En medio de la presión opositora, la comisión de Discapacidad realizará este miércoles una reunión informativa con la presencia del titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, y de otros dos funcionarios del área para dar cuenta de las medidas implementadas a fin de revertir la crisis del sector.
Con la oposición al acecho tras el anuncio de una sesión para el 9 de septiembre con la emergencia en Discapacidad como uno de los dos pilares del temario, el cuerpo que preside el libertario Gerardo Huesen se reunirá este miércoles desde las 16:00 para escuchar a la máxima autoridad del área, al subsecretario de Política de Acceso y Poyos, Esteban Giler, y al subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos, Gianfranco Scigliano.
Mientras una confluencia de bloques opositores presiona para llevar al recinto la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad (que el Poder Ejecutivo secresiste a aplicar en su totalidad con justificaciones fiscales), el oficialismo busca frustrar el quórum de dicha sesión y centra su estrategia en mostrarle a los “dialoguistas” la buena predisposición del Gobierno para diagnosticar en la “casa del pueblo” el cuadro de situación y las supuestas mejoras implementadas en el sistema.
La situación en el área de discapacitados está marcada por la suspension de prestaciones de obras sociales, prepagas y profesionales por la interupción en la cadena de pagos, la baja de pensiones por invalidez y la falta de actualización de los aranceles acorde al aumento del costo de vida.
Los diputados de Unión por la Patria (UxP) accedieron este mismo martes a la nómina de funcionarios invitados por el oficialismo y se pusieron rápidamente a trabajar en un cuestionario de preguntas y planteos.
“La discusión es si el Gobierno va a aceptar que los funcionarios le den la respuesta que no les dan a las organizaciones de y para personas con discapacidad”, sostuvo el vicepresidente primero de la comisión, Juan Marino (UxP).
Preocupado por la falta de definiciones sobre las características de esta reunión informativa, el diputado opositor le envió una nota formal a Huesen y le reclamó que acepte “incorporar otros invitados” como oradores, independientemente de los funciones de la Secretaría de Discapacidad.
“Al respecto, solicito tenga a bien reconsiderar la participación de referentes de organizaciones prestadoras, personas con discapacidad y familiares. Considero fundamental que puedan explicitar de primera mano sus inquietudes y la extrema preocupación imperante ante la situación actual del sector”, solicitó.
“Asimismo, dejo de manifiesto la disconformidad con la tesitura de no habilitar la participación de oradores externos. Son los propios representantes y referentes de las organizaciones de y para personas con discapacidad quienes han solicitado mantener un canal de diálogo directo en el ámbito de esta Comisión, que representa la Casa de la Democracia y el espacio natural para escuchar las voces de la sociedad civil”, completó Marino.
Huesen declinó el pedido pero dejó abierta la puerta para abrir la comisión a la participación de otros invitados en una futura reunión de comisión.
“Respecto de la posibilidad de incorporar otros invitados a la reunión, se hace saber que en esta oportunidad, y dado que la misma será la primera de una serie de reuniones informativas, no se encuentra previsto el ingreso de invitados/oradores adicionales, lo cual se reservará para reuniones posteriores”, garantizó.
La mención del libertario a una “serie de reuniones informativas” habla a las claras de que el oficialismo quiere llevar el tema de a poco, sin apuro, y al menos por ahora sin tener en el horizonte el tratamiento de proyectos.
Esta estrategia más “contemplativa” del oficialismo se contrapone con la intención resolutiva de la oposición, que busca emplazar a la comisión de Discapacidad para ponerle fecha de firma de dictamen a los distintos proyectos en la materia.
De hecho, desde la oposición denuncian una maniobra “distractiva” y “dilatoria” para frenar la sesión y no poner nunca los proyectos en la línea del dictamen.
La crisis del sector de Discapacidad
Por un lado, los valores del nomenclador para abonar terapias, transporte y centros educativos quedaron muy atrasados frente a la inflación acumulada.
El Gobierno actualiza el Nomenclador de Prestaciones Básicas con aumentos mínimos y los valores de los aranceles quedaron completamente desactualizados respecto al costo real de vida, lo que vuelve inviables servicios críticos como el transporte adaptado o los centros de día.
Además, las obras sociales y prepagas denuncian interrupciones en la transferencia de fondos por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), lo que corta la cadena de pagos a los profesionales.
Como consecuencia, los profesionales (psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, transportistas y centros terapéuticos) sufren deudas crónicas y han llegado a suspender tratamientos de forma masiva debido a que “trabajan pero no cobran”.
Otro foco de conflictividad tiene que ver con el recorte masivo y freno a las pensiones no contributivas (PNC) por invalidez laboral. Bajo la premisa de revisar el otorgamiento de beneficios, el Gobierno dio de baja más de 110.000 PNC por invalidez laboral y mantiene en un “limbo” administrativo a más de 200.000 solicitudes nuevas.
Además, se reestableció la exigencia estricta de acreditar un 66% de invalidez laboral para acceder o conservar la pensión.
El Poder Ejecutivo argumenta que el sistema previo estaba plagado de irregularidades, corrupción y pensiones otorgadas sin los requisitos correspondientes, justificando las auditorías estrictas y un reempadronamiento para dar de baja beneficios mal asignados.
Sostiene como argumento central que entre 2003 y 2023 el número de pensiones por invalidez creció de forma “exponencial e injustificada” (pasando de 76.000 a 1.2 millones), y considera que una gran parte de esos beneficios fueron otorgados de manera irregular o por clientelismo político.
La oposición en el Congreso impulsa proyectos para prorrogar y garantizar la aplicación de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad. Esta norma obliga al Estado nacional a garantizar el financiamiento adecuado, actualizar pensiones de forma sostenible y cancelar las deudas con los prestadores.
Actualmente, la oposición presiona en el Congreso para prorrogar esta emergencia hasta fines de 2027, mientras el oficialismo busca bloquearla e intenta debatir nuevas condiciones para limitar el gasto.
Organizaciones civiles, profesionales y familiares han impulsado denuncias penales contra el presidente Javier Milei y sus funcionarios bajo la figura de “abandono de persona”, acusándolos de violar de forma deliberada el acceso a la salud y la supervivencia básica.
También acudieron a organismos internacionales como la ONU para denunciar la vulneración de tratados de Derechos Humanos.
El conflicto recrudeció tras una investigación judicial por presuntas irregularidades y coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que provocó el desplazamiento del anterior director, Diego Spagnuolo, y desencadenó numerosas protestas urbanas.
