El oficialismo está quemando naves en la Cámara de Diputados para detener la ofensiva opositora para restituir la Ley de Tierras, que podría implicar la caída del DNU 70/2023, que constituye nada menos que el andamiaje legal del modelo de país del gobierno de Javier Milei.
Por eso, mientras intenta dejar sin quórum la sesión del jueves próximo –pedida por la oposición para voltear el megadecreto-, el oficialismo analiza cómo reintroducir la Ley de Tierras en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, al tiempo que negocia cambios en el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional y el proyecto de Presupuesto 2027 para seducir a los blosques dialoguistas, a quienes prometió abrir el recinto de la Cámara baja el 21 de octubre para tratar un temario que también incluiría las leyes de Discapacidad y sobreendeudamiento familiar.
La reintroducción de la Ley de Tierras
La estrategia que el evalúa el Gobierno para ganarse el favor de los dialoguistas sería reintroducir restricciones a la compraventa de tierras rurales en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que vino con media sanción del Senado.
El oficialismo convocó de hecho para el próximo miércoles 14 de octubre en la Cámara de Diputados a una reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para comenzar a debatir el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La reunión tendrá un importante impacto político porque los libertarios y sus aliados acordaron que allí se incluirá un capítulo que vuelva a introducir límites a la venta de tierras a extranjeros.
La fecha de la convocatoria no es casual: será un día antes de la sesión especial que pidió la oposición para tratar la derogación del mega DNU 70/23. Con esta maniobra buscan facilitarle una salida elegante a los bloques aliados que rechazan la venta de tierras sin límites pero no desean derogar por completo el decreto que desreguló amplios sectores de la economía.
La estrategia implica resucitar la Ley de Tierras a cambio de dejar a salvo el resto del DNU 70/23, que afecta muchos otros intereses económicos y su derogación sería considerada como una catástrofe para el Gobierno, por la cantidad de ámbitos de la economía que afectaría.
Una cumbre en Diputados
La estrategia oficial se mencionó en una reunión que los máximos referentes de LLA mantuvieron en la noche de este miércoles en el Salón de Honor de la Cámara de Diputados con los bloques dialoguistas, quienes preguntaron y repreguntaron hasta el cansancio sobre qué hará el oficialismo con la Ley de Tierras.
Si bien no hubo una respuesta concluyente, sí adelantaron la propuesta de reintroducir límites a la venta de tierras en la ley de Propiedad Privada, aunque no dieron más detalles al respecto.
Algunos diputados del arco dialoguista que participaron de la reunión adelantan que lo “más probable” es que se restituya el límite de 15% para la venta de tierras provinciales y municipales a extranjeros, tal como establecía la ley original que quedó derogada por el DNU 70/23.
No obstante, desde LLA los tratan con desdén: «Algunos de ellos están más preocupados que nosotros de que no se caiga el DNU«, chicaneó una importante diputada libertaria al ser consultada sobre el asunto.
Ocurre que el megadecreto eliminó una amplia gama de regulaciones sobre el comercio, el transporte, el mercado laboral, el sector de salud y el sector inmobiliario, entre muchos otros. Por ejemplo, derogó las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y de Alquileres; liberó las tasas bancarias y las cuotas de las prepagas; y desreguló el mercado aéreo y la venta de tierras. Justamente por la cantidad de sectores afectados, desde el oficialismo advirtieron que la derogación total del DNU 70 generaría “un caos administrativo y procesal”.
La oposición se prepara
Con una semana por delante para la convocatoria, la oposición sabe que las cartas no la favorecen y que las perspectivas de abrir la sesión se van cayendo a medida que pasa el tiempo.
No obstante, en Unión por la Patria y el entramado opositor que lo acompaña se mantiene la decisión de insistir en el recinto con el objetivo de poner blanco sobre negro respecto a quiénes son los diputados que defienden la Ley de Tierras y quienes no. El famoso «principio de revelación» que puso de moda el presidente Javier Milei.
«El que se siente a dar quórum es porque quiere rechazar el DNU 70/23. El año pasado habían 10 de los aliados nuestros que estaban inseguros de que nos iban a acompañar con el rechazo y por eso dimos marcha atrás», explicó un diputado nacional del peronismo.
La oposición cuenta además con la quinta marcha federal por la universidad pública que se realizará el mismo jueves 15 y unirá los reclamos por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario con la defensa de la Ley de Tierras y el sostenimiento del sistema de Discapacidad. Todos esperan que sea masiva y una nueva muestra contundente de rechazo al Gobierno que puede presionar a los diputados indecisos a decidirse por respaldar a la oposición.
El rol de la Corte Suprema
De todos modos, el gobierno cuenta con otro as bajo la manga: sabe que podría caer de un momento a otro una resolución de la Corte Suprema restituir la Ley de Tierras a partir de un planteo de la Asociación Civil Árbol de Pie y solucionar el conflicto abierto por el propio tribunal con su fallo contra la suspensión de la norma, que desató todo este embrollo.
El máximo tribunal dio en las últimas horas un fuerte gesto al respecto: acortó los plazos legales en el caso que ahora tiene a estudio y, en 24 horas, quedaría en condiciones de dar a conocer una decisión.
El expediente que tiene para resolver el máximo tribunal incluye un pedido de medida cautelar; si la concede, pondría nuevamente en vigencia restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros. Implicaría revertir los efectos que tuvo su propio fallo del martes de la semana pasada, cuando revocó una sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto 70/23, de Javier Milei, que derogó entera la Ley de Tierras.
El fallo desató una ola de críticas y de creciente malestar social que puede impactar en el Gobierno, lo que hizo que el máximo tribunal volviera sobre sus pasos: decidió tratar una petición de “aclaratoria” formulada por la ONG ambientalista Árbol de Pie, dos comunidades indígenas (Lafkenche y Lof Fcta Anecon) y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda.
Los demandantes buscan precisar si el fallo emitido la semana pasada, que invalidó un amparo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim) por falta de legitimación procesal, alcanza también al amparo colectivo que ellos impulsan para frenar la derogación del régimen de tierras contenida en el citado artículo 154 del DNU de Milei.
Sin embargo, los tres jueces de la Corte ahora no están de acuerdo en cómo seguir y, como sin tres votos no hay fallo posible, el martes convocaron a dos conjueces. Según trascendió, Carlos Rosenkrantz no está dispuesto a revertir la decisión previa, mientras que Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti sí estarían dispuestos a dictar una cautelar que restituya la Ley de Tierras. Según cómo resuelvan la disputa los conjueces Diego Barroetaveña (camarista de Casación) y Juan Ignacio Pérez Curci (de la Cámara Federal de Mendoza), algo que se podría producir en las próximas horas del viernes, se verá si el máximo tribunal puede cerrar el conflicto que él mismo abrió.
Negociación a varias puntas
Más allá de la Ley de Tierras, el oficialismo redobla las negociaciones con los aliados por otras vías: ceder cambios en la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y garantías para modificar las partidas presupuestarias para el sector de Discapacidad, universidades nacionales y obras públicas en el debate del Presupuesto 2027, para garantizarse su respaldo contra la movida opositora.
En el cónclave se confirmó que el martes 13 será el puntapié inicial de la discusión del Presupuesto 2027, y el objetivo del oficialismo es dictaminar antes de la visita del Papa León XIV en noviembre.
Sobre el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, hay una exigencia concreta de aliados y dialoguistas de borrar de la redacción el artículo 111, que establece una escala de penas de prisión «para quien, actuando por cuenta, orden o financiamiento (total o parcial) de entidades u organismos extranjeros, realice acciones destinadas a alterar procesos electorales o el normal funcionamiento de las instituciones democráticas; manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva; y promover o financiar actos de violencia, sabotaje o alteraciones graves del orden público dirigidas a desestabilizar la seguridad interior o las instituciones del Estado».
Desde la oposición alegan que ese artículo, que resulta coherente con la prédica incendiaria cotidiana de Milei contra los medios de comunicación, es una amenaza real contra el propio trabajo periodístico, fomentando la autocensura y la persecución a la crítica legítima.
Los cuestionamientos al proyecto también apuntan a la excesiva concentración de poder en manos del Poder Ejecutivo a través del Consejo de Seguridad Nacional, los protoclos para el derribo de aeronaves y hundimiento de buques, y la falta de precisión técnica sobre los criterios para definir una «amenaza externa» o una «actividad terrorista», pudiendo ser utilizadas como pretexto para reprimir la disidencia interna.
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