La Justicia federal de Lomas de Zamora ejecutó en las últimas horas un allanamiento en las oficinas de Fernando Julián Martínez, director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en el marco de una investigación por presuntos vínculos espurios con empresas proveedoras de alimentos en mal estado para los detenidos.
La medida, ordenada por el juez Federico Villena, surge tras sospecharse que el SPF permitió una «cartelización» del servicio de alimentación en la cárcel de Ezeiza, utilizando empresas pantalla para evadir sanciones judiciales previas.
El procedimiento estuvo marcado por una fuerte tensión cuando Martínez intentó eludir el secuestro de su teléfono móvil. Según fuentes del caso, el funcionario entregó inicialmente un aparato viejo en desuso y, al ser intimado por el celular que utiliza habitualmente, adujo haberlo «extraviado» esa misma mañana.
Sin embargo, un informe técnico reveló que la última señal del dispositivo «perdido» impactó en una antena de Barracas apenas una hora antes del allanamiento, lo que hace sospechar al magistrado que Martínez recibió una filtración y destruyó el aparato para ocultar pruebas.
La causa tiene su origen en denuncias por alimentos en mal estado en el penal de Ezeiza, donde peritajes de la ANMAT confirmaron la presencia de bacterias como Escherichia coli en niveles no aptos para el consumo humano.
Tras prohibirle a la empresa Foodrush seguir operando, el juez detectó que la nueva prestataria, Bio Limp, utilizaba los mismos camiones, empleados y hasta facturaba millonarias sumas a la firma sancionada, funcionando presuntamente como una fachada. Villena llegó a probar personalmente el alimento en la cárcel, tras lo cual sufrió una descompensación que describió como un cuadro «vomitivo».
Vínculos y trasfondo político
Fernando Martínez asumió la dirección del SPF en marzo de 2024, tras ser nombrado por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Bajo su gestión, la fuerza pasó de la órbita del Ministerio de Justicia a la de Seguridad en diciembre de 2023.
Otro dato que llamó la atención de los investigadores es que el director del servicio se movilizaba en una camioneta secuestrada a nombre de Enrique “Quique” Antequera, uno de los referentes de la feria La Salada que se encuentra prófugo de la Justicia.
Pese a que la fiscal Cecilia Incardona pidió la nulidad del operativo, Villena cuenta con el respaldo de la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien manifestó su predisposición para colaborar con la investigación que busca desarticular lo que el juez define como «mafias enquistadas hace muchos años» en el sistema penitenciario.
