Una protesta pacífica de comunidades mapuches en la provincia de Río Negro terminó con un violento operativo de desalojo y denuncias penales por parte del Gobierno provincial. Los manifestantes reclamaban la personería jurídica que, aseguran, les corresponde como pueblos originarios y que les había sido previamente prometida por la administración del gobernador Rolando Figueroa.
La manifestación había comenzado el pasado miércoles, cuando referentes del Pueblo Mapuche decidieron encadenarse a las rejas de la Casa de Gobierno provincial en señal de protesta por la negativa oficial a reconocer su personería jurídica, pese a haber presentado toda la documentación exigida por ley. Sin embargo, en lugar de avanzar en el reconocimiento, el Ejecutivo provincial respondió con una denuncia penal contra los manifestantes.
Este sábado, los activistas fueron desalojados por las fuerzas de seguridad y varios de ellos detenidos, aunque recuperaron la libertad pocas horas después.
En diálogo con Orlando Carriqueo, vocero del Pueblo Mapuche en Río Negro, advirtió que la negativa del Gobierno está directamente vinculada con la disputa territorial en la zona de Vaca Muerta. “El Gobierno de Neuquén se arroga el derecho de decidir quién es o no una comunidad mapuche, lo cual es inconstitucional y viola tratados internacionales”, denunció.
Carriqueo también cuestionó el accionar de las autoridades y sostuvo que “antes de cumplir con su obligación legal, ordenaron un desalojo violento y promovieron un cerco mediático para invisibilizar la situación”. A esto se suman recientes movimientos sísmicos registrados en Vaca Muerta, que, según denunció el vocero, pusieron en riesgo tanto a las comunidades originarias como a la población en general.
Ante esta escalada del conflicto, la Confederación Mapuche de Neuquén anunció que mantendrá una reunión con distintas organizaciones el próximo martes 22, donde se evaluarán los pasos a seguir tras los acontecimientos de este fin de semana.
