos y no para financiar a Revolución Federal, según explicó su defensa.
Antes que Morel había declarado Sabrina Basile, la hija del ex DT de la Selección argentina de fútbol Alfio «Coco» Basile, quien también negó haber cometido algún delito y reclamó que su pedido de excarcelación se tramite de modo urgente porque está encargada de cuidar a su padre.
Asistida por el abogado Martín Sarubbi, Basile explicó su vínculo con Revolución Federal y con los otros imputados de la causa: dijo que los conoció el 3 de julio en el marco de las protestas realizadas frente a la Quinta de Olivos, el día en el que el Gobierno decidió suspender la conferencia de prensa en la que se anunciaría la asunción de Silvina Batakis en el Ministerio de Economía.
Explicó que tras esa manifestación la sumaron a un grupo de WhatsApp y que luego siguió participando de otras marchas a la que cada uno llevaba lo que tenía y lo que quería, por lo que descartó -ante preguntas de su defensa y de la fiscalía- que Revolución Federal contara con algún tipo de financiamiento.
En ese contexto, aseguró que no tuvo intenciones de desestabilizar, ni de agredir a nadie y que solo hizo uso de su derecho a protestar contra todo el arco político, informaron fuentes judiciales que explicaron que sus criticas no fueron solo al Gobierno nacional.
Basile aseguró que el funcionamiento de Revolución Federal era anárquico y negó tener vinculación con las personas imputadas en la causa en la que se investiga el intento de homicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Para los investigadores, las consignas y manifestaciones violentas protagonizadas por Revolución Federal desde mayo de este año pudieron haber funcionado como «caldo de cultivo, como el discurso de odio que desencadenó» el intento de asesinato de la vicepresidenta, según se pudo saber de fuentes judiciales.
La fiscalía que investiga a los cuatro detenidos de la agrupación Revolución Federal consideró que se montó un «esquema delictivo» para «imponer» ideas y «combatir las ajenas por la fuerza y el temor» y que eso sembró en la sociedad la escalada de «violencia y odio» cuyo «acto más trascendente» resultó ser el intento de homicidio de la vicepresidenta.
«Se terminó constituyendo, en el actual contexto de crisis económica y financiera, en uno de los actores que sembraron en la sociedad la escalada de violencia y odio, cuyo acto más trascendente resultó ser el intento de homicidio de la vicepresidenta de la Nación» cometido el 1 de septiembre último, sostuvo en su dictamen sobre el accionar de Revolución Federal, el fiscal Pollicita.
En el dictamen en el que pidió al juez Martínez de Giorgi las detenciones y las declaraciones indagatorias, el fiscal entendió que «la actividad de la agrupación causó temor y alteró la tranquilidad de la sociedad y de las autoridades nacionales».
La fiscalía advirtió que «concretamente se pudo corroborar que a través de la agrupación Revolución Federal en el período reseñado (al menos desde mayo de 2022) los nombrados alentaron e incitaron a la persecución y al odio contra determinadas personas a causa de sus ideas políticas».
Esto estuvo dirigido «principalmente a funcionarios públicos de la actual gestión del PEN, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Silvina Batakis, Victoria Donda entre otros, y en ese contexto atentaron entonces contra el orden público», agregó la fiscalía.
«Sosa y Morel (imputados como presuntos organizadores) decidieron organizar la agrupación con el objetivo prioritario aunque no único de que los kirchneristas tengan miedo de ser kirchneristas, combatiendo las ideas políticas de determinados dirigentes», remarcó el fiscal.
Los acusados tenían como objetivo «planificar, coordinar y difundir distintos tipos de mensajes de odio, escraches y actos intimidatorios» que la fiscalía enumeró en el dictamen de 49 carillas entregado al juez.
Desde la agrupación «utilizaron las redes sociales como herramientas de difusión -donde su mensaje alcanzaba a gran cantidad de personas y en definitiva a la generalidad de la población -siendo que por aquella vía y por las calles alentaron e incitaron a la persecución, a la violencia y al odio», concluyó.
Entre la prueba que engrosa el expediente están los mensajes publicados por los acusados en sus redes sociales, sus expresiones en medios de comunicación y las propuestas que realizaron en diálogos que transmitieron por Twitter Space, una herramienta utilizada para conferencias o diálogos virtuales.
El 26 de agosto, por caso, durante una de esas charlas que fue titulada «Hay que pudrirla», una persona que se supone era Morel proponía infiltrarse entre la militancia kirchnerista que manifestaba su apoyo a la vicepresidenta en la puerta de su casa, para llevar a cabo un ataque, algo que efectivamente ocurrió cinco días después cuando Sabag Montiel intentó asesinarla.
«Hoy por ejemplo veía cómo Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía, lástima que a mí ya me conocen la cara porque si no sabes cómo me infiltro ahí una semana y espero a que baje… si a mí no me conocieran los nenes de La Cámpora yo voy te canto ahí la marcha peronista siete días seguidos y en cuanto puedo paso a la historia», decía uno de los participantes de esa conversación pública.
Entre los delitos que se les achacan a los imputados está el previsto en el artículo 213 bis del Código Penal, que establece que «será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este código, tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación». También se les imputa el delito de incitación a la violencia que prevé penas de tres a seis años de cárcel al que «públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación».
