La Secretaría de Energía y la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Nación ratificaron ante la Justicia Federal de Río Grande que las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum no poseen autorizaciones argentinas para explorar hidrocarburos en las Islas Malvinas.
La presentación oficial responde a los requerimientos de la jueza Mariel Borruto, quien ordenó frenar el megaproyecto petrolero «León Marino» (Sea Lion) tras una demanda por presunto daño ambiental e infracción a la Ley N° 17.319. El Gobierno nacional advirtió además que ambas compañías extranjeras enfrentan sanciones e inhabilitaciones de hasta 20 años para operar en todo el territorio argentino.
Sin licencias argentinas ni evaluación ambiental
El Poder Ejecutivo formalizó su postura en la causa tramitada en la provincia de Tierra del Fuego, iniciada a partir de las denuncias formuladas por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.
Según detalló la resolución judicial, «ninguna de las empresas referidas resulta titular de permisos de exploración y/o concesiones de explotación otorgados por la autoridad competente argentina».
A esta falta de permisos se suma que las compañías de origen británico e israelí tampoco iniciaron ante el Estado nacional los procesos correspondientes para obtener evaluaciones de impacto ambiental sobre la Plataforma Continental Argentina.
«La incertidumbre existente acerca de la totalidad de las consecuencias ambientales del proyecto no aparece aislada, sino vinculada con una actividad hidrocarburífera de gran escala», sostuvo la jueza Borruto en el fallo que dispuso la suspensión precautoria de los trabajos offshore.
Inhabilitación por 20 años para operar en el país
Junto con el informe sobre la falta de habilitación, las autoridades de la Secretaría de Energía notificaron al tribunal que ambas corporaciones arrastran sanciones administrativas severas por realizar actividades no autorizadas en zonas marítimas bajo soberanía argentina. La medida implica la inhabilitación para ejercer actividades comerciales o de extracción en el país por un período de dos décadas.
Las sanciones que pesan sobre las operadoras del proyecto «León Marino» fueron adoptadas en gestiones anteriores mediante resoluciones de la Secretaría de Energía. La firma israelí Navitas fue inhabilitada en abril de 2022 durante la gestión de Darío Martínez, mientras que la británica Rockhopper mantiene una sanción idéntica dispuesta en 2013 bajo el mandato de Daniel Cameron.
Un conflicto por el proyecto «León Marino»
Pese a la cautelar notificada por la Justicia argentina y las medidas inhibitorias dispuestas desde Buenos Aires, los directivos de ambas firmas expresaron públicamente que prevén continuar con los planes de exploración en el archipiélago. Ambas corporaciones argumentan que cuentan con los permisos expedidos por las autoridades ilegítimas de las islas y por el gobierno del Reino Unido.
El Gobierno nacional ratificó que impulsará acciones penales e intimaciones si se detecta la continuidad de las tareas sobre la cuenca. Mientras tanto, la Justicia avanza en el trámite de las notificaciones hacia el exterior para hacer efectiva la medida cautelar que exige paralizar de inmediato el proyecto offshore en el Atlántico Sur.
