La Unión Industrial de Córdoba (UIC) valoró ayer “positivamente la reciente medida del gobierno nacional de la eliminación de los derechos de exportación a los productos de la categoría vaca y de las cadenas porcina y láctea, así como la reducción del 25% en las retenciones para distintas cadenas de carne”.
“Esta decisión representa un avance significativo para el fortalecimiento de nuestros sectores productivos”, rescató la entidad empresaria. Al respecto, evaluó que “la eliminación de estos gravámenes aliviará la carga fiscal actual sobre nuestros productores, mejorando la competitividad de nuestras industrias en el mercado internacional”.
“Consideramos que estas acciones son fundamentales y van en el sentido correcto para generar el crecimiento económico, mejoras en la generación de empleo y, en definitiva, el desarrollo sostenible de nuestra región y del país en su conjunto”, resumió.
Además, la UIC destacó la “importancia de la eliminación del Impuesto País previsto para este 2024, que es una carga adicional para el comercio exterior y las inversiones que necesitan nuestras empresas para apuntalar el crecimiento”.
“La supresión de estos impuestos distorsivos aplicados de manera directa a nuestras exportaciones e importaciones permitirá una mayor competitividad de nuestros productos en el mercado global y fomentará un ambiente más propicio para el desarrollo de nuestras industrias”, acotó.
Finalmente, anunció que “seguiremos reclamando todas las iniciativas que promuevan el desarrollo industrial y económico de Córdoba y de Argentina”.
Advierten por la pérdida de derechos laborales
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Córdoba advirtió que la reciente reglamentación de la Ley de Bases “abre un horizonte de pérdida de derechos laborales para las y los trabajadores del Estado”. “La norma abre un horizonte de continuidad de los conflictos existentes y de profundización de las graves situaciones que se afrontan en cada lugar de trabajo en el Estado”, aseguró el gremio.
Sobre el particular, el secretario general de ATE Córdoba, Federico Giuliani, afirmó: “La ley es inconstitucional porque avanza sobre el derecho a la estabilidad en el empleo público. Esta reglamentación cristaliza la flexibilización extrema en el Estado, no solo es una vuelta a los ’90 con el modelo de precarización en el Estado, más parecido a un régimen de explotación de principios de siglo 20”.
Por su parte, la abogada de ATE, María Marta Terragno, explicó detalles jurídicos de la medida que firmó Milei. “Van a incorporar el trabajo ad honorem, cosa que está prohibido porque el trabajo es siempre pago. Es una figura absolutamente precarizadora de las relaciones de trabajo ya que expresamente consigna que ‘pueden existir personas que presten servicios de asesoramiento para el Estado y que por tal motivo no perciben remuneración alguna’. Aunque si viáticos y estipendios de traslados, pero no remuneración”, apuntó.
