El Gobierno nacional desplegó un amplio operativo de seguridad en los alrededores del Congreso para la marcha de jubilados convocada para este miércoles. Se implementó un cerco de vallados, calles cortadas y saturación de fuerzas de seguridad. A diferencia de la semana pasada, el foco estuvo en la prevención y se realizó un pedido formal de detención de 29 personas identificadas como barrabravas. Además, se ofreció una recompensa de $100 millones por información sobre los violentos en la protesta anterior.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, emitió advertencias a través de las estaciones de tren, mencionando que «la policía va a reprimir todo atentado contra la República». Este mensaje contundente se suma a la recompensa de $10 millones por datos sobre los disturbios en el Congreso.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo presentó un habeas corpus preventivo para resguardar los derechos de los manifestantes y solicitó que las fuerzas de seguridad actúen conforme a estándares internacionales. Asimismo, se interpuso un habeas corpus en favor de niños y adolescentes participantes en las protestas.
El operativo de seguridad contará con 900 agentes de la policía de la Ciudad, 720 policías federales, y efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval. Habrá un corte vehicular en el perímetro del Congreso y se retiraron 350 contenedores.
Se espera la presencia de diversas organizaciones, como La Cámpora, ATE, la izquierda y trabajadores estatales. Los sindicatos y gremios se sumarán a la movilización por mejoras en los haberes jubilatorios, mientras que el Gobierno busca impedir la violencia y garantizar la seguridad en la zona del Congreso.
Junto a la oposición, los jubilados vuelven a marchar y el Gobierno redobla la apuesta
