La agenda legislativa del Gobierno cobrará impulso este miércoles con una serie de plenarios en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará avanzar con cuatro proyectos considerados prioritarios para la gestión. El objetivo es conseguir dictamen para dos de las iniciativas y dejar encaminado su tratamiento en el recinto antes de fin de mes.
Entre los temas centrales figuran el proyecto que avala el acuerdo de pago con dos fondos de inversión que mantenían litigios con la Argentina y el Súper Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (Súper RIGI), orientado a atraer inversiones de gran escala en industrias de alta tecnología.
Los proyectos que impulsa el oficialismo
La actividad comenzará con el tratamiento del acuerdo para cancelar una deuda de US$ 171 millones con dos fondos acreedores. La iniciativa ya obtuvo media sanción en el Senado y el Gobierno busca convertirla en ley antes del 30 de junio, plazo previsto en el entendimiento alcanzado entre las partes.
Más tarde continuará el debate del Súper RIGI, un régimen que propone beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos vinculados con sectores estratégicos como la producción de baterías, hidrógeno verde, inteligencia artificial, semiconductores y reactores nucleares de pequeña y mediana escala. Para acceder al esquema se requerirá una inversión mínima de US$ 1.000 millones y se otorgará estabilidad fiscal, cambiaria y aduanera por 30 años.
La jornada también incluirá el tratamiento de la ley de gestión de intereses (lobby), que busca regular la relación entre funcionarios y representantes de intereses privados mediante un registro público, y de la Ley de Inocencia Fiscal, otro de los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo.
La Iglesia rechazó el proyecto sobre propiedad privada
En paralelo, la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Cáritas Argentina y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) difundieron una carta abierta en la que pidieron al Congreso rechazar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno.
Las organizaciones sostuvieron que la iniciativa podría afectar la soberanía sobre los recursos naturales y el derecho de los pueblos a la autodeterminación. «Creemos que atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse», señalaron.
Entre sus cuestionamientos, advirtieron que el proyecto elimina restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros, incluso en zonas vinculadas con reservas de agua, y flexibiliza normas sobre terrenos afectados por incendios forestales, lo que, según afirmaron, podría favorecer la especulación inmobiliaria. Además, sostuvieron que la propuesta debilita la capacidad del Estado para administrar el territorio y reclamaron que los legisladores prioricen el bien común y el acceso a una vivienda digna.
El Senado busca avanzar con la Ley Hojarasca
En paralelo, el Senado intentará emitir dictamen sobre la denominada Ley Hojarasca, una iniciativa que propone derogar unas 70 normas consideradas obsoletas o sin aplicación práctica, muchas de ellas sancionadas durante gobiernos militares o que quedaron desactualizadas por los cambios tecnológicos. El oficialismo aspira a obtener el despacho sin modificaciones para convertir el proyecto en ley antes de fin de mes.
El oficialismo busca evitar la interpelación a Adorni en medio de nuevas denuncias
