«El alegato fiscal se sostiene por sí mismo», sostuvo Luciani al comenzar a exponer por la mañana ante el Tribunal Oral Federal 2, y afirmó además que su acusación «se mantiene absolutamente incólume».
Luciani argumentó que las defensas «quieren instalar un clima de ilegalidad», al comenzar a responder planteos de nulidad en el tramo final del juicio que se sigue, entre otros, a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
«No advertimos argumentos que ameritan una réplica», dijo además al anunciar que no hará uso de este derecho en relación a los alegatos defensistas porque «todo encuentra respuesta en la acusación de más de 70 horas que formuló la fiscalía».
Tras dos semanas de receso con una audiencia dedicada a la respuesta de la fiscalía a planteos de nulidades de las defensas, el jucio se reanudó hoy.
Una vez terminada su respuesta a las nulidades, el tribunal quedará en condiciones de fijar fechas para las últimas palabras de los imputados y, finalmente, dará a conocer su veredicto.
«El Tribunal se encuentra en condiciones de resolver lo que corresponda de acuerdo a la ley», sostuvo Luciani y remarcó que, en sus alegatos finales, las defensas no introdujeron «argumentos jurídicos novedosos o que en el alegato fiscal no se hayan discutido».
«Todas las cuestiones jurídicas expuestas por los defensores encuentran respuesta en el alegato fiscal», opinó y advirtió que tampoco responderá «la valoración de tinte político que hicieron algunos defensores».
«El alegato se sostiene por sí mismo y a nuestro criterio se mantiene absolutamente incólume. El tribunal ya conoce los hechos y la prueba que se incorporó legalmente a este proceso», agregó.
Luciani sostuvo que la fiscalía escuchó «muy atentamente los alegatos de todas las defensas y de quien ejerció su derecho a la propia defensa», dijo en alusión a la vicepresidenta, que habló durante el alegato final en su calidad de abogada.
«Estamos tan seguros del trabajo profesional, honrado y objetivo que hemos hecho a lo largo de tres años y medio de juicio que sinceramente no tenemos nada que replicar», afirmó.
El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de empresas de Báez como Austral Construcciones comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia de Covid 19 y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.
El veredicto será virtual si ninguna parte pide que sea presencial. Para los alegatos algunas partes pidieron estar presentes en la sala de audiencia y el tribunal lo aceptó. Hasta el momento ninguna hizo planteos para modificar el esquema.
Un veredicto presencial en Comodoro Py implicaría montar un operativo de seguridad especial por la presencia de Cristina Kirchner, más aún después del intento de homicidio que sufrió. Y se suma una posible movilización de la militancia.
Para la vicepresidenta, los fiscales pidieron 12 años de cárcel por considerarla jefa de «asociación ilícita» y administración fraudulenta.
La fiscalía también pidió 12 años de prisión para el empresario Lázaro Báez como autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.
Además, solicitaron diez años de cárcel para el exministro de Planificación Julio De Vido y para el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, y seis años para el exresponsable del distrito 23 de ese organismo Mauricio Collareda, al igual que para el extitular de la Administración General de Vialidad en esa provincia Juan Carlos Villafañe.
Para otro exresponsable del distrito 23 de Vialidad Raúl Daruich y el expresidente de la AGVP Raúl Pavesi requirió cinco años, y cuatro años para el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, junto a otro expresidente de la AGVP Raúl Santibáñez.
En cuanto al exsecretario de Coordinación de Obra Pública Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de poder.
Las defensas de todos los imputados reclamaron que sean absueltos por inexistencia de delito.
