Luego de la confirmación de una sesión especial en próximo miércoles 22 de abril en la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de «Ley Hojarasca«, el oficialismo ya delineó la hoja de ruta para los próximos meses, que incluirá las reformas a las leyes vigentes (y no ejecutadas) de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad, una reforma electoral con la suspensión de las PASO como aspecto nodal, una nueva ley de salud mental y el postergado proyecto para la adhesión al tratado de cooperación internacional de patentes.
Universidades
Según revelaron altas fuentes de presidencia de la Cámara de Diputados a las que las que la Agencia Noticias Argentinas tuvo acceso, la próxima escala del itinerario legislativo tendrá como protagonista al nuevo proyecto de Financiamiento Universitario y Recomposición del Salario Docente, que fue presentado en la Cámara baja en febrero y con el que el Gobierno busca reemplazar a la ley que la oposición votó y logró poner en vigencia el año pasado, y que el Poder Ejecutivo se resiste a aplicar.
En diciembre del 2025, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a más de 40 rectores de universidades públicas, presentó una acción de amparo por el incumplimiento del Gobierno la ley 27.795, y el juez federal Enrique Cormick dictó una medida cautelar mediante la cual suspendió el decreto del Poder Ejecutivo que suspendía la aplicación de la norma hasta que el Congreso señalara las fuentes de financiamiento.
En ese contexto de conflicto con la Justicia, el Gobierno decidió enviar su propio proyecto de Financiamiento Universitario con pautas de recomposición salarial mucho más exiguas que las presentes en la norma 27.795 votada por la oposición.
Esto es así porque el proyecto que busca consagrar el oficialismo recupera el salario real perdido por los trabajadores docentes y no docentes de establecimientos universitarios durante el 2025, pero convalida el recorte fenomenal que hubo en el 2024.
En el texto enviado al Congreso, el Poder Ejecutivo explica esta intención con un eufemismo para disimular el ajuste: allí afirma que el objetivo de la norma propuesta es “armonizar las necesidades de financiamiento de las Universidades Nacionales” con “las reales posibilidades de financiamiento”.
Discapacidad
Con la ley de emergencia en Discapacidad, el dilema es el mismo: el Gobierno no quiere asumir el costo fiscal de la ley sancionada y luego insistida con más de dos tercios de los votos para voltear el veto presidencial.
El Gobierno promulgó la ley pero suspendió su implementación, lo que desencadenó un nuevo fallo en contra de la Justicia, en este caso del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que en diciembre del 2025 declaró inválida la suspensión.
En medio de este atolladero judicial, el oficialismo busca salir por arriba del laberinto aprobando una ley que establezca criterios más estrictos para el otorgamiento del Certificado Único de Discapacidad.
“Las leyes que sacó la oposición el año pasado de universidades y discapacidad tenían fines netamente electorales. Con la de discapacidad pretendían incorporar a un millón y medio de personas al sistema en un año y pico. Una locura”, consideró un encumbrado diputado de La Libertad Avanza al que la Agencia NA tuvo acceso.
Ley de Salud Mental
En el cercano horizonte también se recorta el debate de una actualización de la Ley de Salud Mental, iniciativa que según señalaron las fuentes consultadas comenzará su recorrido en el Senado.
El anuncio fue realizado la semana pasada por el alicaído jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien en medio del escándalo judicial que lo compromete decidió reemplazar sus tradicionales conferencias de prensa en la Casa Rosada por escuetos comunicados en su cuenta de la red social X.
Con la redacción propuesta, la internación de pacientes con graves trastornos mentales continuará siendo un recurso excepcional, pero los psiquiatras podrán decidir una “internación involuntaria”, que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario.
En internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad y, de estar afectada, podrá transformarse en involuntaria con notificación a la Justicia.
En otro pasaje del proyecto, la iniciativa propone fortalecer la red de atención en salud mental, con hospitales especializados, en detrimento a la ley vigente que impulsa el cierre de hospitales psiquiátricos.
Ley de Patentes
La Cámara de Diputados tenía todo listo para avanzar este martes de manera exprés con el dictamen del proyecto de adhesión argentina a un tratado de cooperación internacional en materia de patentes, un compromiso asumido con Estados Unidos, que el Congreso tenía que tener aprobado antes del 30 de abril.
Sin embargo, el plenario de comisiones se cayó abruptamente producto del intenso lobby de los laboratorios nacionales que no quieren que el Gobierno de Milei quite las protecciones de propiedad intelectual que la gestión de Cristina Kirchner había establecido y que los beneficiaba frente a la competencia extranjera.
En un fuerte comunicado, las cámaras de laboratorios CILFA y Cooperala señalaron que «la aprobación configurará la cesión de soberanía en políticas de propiedad intelectual».
Sobre los plazos para reimpulsar el tratamiento, las fuentes del oficialismo consultadas señalaron que “es un tema de Cancillería que tiene que avisar cuando lo tenga cerrado”.
“No llegamos al 30 de abril”, confesaron, y de alguna manera le endilgaron la culpa a la cartera liderada por Pablo Quirno, que fue la que “pidió la postergación” del tratamiento de la iniciativa en la Cámara de Diputados.
Reforma electoral
Si bien trascendió que la redacción del proyecto de modificación electoral y del régimen de los partidos políticos ya estaba cerrado y que solo restaba la firma de la secretaría de Legal y Técnica, desde el oficialismo señalaron que el contenido de la ley todavía está en discusión, ya que se está midiendo qué tipo de reformas tendrían aceptación en el Congreso y cuáles no.
En este marco, la propuesta del Poder Ejecutivo para eliminar las PASO está perdiendo chances mientras suben las acciones para volver a suspender este sistema de primarias obligatorias en el 2027, tal como sucedió en el 2025.
“Está chivo, es difícil”, admiten las fuentes libertarias, que ni siquiera tienen la garantía de apoyo de sus propios aliados.
Un socio natural como el PRO y el sector más «peluca» de la UCR necesitan el mecanismo de las PASO para resolver sus propias internas, de la misma forma que el peronismo y Provincias Unidas.
“Nosotros estamos interesados en sacarle el peso de la espalda de la gente que se tiene que bancar internas partidarias y pagarlas con sus impuestos. Pero la veo difícil”, reconocieron.
