Al cumplirse un año de la condena que derivó en su prisión domiciliaria por la causa Vialidad, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, volvió a aparecer este miércoles en el balcón de su domicilio del barrio porteño de Constitución para saludar a militantes y dirigentes que se congregaron en el lugar.
La jornada estuvo marcada por una serie de actividades impulsadas por La Cámpora, junto a organizaciones sociales, sindicales y políticas, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en distintos puntos del país. Las convocatorias tuvieron como eje el reclamo por la situación judicial de la ex mandataria y cuestionamientos al proceso que derivó en su condena.
En la puerta de la vivienda ubicada sobre la calle San José, los manifestantes realizaron una radio abierta organizada por sindicatos y espacios políticos. La concentración frente al domicilio de la ex presidenta incluyó banderas, cánticos y expresiones de respaldo por parte de militantes que permanecieron durante gran parte de la jornada en las inmediaciones del lugar.
Las actividades no se limitaron a la Ciudad de Buenos Aires. También se desarrollaron encuentros militantes y actos políticos en provincias como Catamarca, Chaco, San Juan y Chubut, además de numerosas localidades de la provincia de Buenos Aires. Según los organizadores, las convocatorias buscaron vincular la situación judicial de Cristina Kirchner con el debate sobre la actualidad económica y social del país.
Legisladores cuestionaron la prisión domiciliaria
En paralelo, diputados y senadores de Unión por la Patria brindaron una conferencia de prensa en el Congreso de la Nación para expresar su rechazo a las condiciones de detención de la ex mandataria.
Durante la actividad, Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, sostuvo que existe una situación de «arbitrariedad» y «proscripción» en torno a la figura de Cristina Kirchner.
Los legisladores también informaron el envío de una presentación dirigida a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de la Magistratura para solicitar una revisión de la situación judicial de la ex presidenta.
Las universidades y el Gobierno alcanzaron un acuerdo salarial y de financiamiento
