En medio de la polémica por los ajustes en el área de Discapacidad, que derivó en una crisis interna en el Gobierno, la Justicia procesó hoy al ex titular de la agencia nacional respectiva, Diego Spagnuolo, en la causa que investiga presuntas coimas en la compra de medicamentos, que podrían alcanzar hasta la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

El procesamiento

El procesamiento fue dictado por los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones. Además de Spagnuolo, también fueron procesadas otras 18 personas, a quienes se las acusa de haber conformado una presunta asociación ilícita para estafar al Estado con la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que comandaba el abogado de confianza del presidente Javier Milei.

La Cámara Federal rechazó además un planteo realizado por la defensa de otro de los imputados que pedía anular la causa, bajo el argumento de que los audios que dieron inicio a la investigación habrían sido conseguidos de forma lícita.

Los procesamientos habían sido dictados por el juez Sebastián Casanello en febrero de este año. La causa se encuentra ahora en manos del juez Ariel Lijo, actual subrogante del Juzgado Federal N°11.

La hipótesis del fiscal

Según la hipótesis del fiscal Franco Picardi, Spagnuolo sería el jefe de un esquema de corrupción que cobraba coimas para direccionar la contratación a determinados laboratorios en la compra de medicamentos e insumos.

La acusación sostiene que la red de Spagnuolo, entre privados y funcionarios, definía las fechas de las licitaciones, cotizaciones y pagos “por fuera de los mecanismos legítimos otorgándoseles a personas ajenas a la administración pública un poder de decisión impropio con el objetivo de obtener ventajas económicas indebidas en perjuicio del Estado Nacional”.

Más allá de los audios, los camaristas recurrieron a otras pruebas generadas en la investigación, como mensajes extraídos de teléfonos celulares y documentación secuestrada, para dar por probado que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 en la Andis “se habrían realizado contrataciones direccionadas y con sobreprecios -en insumos y medicamentos-, que tuvieron como contrapartida la promesa y entrega de dádivas a funcionarios públicos, en un contexto asociativo ilícito cuya finalidad era la obtención de ganancias indebidas”.

Para ello, los acusados usaron un sistema de compras conocido como SIIPFIS “que habría sido manipulado de modo de resultar invitadas a cotizar sólo las droguerías y firmas proveedoras vinculadas a los miembros de la organización delictiva”. Además, hubo simulación de competencia entre droguerías, cuyos integrantes conocían de antemano quien sería el ganador y usaban oferentes “pantalla”. Se confirmó el procesamiento de varios integrantes de estas empresas.

El principal referente externo de las maniobras era el lobbista Manuel Calvete: se usaban empresas con las que tenía vínculos para generar competencias simuladas (como Indecomm SRL, Resposane Salud SA, Bymax Medical SRL, Smart Medical Image SRL, Droguería Profarma SA, entre otras). Para el trabajo contaba con los entonces funcionarios de Andis, ahora también procesados, que le pasaban la información sobre compras y licitaciones de las contrataciones PACBI, los medicamentos de alto costo y baja incidencia.

Los acusados que colaboraban eran, entre otros, Spagnuolo, Daniel Garbellini y otros cuatro funcionarios de la agencia de discapacidad (Roger Grant, Lorena Di Giorno, Eduardo González y Diego D’ Giano) que sabían “de antemano el momento en el que saldrían las compulsas, sobre qué productos, qué empresas serían invitadas y cuándo se liberarían los pagos, confeccionando en base a todo ello cuadros en los que, además de los pagos, se exhiben porcentajes del orden del 15%, 10%, 5% o 3%”, que dan indicios de pago de sobornos.

La auditoría interna

La decisión de la Cámara Federal se conoció luego trascendiera una auditoría interna en el organismo, que encontró un desfasaje de 158.717 millones de pesos en los registros internos de la Andis, lo que habría originado la expulsión de su actual titular, Alejandro Vilches.

En efecto, el lunes, Vilches presentó su renuncia al ministro de Salud, Mario Lugones, mediante una carta donde alegó “razones estrictamente personales” para dejar sus funciones “de manera inmediata”. “Por medio de la presente le comunico mi renuncia al cargo de Secretario Nacional de Discapacidad, haciendo efectiva la misma a partir de este momento”, se limitó a escribir Vilches en la carta de renuncia.

Vilches había asumido el año pasado en lugar de Spagnuolo, quien tuvo que renunciar en medio del escándalo de las coimas de la Andis, generado por audios del propio exabogado de Milei, donde afirma que un proveedor de medicamentos (luego se supo que era la droguería Suizo Argentina) solicitaba un retorno del 8% en sobornos a otros proveedores que “suben a Presidencia”, de los cuáles Karina Milei habría recibido entre un 3% y un 4% (mientras que el resto se distribuía para la operatoria y el propio Spagnuolo se quedaba un 1%).

Al asumir como interventor del área, Vilches encargó una auditoria sobre el manejo de la Andis en la gestión de Spagnuolo: el resultado fue revelado el domingo por La Nación y determinó que había un «desfasaje» de $158.717.131.557,63 entre pagos a droguerías, deudas, cajas chicas, equipos electrónicos, contratos, empleados y declaraciones juradas.

“Un día después de la revelación, Milei hizo echar a Vilches y atacó por Twitter a los Saguier, dueños de La Nación”, informó otro matutino porteño. Lo cierto es que la salida de Vilches se da además en medio de la disputa entre Patricia Bullrich y Luis «Toto» Caputo por el ajuste que incluyó el ministro de Economía para el área de la Discapacidad en el Presupuesto 2027.

La declaración de Beller

Por si fuera poco, la abogada boliviana Nadia Shirley Beller comparecerá este miércoles ante las autoridades argentinas para brindar detalles sobre el caso. Vale recordar que Beller sobrevivió a un intento de asesinado La Paz, que habría sido encargado por su expareja, el consultor Fernando Cerimedo –que permanece detenido como principal sospechoso del intento de femicidio—, exconsultor estrella del presidente Javier Milei en la campaña 2023.

Tras el intento de asesinato, Beller aseguró conocer detalles sobre la filtración de los audios atribuidos a Spagnuolo, que actualmente están siendo sometidos a un peritaje de la Gendarmería Nacional, y afirmó que fue el propio Cerimedo y su esposa, Natalia Basil -entonces empleada de la Andis-, quienes los habrían entregado a la prensa.