Legisladores de Juntos por el Cambio pidieron este lunes a la Corte Suprema un “per saltum” (salto de instancia) para dejar sin efecto el fallo del juez federal de Paraná Daniel Alonso, que le impide a las Cámaras de Diputados y Senadores designar a los consejeros de la Magistratura que restan para completar la formación de 20 miembros.
El planteo fue presentado apenas después de que se conociera el fallo de la Corte que dispuso que el Consejo comience a funcionar “de inmediato”, pese a que todavía no tiene a sus 20 integrantes.
“Es imposible intentar parar, empantanar y embarrar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura e ir en contra de una sentencia del Máximo Tribunal del país”, señaló el presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR Mario Negri.
“Esperamos que el presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta del Senado no pongan más obstáculos y rápidamente designen a quienes fueron propuestos por el radicalismo, la diputada Roxana Reyes, y por el PRO, el senador Luis Juez”, añadió.
“El Juzgado Federal Nº 2 de Paraná dictó una medida interina que dispone que ambas Cámaras del Congreso Nacional deberán abstenerse de designar sus integrantes para el Consejo de la Magistratura de la Nación”, subrayó el escrito.
“Dicha medida es inconstitucional, irrazonable, dictada por un juez incompetente y en un proceso sin legitimados activo y pasivo, que interfiere en la ejecución de una sentencia firme pasada en autoridad de cosa Juzgada, dictada por la Corte Suprema, y paraliza el funcionamiento de un órgano permanente y esencial para el Poder Judicial”, resumió la presentación.
El escrito busca que la Corte se avoque directamente a tratar el caso, salteando la instancia intermedia de la Cámara Federal local.
El oficialismo reclama 90 días para debatir la reforma del Consejo
Por su parte el bloque de diputados nacionales del Frente de Todos le reclamó también a la Corte Suprema de Justicia que otorgue 90 días para poder discutir en el Congreso el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, que tiene la aprobación del Senado, pero quedó trabado en la Cámara baja.
La bancada del oficialismo calificó de “enorme gravedad institucional” que el presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, se coloque como presidente del órgano judicial.
En un comunicado, los diputados exigieron que la Corte “arbitre los mecanismos necesarios para otorgar un plazo de 90 días al Congreso de la Nación, a los fines de cumplimentar el trámite parlamentario del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, que tiene media sanción del Senado”.
“Así como la Corte tuvo 1.577 días para estudiar el expediente sobre la constitucionalidad de la conformación del Consejo de la Magistratura, es de absoluto sentido común que podamos contar con un plazo razonable para poder legislar sobre una nueva conformación», resaltó el bloque que comanda el santafesino Germán Martínez.
Y consideró que es de una “enorme gravedad institucional que, amparados en una legislación derogada en febrero de 2006, por una ley del Congreso, el presidente de la Corte Suprema de Justicia asuma la Presidencia del Consejo de la Magistratura, asumiendo facultades legislativas que están expresamente prohibidas al Poder Judicial”.
“Hay una alternativa para encauzar institucionalmente el tema. La Corte Suprema tiene la posibilidad de generar las condiciones para hacerla realidad”, agregaron los legisladores del Frente de Todos.
El pedido llegó después de que la Corte Suprema resolviera el inmediato funcionamiento del Consejo de la Magistratura, más allá de que el Congreso todavía no envió a sus representantes.
