En un frente común que nuclea a las comunidades de los colegios preuniversitarios más importantes del país, familias autoconvocadas, docentes, no docentes y centros de estudiantes lanzarán este viernes a las 17:00 horas un petitorio nacional. Se trata de un escrito dirigido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigir que la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria.
A su vez, esta actividad busca que se garantice la recomposición del salario docente y se rechace el recurso interpuesto por el gobierno de Javier Milei para frenar la normativa. El anuncio formal se realizará a través de una conferencia de prensa mixta (presencial y remota) en la sede nacional de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), ubicada en Avenida Callao 569 (Piso 1, Cuerpo 3, CABA).
El movimiento refleja un malestar profundo que atraviesa a los distintos niveles de las universidades nacionales, desde los jardines de infantes hasta los colegios secundarios de grado.
Entre las instituciones que encabezan la firma y presentación del petitorio se encuentran representantes de familias y centros de estudiantes de la Comunidad de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano de Córdoba; del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini; y representantes del Jardín y Escuela Graduada Joaquín V. González de La Plata, entre otras.
Los organizadores señalaron que el petitorio no se limitará a la comunidad preuniversitaria, sino que busca convertirse en una “campaña masiva de recolección de firmas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional”.
“Vamos por un millón de firmas y porque más escuelas dependientes de universidades nacionales se adhieran a esta iniciativa que tiene como único objetivo que se respete la institucionalidad, la independencia de los poderes y se aplique la ley aprobada y ratificada por el Congreso”, explicaron desde la organización en un comunicado conjunto.
Asimismo, advirtieron sobre el impacto transversal del congelamiento presupuestario y los recursos judiciales del Ejecutivo: “De la decisión que tome la Corte Suprema dependen nuestros colegios, jardines de primera infancia, hospitales de clínicas universitarios, investigadores del CONICET y facultades en todo el país”. Por este motivo, llamaron a sindicatos, organismos de derechos humanos y la sociedad civil de las 23 provincias a sumarse para sostener las “mesas callejeras” de votación.
Las comunidades organizadoras extendieron una invitación abierta a los medios de comunicación de todo el país para realizar la cobertura de la conferencia, donde se brindarán detalles logísticos sobre cómo se implementará la junta de firmas y los pasos legales a seguir ante la Corte.
