El proyecto de Ley de Seguridad fue tratado en la tarde de ayer en una tensa sesión en la Legislatura de Córdoba. Aunque el oficialismo venía encaminado con los votos propios y de “aliados” en los monobloque, la situación cambió con la aparición de una iniciativa del Ejecutivo para subir aportes personales.
La legisladora Daniela Gudiño publicó en su cuenta de la red social X “el Gobernador Martin Llaryora manda un proyecto para bajar las jubilaciones pero no la pauta publicitaria: $ 15.000.000.000 ’Sacrificios” harán los jubilados cordobeses mientras él prepara su candidatura a presidente”.
Asimismo, el oficialismo no lograba el cuórum porque la oposición se negaba a bajar el recinto. Tras dos largos cuartos intermedios, en los que se buscó conseguir el voto del legislador Federico Alesandri, del kirchnerismo y aliado del peronismo provincial, finalmente no se consiguió.
Asimismo, el debate del proyecto de seguridad del gobernador Martín Llaryora se mantuvo en pie. El mismo había logrado el martes la concesión del oficialismo para sumar algunas modificaciones al proyecto logró que Hacemos Unidos por Córdoba sumara votos de Juntos por el Cambio.
Las consideraciones planteadas entre estos días señalaban los exámenes toxicológicos para funcionarios provinciales una vez por año, la eliminación de la posibilidad que los guardias locales “deban” aprehender al infractor o delincuente in fraganti, y las capacitaciones de los agentes a manos del sector público.
Entre las medidas originales del proyecto se encuentra la creación de más fiscalías, el fortalecimiento del sistema de monitoreo a través de cámaras de seguridad, el desarme de los ciudadanos y el uso de armas no letales. Además, todas las cámaras de entidades privadas deben estar articuladas con el centro de la Policía. Y el Ministerio de Seguridad toma la facultad de modificar la estructura policial y penitenciaria.
Haberes políticos en jaque
Los legisladores de la provincia de Córdoba trataron ayer en la Unicameral el recorte del 15% de sus salarios. La iniciativa fue impulsada por el presidente del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba, Miguel Siciliano, que propuso tratarlo sobre tablas.
La iniciativa dictaba: “Adherir en un todo al Decreto N° 185/23, dictado el 19 de diciembre de 2023 por la Presidenta de la Legislatura de Córdoba, disponiendo la reducción de las dietas de los Legisladores en un quince por ciento (15%), así como la reducción del sueldo básico de las Autoridades Superiores y Funcionarios de la planta política del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba, en un diez por ciento (10%)”.
De acuerdo a la información disponible en la web oficial de la Unicameral, en noviembre el salario básico de un legislador en Córdoba fue de $ 1.655.387,29. Por lo que el 15% de ese monto es de $ 248.308. Finalmente, se acordó una reducción de los sueldos.
Las críticas de los radicales
El senador nacional Luis Juez denunció que el gobernador Martín Llaryora busca “privatizar la seguridad de Córdoba”. Así lo expresó en la mañana de ayer por la red social X: “Dicen que el gobernador Martín Llaryora, habría conseguido los votos necesarios para privatizar la seguridad en la provincia de Córdoba. Es inaudito e inadmisible que toleremos una decisión semejante”.
Además, calificó al proyecto de ley de “locura” y “vergüenza”, ratificando que “claramente” se iba a oponer. Por otro lado, el diputado Rodrigo De Loredo señaló en su cuenta de X que lo que propuso el oficialismo “no resuelve ninguno de los problemas” de seguridad provincial.
En ese sentido apuntó que “no integra una mayor cantidad de fuerzas policiales, no incorpora equipamiento, no propone una mejor capacitación y entrenamiento de las fuerzas”. Y resaltó, del mismo modo que Juez, la cantidad de fondos que irá destinado a empresas privadas de seguridad.
