Manuel Adorni, exjefe de Gabinete, presentó ante la Justicia un escrito de 77 páginas para responder los 20 puntos requeridos por el fiscal Gerardo Pollicita. La defensa sostuvo que la evolución patrimonial del exfuncionario entre diciembre de 2023 y junio de 2026 tiene respaldo documental, contable y técnico.
El planteo fue presentado por su abogado, Matías Ledesma, ante el juez federal Ariel Lijo. La investigación surgió a partir de inconsistencias detectadas en las declaraciones juradas de Adorni, vinculadas con movimientos patrimoniales, dinero en efectivo y adquisición y refacción de inmuebles.
Según el escrito, la defensa atribuyó parte de los fondos cuestionados a la liquidación de ocho billeteras de Bitcoin utilizadas entre 2014 y 2018, antes del ingreso de Adorni a la función pública. El cálculo presentado ubica en US$591.544,61 el dinero obtenido mediante esas operaciones.
La explicación sobre los dólares y las criptomonedas
La defensa sostuvo que los Bitcoin fueron adquiridos mediante operaciones personales y pagos en efectivo. También señaló que Adorni acreditó la tenencia de las claves privadas correspondientes a las ocho billeteras.
De acuerdo con la presentación, los fondos obtenidos fueron conservados parcialmente fuera del sistema bancario y posteriormente utilizados para afrontar gastos y operaciones inmobiliarias. Los abogados argumentaron que mantener ahorros en efectivo y moneda extranjera era una práctica extendida entre particulares durante esos años.
La investigación analiza un incremento patrimonial del 119% durante el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026. En el análisis incorporado al expediente se detectaron inconsistencias por $43 millones y US$400.000, según información difundida sobre el requerimiento fiscal.
Inmuebles, refacciones y declaraciones juradas
Otro de los puntos abordados fue la compra del departamento de Miró 550. Ante la consulta por los US$30.000 abonados en efectivo, la defensa afirmó que el dinero provenía de los ahorros disponibles del exfuncionario.
En cuanto a la vivienda del country Indio Cuá, la presentación rechazó el monto de US$245.000 atribuido a las obras por el contratista Matías Tabar. Según la defensa, las refacciones tuvieron un costo de US$175.000 y fueron financiadas con ahorros.
El escrito también explicó las modificaciones realizadas sobre las declaraciones juradas. Los abogados sostuvieron que las rectificaciones permitieron incorporar correctamente los bienes y deudas correspondientes a la sociedad conyugal y rechazaron que hayan tenido como objetivo ocultar patrimonio.
La presentación sostiene que los ahorros declarados en efectivo pasaron de US$513.000 al cierre de 2023 a US$388.961,52 en 2024 y US$209.961,52 en 2025, y que parte de esos fondos fue destinada a la compra y mejora de los inmuebles.
Con este escrito, Adorni respondió el cuestionario de la fiscalía y aportó documentación para respaldar su explicación sobre el origen y destino de los fondos. La Justicia deberá analizar ahora los argumentos y elementos presentados en la causa.
