La Coalición Cívica-ARI realizó un pedido de informes al Gobierno para conocer el destino que tuvieron los fondos recortados del programa social Potenciar Trabajo, se trata de unos $ 50.000 millones de pesos.
Tras revelaciones periodísticas que indicaban que algunos beneficiarios habían comprado dólares con lo otorgado por el Estado, se realizó una auditoría que terminó reflejando que cerca del 10% de los usuarios del Potenciar Trabajo no cumplían los requisitos para acceder a este, unas 154.441 personas. Concluída esta pesquisa, el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Victoria Tolosa Paz, decidió revocarle el plan a una parte los beneficiarios.
Ahora se conoció que el partido liderado por Elisa Carrió pidió a este ministerio que indique qué se harán con esos fondos que se ahorró el Estado nacional.
Según el decreto 728, debía ser asignado nuevamente a organizaciones sociales como el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), entre otras (todas oficialistas), para la compra de máquinas y herramientas para emprendimientos de cooperativas a su cargo.
Lo que no queda claro en cuanto al manejo de dinero público es que los líderes de esas organizaciones son funcionarios públicos. El secretario de Economía Social es Emilio Pérsico, dirigente del Evita y administrador designado del Potenciar Trabajo, el subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social es Daniel Menéndez, coordinador nacional de Somos Barrios de Pie, el diputado nacional por el Frente de Todos (FdT), Juan Carlos Alderete conduce la CCC. Es decir, lo que comúnmente se llama “atender los dos lados del mostrador”.
Sin embargo, otras organizaciones sociales como el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), de Juan Grabois, también oficialista se manifestó en contra de las bajas en el Potenciar Trabajo. Otros como Eduardo Belliboni, el referente del Polo Obrero, manifestó su rechazo y denunció que el dinero que se recortó pasó a manos de movimientos oficialistas.
El informe presentado por la Coalición Cívica toma como base de cálculo la mitad de los haberes de los 154.441 beneficiarios apartados, que si no validan su identidad en marzo serán separados de manera definitiva del plan, esa reducción le permitiría ahorrarse al Estado nacional de aquí a fin de año, y sin contar los bonos, $50.705 millones.
El decreto 728/2022 firmado por el presidente Alberto Fernández y varios de sus ministros, dice en su artículo sexto que “no podrá ampliarse el número de titulares” del Programa Nacional de Inclusión Socio-productiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”, “Potenciar Inclusión Joven”, “Nexo” y “Plus Esencial”. Y aclara en ese sentido: “El ahorro que eventualmente se produzca será destinado a las unidades de gestión productiva, exclusivamente para la adquisición de bienes de capital”. En palabras llanas, el dinero que debía ir a los bolsillos de los entonces beneficiarios de esos planes sociales es redireccionado a la adquisición de máquinas, herramientas e insumos para las Unidades de Gestión, como cooperativas, que en la mayoría de los casos pertenecen a los movimientos sociales oficialistas.
Las partidas presupuestarias son direccionadas hacia los convenios que se firman en la cartera social y su aprobación queda a criterio de los titulares de las secretarías a las que correspondan esos proyectos. Entre ellas, destaca la Secretaría de Economía Social que está a cargo de Pérsico.
El pedido del espacio de Carrió le solicita a Tolosa Paz que “informe la totalidad de recursos asignados en el presupuesto del corriente ejercicio que corresponde al devengamiento de los salarios sociales complementarios de los titulares no renovados conforme las proyecciones elaboradas”. También quieren saber si ‘el ahorro’ supone la totalidad de los recursos referidos” y el detalle de los programas -incluyendo subprograma, proyecto, actividad, inciso y monto asignado- a los que se destinará el mencionado ahorro durante el ejercicio 2023.
